18/05/2008

Naciones, nacionalismo y humanismo

Naciones

No existe una definición unívoca del concepto de nación. No obstante, sociólogos, juristas y políticos convienen en que se trata de una comunidad humana cuyos miembros comparten un cierto patrimonio histórico y cultural común sobre el que articulan lazos afectivos y de solidaridad. También dirían que es una identidad colectiva que no todos los seres humanos experimentan de igual modo o con el mismo entusiasmo. Así, por ejemplo, mientras que unos se consideran simultáneamente de varias naciones, otros estiman aberrante tal posibilidad.

Ese sentimiento de pertenencia a una nación y, los consiguientes lazos de solidaridad que se establecen entre las personas que comparten identidad nacional han propiciado el desarrollo de las comunidades humanas y han dado protección y seguridad a las personas frente a los azares del destino. Por otra parte, la multiplicidad de naciones y la evolución histórica de los sentimientos nacionales son muestras de la rica diversidad de nuestra especie.


Nacionalismos

En los siglos pasados, junto con la construcción teórica del siempre inacabado concepto de nación, surgieron también los nacionalismos políticos. Es decir, esas ideologías que preconizan el derecho de las naciones a constituir una comunidad política con instituciones y territorio propio, esto es, un Estado.

La ideología nacionalista se extendió con rapidez e impregnó buena parte del pensamiento político de los últimos siglos.

Un pensamiento que revolucionó los fundamentos de la organización política, que hasta entonces giraban en torno a la figura del monarca y no del pueblo, y que dotó de sustento ideológico a los movimientos anticoloniales y a la lucha antiimperialista de los dos siglos pasados, actuó también como cimiento ideológico del fascismo y del nacionalsocialismo.


Estado y nación

Tanto éxito tuvo el pensamiento nacionalista que, muy pronto, se pasó de considerar al Estado como la realización del máximo anhelo de una nación, a considerar la nación como la condición imprescindible para constituir un estado. De tal modo fueron las cosas que, en lenguaje vulgar, nación y Estado se convirtieron en términos sinónimos y, la identificación entre ambos conceptos es considerada por amplias capas de la población como algo tan real, cierto e inmutable como que el Sol salga por Levante.

Ahora bien, nada más distante de la realidad que esa identificación entre Estado y nación. Mientras que el Estado de asienta en un conjunto de normas e instituciones, la nación lo hace en un sentimiento de pertenencia que es experimentado de manera singular por cada uno de sus integrantes.

No suelen confundir ambos conceptos quienes sintiéndose, por ejemplo, tibetanos, navajos, chechenos u occitanos, son, a efectos legales, chinos, estadounidenses, rusos o franceses.


Nacionalismo y violencia

Por lo anterior, la pretensión de asentar la nación sobre un territorio, uniformizar culturalmente a los habitantes de ese territorio y regir sus destinos con instituciones con “sabor nacional” provocó, desde el primer momento, conflictos de toda índole con quienes, aún residiendo en el territorio del Estado, no se sentían identificados con la nación dominante.

Para constituir los actuales estados-nación fue necesario reprimir las expresiones propias de muchas culturas. En ocasiones, para justificar la ausencia de patrimonio histórico compartido, se habló de “jóvenes naciones con un destino común” aunque ello supusiera que en las mismas tierras donde las “jóvenes naciones” estaban constituyendo sus estados, existían naciones muy antiguas cuyas lenguas fueron proscritas, sus instituciones disueltas o sus miembros confinados. En otras ocasiones, la competencia entre distintos grupos nacionalistas llevó a enaltecer la nación propia en detrimento de las que competían por el mismo territorio, manipulando y reinterpretando la historia de modo tal que quedara acreditada que la nación propia era un hecho histórico indiscutible con lengua, cultura y héroes ancestrales, mientras que la ajena no era una nación sino una simple horda de provincianos brutos o de salvajes sin civilizar. Ello daba argumentos para las políticas de asimilación cultural y lingüística.

Como resultado de esta batalla entre naciones, las más débiles quedaron sin Estado y, en consecuencia, sus miembros son ciudadanos de estados que, en el mejor de los casos, ignoran sus singularidades y, en el peor, las combaten.
Para el humanismo, es violenta toda facción que aspire a que el gobierno de un territorio se haga con las instituciones, criterios, valores y costumbres propias de sólo una parte de sus habitantes.


Nacionalismos modernos

Es bien cierto que, frente a los fascismos e imperialismos del siglo XX, en los tiempos más recientes muchas corrientes nacionalistas suelen manifestar un mayor grado de tolerancia y respeto hacia la lengua, costumbres e historia de las otras naciones con las que comparten territorio; ahora bien, no es tolerancia lo que se requiere sino rechazo a la discriminación y a la imposición de una cultura o una lengua, asumiendo la diversidad como un valor y no como una lacra.

Pudiera parecer diferente el llamado nacionalismo banal, estos es, ese nacionalismo que, inconscientemente y a modo de creencia orteguiana, ha venido a instalarse como realidad indiscutible en el pensamiento de mucha gente. Ahora bien, ello no es cierto; en ese nacionalismo asumido como verdad absoluta, anida la discriminación del diferente y el afán de apropiación del todo social.

En ocasiones, los nuevos nacionalismos afirman estar dispuestos –en un aparente gesto de generosidad- a asumir como miembro de la nación a cualquier residente en el territorio que se atribuyen como propio, desconociendo que, en numerosas ocasiones, dicho territorio es ya considerado por esos residentes como parte de otra nación.


Los nacionalismos centrífugos

La violencia engendra violencia, y la violencia nacionalista engendra violencia nacionalista. El nacionalismo centrípeto de los estados-nación ha sido un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de los nacionalismos centrífugos en las naciones sin estado.

Ahora bien, cada vez que uno de esos nacionalismos centrífugos alcanza una brizna de poder se reproduce el esquema nacionalista. La obra de teatro representada es la misma, pero con nuevo reparto de papeles.


La aspiración humanista

La reivindicación de aquellos que perciben a sus instituciones políticas, estatales o subestatales, como indiferentes cuando no beligerantes con sus sentimientos nacionales debe ser comprendida y asumida por los humanistas como una reivindicación propia. Los humanistas no desean un mundo uniforme sino múltiple.

De igual modo que en muchos países la secularización del Estado ha permitido que las creencias religiosas no se erijan en barrera entre las personas y sus instituciones, la “desnacionalización” del Estado, permitiría que todo ser humano, fuera cual fuese su filiación nacional, pudiera sentir las instituciones de su país como propias. La razón de ser de las instituciones políticas está en el bienestar de las personas sobre las que influyen, con independencia de su cultura, lengua, costumbres e historia. Unas instituciones políticas cuyo objetivo fuera la exaltación de uno solo de los sentimientos nacionales, por más que se tratara del mayoritario entrarían de lleno en el campo del antihumanismo y, con mayor razón, cuando eso se hiciera en desmedro de las minorías.

Los humanistas alientan la descentralización política, esto es, el acercamiento de la toma de decisiones a aquellos a los que afectan. En ese sentido, aunque con distinto fundamento ideológico, los humanistas suelen converger con los nacionalismos centrífugos en la demanda de mayores cotas de autogobierno para ciertos territorios.
En todo caso, los humanistas insisten en profundizar en la descentralización hasta alcanzar el ámbito municipal. Los humanistas no prestan su apoyo a políticas de homogeneización cultural o lingüística, por más que la lengua o cultura que se pretenda potenciar haya sido objeto de represión en el pasado. La libertad de un ser humano actual no puede ser avasallada bajo el pretexto de devolver a una lengua o una cultura el esplendor arrebatado en acontecimientos históricos, por más sombríos e injustos que fueran éstos. Toda forma de discriminación, manifiesta o larvada, es motivo de denuncia para los humanistas.

Lo humanistas afirman que la apropiación del todo social por una parte, sea esta parte una clase social, los fieles de una confesión religiosa, los miembros de una nación o los habitantes de un territorio, es un acto de violencia. En ese sentido, no todas las decisiones pueden ser tomadas de modo descentralizado. Los humanistas respaldan la creación de estructuras políticas federales que corresponsabilicen a los habitantes de los distintos lugares en aquellas decisiones que deban ser adoptadas de modo compartido.

Los humanistas son internacionalistas. Abogan por la cooperación de las instituciones políticas, las naciones y los pueblos en organizaciones regionales y mundiales con atribuciones suficientes para garantizar la eficacia universal de los Derechos Humanos.

Los humanistas constatan como en el corazón de numerosas personas toma forma una aspiración: la nación humana universal. La mirada del ser humano común del siglo XXI no es la del ser humano común del siglo XVIII. Hoy día, no resulta extraño hablar de una identidad nacional común a toda la especie. Hoy ya se puede hablar de una nación humana universal. Una gran nación para todos los seres humanos de ayer, hoy y, sobre todo, mañana. Una nación donde sus mitos son esas mujeres y hombres que han hecho algo grande por la humanidad. Una nación con una historia común comprendida como fenómenos locales concomitantes operando en una misma dirección: la de la superación del dolor y el sufrimiento. Una nación con unos valores comunes: los Derechos Humanos. Una nación que no requiere de la confrontación con otras para afirmarse, sino que preserva la diversidad como el más valioso de los tesoros.
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27/04/2008

Amenazada la revolución no-violenta de Bolivia

En 2006, el pueblo de Bolivia habló en las urnas y optó por una transformación profunda de las estructuras económicas y políticas del país. El cambio que se fraguaba en Bolivia fue simbolizado por la figura un cocalero indígena, Evo Morales, desempeñando la primera magistratura del país.

Esa decisión popular no fue del gusto de las oligarquías que tradicionalmente habían gobernado el país. Tampoco satisfizo a los Estados Unidos que ven inquietos estos alborotos revolucionarios en su “patio trasero”. El descontento alcanzó también a las multinacionales petroleras –Repsol YPF, entre otras- cuyas cuotas de participación en las ganancias derivadas de la explotación del gas boliviano se han reducido sensiblemente.

Desde el mismo día en que Evo Morales fue elegido, sus adversarios no han abandonado, ni por un momento, su empeño de derrocarle o, cuando menos, frustrar sus planes de democratización y distribución equitativa de la riqueza del país.

El último lance de esta indecente batalla toma la forma de una aparentemente espontánea pulsión autonomista en aquellos departamentos en los que, además de ubicarse los mayores yacimientos de gas y tener un mayor grado de desarrollo económico, el apoyo con que cuenta el Presidente Morales es inferior. Los enemigos de la revolución humanista y no-violenta impulsada por Evo, bajo la apariencia de nobles aspiraciones descentralizadoras, han convocado, al margen de todo procedimiento legal, un referéndum para sancionar un proyecto de Estatuto de Autonomía que, una vez pasada la declaración de lealtad a la República del preámbulo, toma aspecto de carta fundacional de un nuevo Estado. Como era de esperar, se atribuye al gobierno autonómico el “control y fiscalización” de la producción de hidrocarburos, cosa que, imaginamos, llenará de gozo a las multinacionales petroleras.

El referéndum está convocado, a pesar de la reprobación de la autoridad electoral, para el 4 de mayo. Es inédito que, en un país con un proyecto constitucional recién aprobado y sólo a falta de ser plebiscitado, una administración local, en una maniobra digna de un piloto de fórmula uno, se adelante y convoque su propio referéndum, pretendiendo apalancar para dicha administración local competencias que, de acuerdo a la Constitución del Estado, no pueden ser descentralizadas.

La democracia directa es el mejor instrumento para la adopción de decisiones colectivas, pero lo que en apariencia es una expresión democrática, no lo es, puesto que están siendo excluidos de la toma de decisión la mayoría de los afectados por ésta. No es democrático que unos pocos decidan sobre lo que es asunto de todos. Y, las reglas del juego de un país son asunto de todos sus habitantes. Y, los recursos naturales de un país son asunto de todos sus habitantes. Los cruceños por sí solos no pueden ni deben decidir sobre la estructura constitucional de Bolivia ni pueden atribuirse para sí competencias que son del conjunto de los bolivianos.

Los enemigos de la democracia y de la equidad social saben que con este ardid obstaculizan la aprobación de la nueva Constitución de Bolivia, que ya es reconocida como la más avanzada del mundo en materia de derechos humanos. E, incluso, con un poco de fortuna, podrían conseguir que sean sus mismos compinches los que controlen qué cantidad de gas extraen de los yacimientos bolivianos.

Los embajadores norteamericanos, los nuncios y los ejecutivos de las multinacionales siguen tratando de gobernar al mundo. Si antes buscaban sus peones entre los latinoamericanos que se formaban en la “Escuela de las Américas”, hoy los reclutan entre los alumnos aventajados de prestigiosas universidades privadas. Así son los golpes de estado del siglo XXI.

No es admisible seguir calificando de “asunto interno” un intento orquestado desde el exterior para violentar la voluntad de un pueblo. La comunidad internacional debe actuar. Y, el Gobierno de España debería asegurar, cuando menos, que los intereses de las multinacionales españolas en general, y de Repsol YPF en particular, no interfieren en la difícil situación que se está viviendo en Bolivia.

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14/04/2008

Matrimonio y católicos

Este artículo no lo escribí yo. Fue publicado en 2004 en Psicobyte (http://www.psicobyte.com/articulo/matrimonio_y_catolicos)

En línea con la actual relevancia social en torno a la modificación de la legislación española sobre los matrimonios, la postura de los católicos en ella, voy a exponer mi posición aquí, que para eso es mi blog:

Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos.

Me parece una injusticia y un error tratar de impedirselo.

El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.

Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de caracter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.

Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio del matrimonio.

Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestrucuturadas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familas católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.

Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruín de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.

Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.

Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".

Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bién es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor problabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.

Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.

En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitirseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.

Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.

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12/04/2008

El derecho a migrar


Dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio.

Es obvio que, para que este derecho sea efectivo, se requiere que quien trata de salir de un país sea admitido en otro en el que no se den las condiciones causantes de la expatriación, que habitualmente son la pobreza, la violencia física, la represión o la discriminación. Dicho en otros términos, para garantizar este derecho se requiere que la legislación del país de salida reconozca el derecho a emigrar y que la legislación del país de llegada reconozca el derecho a inmigrar. Si no se cumplen ambas condiciones, en esta materia, la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en papel mojado.

A los gobernantes de los países de la Unión Europea se les llena la boca cuando hablan de los Derechos Humanos pero, tanto la legislación comunitaria como las internas están concebidas para negar esos derechos a todos aquellos a los que el destino castigó con haber nacido en lugares de la Tierra donde la pobreza campa a sus anchas.

Mientras existió el bloque soviético, Europa Occidental exigía a los países de la otra Europa que autorizara la libre salida de sus ciudadanos. Cuando cayó el bloque, estos cínicos “defensores de los derechos humanos” se apresuraron a aprobar leyes que impidieran la entrada de aquellos que ya podían salir.

Fundamentan las leyes de extranjería en razones económicas, de orden público o de diferencias culturales. Son iguales a los que se oponían al fin de la esclavitud presagiando calamidades económicas por el encarecimiento de la mano de obra, graves desórdenes públicos causados por los libertos que no encontraran empleo e inespecíficos males morales derivados de igualar en derechos a blancos y negros. Algunos, de buena fe, alertaban sobre que la vida de muchos negros liberados empeoraría al dejar de tener garantizado el sustento. Nunca se produjeron los males morales presagiados, sino más bien al contrario. Ahora bien, la economía se resintió –especialmente la economía particular de algunos- al dejar de ser productivas muchas explotaciones agrícolas. También es cierto que la vida de muchos libertos empeoró con respecto a la situación anterior.

Sin embargo, por desastrosos que hubieran sido los resultados, casi nadie en su sano juicio pondría hoy en duda que la libertad de un ser humano no puede condicionarse a que eso sea bueno para la economía de un país. De igual modo, en esta época hemos de afirmar, que el derecho de todo ser humano a escapar de la miseria o cualquier otro tipo de injusticia no puede condicionarse a la conveniencia que ello tenga para los asuntos internos de un Estado o de una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea.

Se afirma que la Unión Europea no está preparada para soportar la presión derivada de la derogación de todas las leyes que restringen los flujos migratorios, pero se omite decir que nada se ha hecho y nada se hace para que esa realidad cambie.

El compromiso de las autoridades nacionales y comunitarias con los Derechos Humanos debería materializarse en planes concretos u “hojas de ruta” conducentes a la absoluta liberalización en breve plazo de la circulación y asentamiento de personas. Dichos planes han de prever tanto los cambios normativos como las acciones de gobierno orientadas a amortiguar el impacto social y económico del nuevo escenario. Por otra parte, la credibilidad de estas “hojas de ruta” va a depender del establecimiento de hitos intermedios verificables que representen avances sustanciales sobre la situación de partida.

Reconocer el derecho a migrar no es un mero acto de generosidad o de solidaridad de Europa y del resto de los países desarrollados. Es una obligación jurídica, nacida de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por las potencias europeas y lo único que cabría discutir sobre las obligaciones jurídicas de los Estados respecto a los derechos humanos es cómo y cuándo las cumplen.


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08/03/2008

Frente a la crueldad y la sinrazón, no-violencia

Ayer mataron a un hombre común. Su delito: haber sido concejal de su pueblo. No es la primera vez que asesinan, no es la primera vez que escogen a un individuo corriente, no es la primera vez que lo hacen con premeditación y alevosía. Aunque a diario ocurren hechos igual de crueles en todos los rincones del mundo, el acontecimiento se percibe más real cuanto más próximo o semejante sentimos a la víctima y, con ello, se hace más manifiesta la repugnancia que nos produce la violencia.

Han matado a un ser humano y han dificultado aún más el fin del sufrimiento. Y a los más violentos del otro lado, les ha faltado tiempo para vincular el hecho con los intentos de negociación con ETA y, así, desplegar su lenguaje más belicoso. Omiten decir que si el diálogo hubiera fructificado no tendríamos que seguir lamentando muertos.

Aunque la prudencia ha dominado las declaraciones de casi todos los partidos parlamentarios, algunos tememos que este asesinato desencadene una nueva involución en materia de derechos y libertades. Los indicios son peligrosos: Zapatero ha pasado de enorgullecerse de su compromiso con la paz a avergonzarse del diálogo con ETA y demostrar con ilegalizaciones de partidos, encarcelamientos por delitos de opinión y endurecimiento de las condiciones penitenciarias que puede ser tan “firme” como el PP en la “lucha contra el terrorismo”.

Desde luego que el Gobierno tiene el deber de localizar a los asesinos y ponerlos a disposición de los tribunales de justicia, pero también debe renunciar, por muchas que sean las presiones de los neofranquistas, a acciones violentas de toda índole –aunque sea una violencia de grado y calidad inferior a la de ETA- como es la negación del voto a un 10% de los vascos o el encarcelamiento de personas cuyo único delito es haber hecho uso de la libertad de expresión. Esas acciones gubernamentales no sólo son inmorales sino que están alejando más y más la legítima aspiración de todos a vivir en paz.

Frente a la crueldad y la sinrazón, no hay mejor respuesta que la no-violencia. El Gobierno que salga de las elecciones tiene el deber de apostar por iniciativas no-violentas como único modo posible de resolución definitiva del conflicto vasco.

En estos momentos de conmoción, cuando es fundamental no perder la calma, conviene recordar que, como dijera Gandhi, nada de lo obtenido con violencia podrá mantenerse sin ella. Añadiremos que la acciones violentas suelen ser causa y efecto de otras acciones violentas en lo que parece una espiral sin fin. Y que, sólo respuestas no-violentas permiten romper este círculo infernal.

Aquéllas son mis reflexiones. Mi corazón está con la familia de Isaías, con sus amigos, con sus paisanos y con sus compañeros de trabajo, partido y sindicato.

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28/02/2008

Por el artículo 23 o lo llaman democracia y no lo es

El pasado 6 de diciembre acudí a una lectura pública de la Constitución Española y llegué justamente cuando una joven leía el artículo 23, que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos.

Volví a casa y, emocionado, le conté a mi familia que España es un estado democrático dónde todos tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Llamé a muchos de mis compañeros del Partido Humanista y les leí una y otra vez el artículo 23 de la Constitución, el cual escuchaban con incredulidad.

Inmediatamente empezamos a idear como hacer que nuestros conciudadanos supieran que nos presentábamos a las elecciones y cuáles eran nuestras propuestas. Descubrimos que los mítines, la publicidad, las oficinas, etc. costaban mucho dinero, pero no sabíamos cuánto era razonable gastar en todo esto. A falta de mejores referencias, indagamos en los presupuestos del PSOE y del PP y averiguamos que gastarían unos 13 millones de euros y que ese dinero lo obtenían directamente del Estado. Calculamos que, en billetes de cincuenta euros, el paquete debía pesar por lo menos 250 kg, así que pedimos la furgoneta prestada a Paco y nos pusimos rumbo al Ministerio de Economía a recoger nuestros trece millones de euros para campaña electoral. Allí, Mayte les explicó que éramos los del Partido Humanista y que veníamos a por nuestros trece millones de euros y que, por favor, nos los dieran en billetes de cincuenta porque más grandes no te los cogen en ninguna parte. Cuál no sería nuestra sorpresa al descubrir que allí no tenían nuestro dinero ni lo habían tenido nunca. Al parecer, ese dinero sólo era para los que ya habían sacado escaños en ocasiones anteriores. Les protestamos diciendo que nos parecían unas condiciones de igualdad un poco raras esas de que unos empezaran la campaña con trece millones y otros sin nada, pero fueron infructuosos nuestros ruegos y súplicas. Hasta les explicamos que, si nunca nos daban el dinero, nunca podríamos salir electos y que esto era, como decían en mi casa, una pescadilla que se muerde la cola.

Paco, el de la furgoneta, mientras esperaba, además de recibir una multa, se leyó la ley electoral y descubrió que, según esa ley, los ayuntamientos cederían farolas para colgar carteles. Fue todo un consuelo. Pensamos que aunque no nos dieran el dinero, llenaríamos las farolas de la ciudad con nuestros lemas. Alegres, nos hicimos fotos (los más coquetos se las retocaron con el “photoshop”) y diseñamos carteles con atrevidos eslóganes. Cuando fuimos a la Junta Electoral a pedir información sobre las farolas en las que podríamos colgar nuestros carteles, nos preguntaron que a qué partido pertenecíamos y, cuando respondimos “humanistas”, en actitud condescendiente nos señalaron, sobre un plano, seis farolas que aún no recibían suministro eléctrico en un barrio con las casas desocupadas por carecer de cédula de habitabilidad. Víctor les recitó una y otra vez el artículo 23 de la Constitución y lo de las condiciones de igualdad, pero, en vista de que llevábamos el mismo camino que en el Ministerio de Economía, y antes de que volvieran a multar a Paco, nos encaminamos raudos al Ayuntamiento a preguntar cómo y cuándo podríamos colgar nuestros carteles en las farolas. Un funcionario encantador nos explicó que los carteles debían ser colgados por una empresa homologada, de acuerdo a un sistema de suspensión también homologado y que debíamos contratar un seguro de responsabilidad civil para la eventualidad de que las inclemencias meteorológicas provocaran la caída del cartel y éste dañara a algún transeúnte. Cuando le preguntamos al funcionario si sabía más o menos cuánto nos podría costar la broma, nos dio un susto tal que nos marchamos sin atrevernos a hacer más preguntas y sin mencionarle para nada el artículo 23 de la Constitución.

¿Existiría realmente el artículo 23 de la Constitución o era todo fruto de nuestros afiebrados sueños? Y andábamos tratando de dar respuesta a tan profunda cuestión, cuando supimos que se estaba fraguando el debate, o más bien, el padre de todos los debates en la hasta entonces desconocida Academia de la Televisión. Allá nos dirigimos, esta vez sin Paco, para pedir que me pusieran una silla y poder, en condiciones de igualdad, debatir con Rajoy y Zapatero. Nosotros teníamos mucho que decir. Estábamos seguros de que, si no íbamos, nadie defendería la derogación de la ley de extranjería o la necesidad de impulsar el desarme. De nada valieron los argumentos. Estaban todos demasiado preocupados acordando la temperatura del estudio, la distancia de las cámaras a los candidatos, el orden de intervención de Rajoy y Zapatero y otros asuntos de similar relevancia para la salud de nuestra joven democracia.
 
Mientras volvíamos a casa, Paco, que se nos estaba haciendo un experto en leyes, nos telefoneó para contarnos que, por haber presentado listas en casi todas las provincias, tendríamos derecho a veinte anuncios de treinta segundos en Televisión Española. Nos informó de que los grandes partidos tendrían noventa anuncios cada uno. La verdad es que éstas tampoco parecían “condiciones de igualdad”, pero tras la experiencia vivida en la Academia, recuperamos el ánimo al pensar que podríamos dirigirnos, aunque fuera por tan poco tiempo, a todos los ciudadanos desde la televisión pública.

Cuál no sería nuestra sorpresa cuando vamos recibiendo la información de los horarios en que los distintos partidos tendrían sus espacios gratuitos en la tele y, descubrimos que los noventa anuncios del PP y PSOE se emitirían con el telediario de la noche, cuando hay tres millones de telespectadores, mientras que nuestros veinte anuncios los colocarán de madrugada o en horario matinal mientras transmiten los concursos hípicos, cuando se espera que haya cuarenta y cinco mil personas viendo la tele. Cuando preguntamos por las “condiciones de igualdad” del artículo 23, nos explicaron que los partidos grandes eligen primero y después lo hacen los partidos pequeños. Repliqué que en casa de mis abuelos también los más mayores escogían comida de la fuente antes que los más jóvenes, pero que mis abuelos tenían la prudencia de poner suficientes piezas de comida para que nadie tuviera que conformarse con mojar pan en la salsa.

Estábamos al borde de tirar la toalla, cuando apareció Jordi, nuestro abogado de causas perdidas y hombre de fe inconmovible, y nos abrió nuevas puertas sugiriendo que debíamos depositar toda nuestra confianza en los jueces. Había estudiado la Constitución y, además de comprobar que el artículo 23 existía, había descubierto otro muy interesante: el 117. Decía este artículo que la justicia se administra por jueces independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. En vista de ello, decidimos acudir a los señores jueces de la Junta Electoral para pedirles anuncios en la tele en “condiciones de igualdad” con otros partidos, porque no veíamos manera de conseguir el millón y medio de votos que necesitaba para ser elegido Senador, si sólo cuarenta y cinco mil españoles se enteraban de que nos presentábamos.

Anteayer, Mayte, Jordi, Paco, Víctor y yo, esperábamos ansiosos, como concursantes de un reality show, la resolución de la Junta Electoral. Sonó el teléfono y, tras ello, el infernal pitido del telefax. Y esa fue nuestra penúltima decepción. El juez que preside la Junta Electoral firmaba una especie de sentencia colectiva en la que decía que se rechazaban a la vez todas las reclamaciones de todos los partidos referentes a los anuncios en televisión. La “sentencia colectiva” no decía nada del artículo 23 ni de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. La perplejidad se reflejaba en nuestros rostros, pero, como somos gente de natural optimista, aún encontramos dos motivos de celebración. Nos alegramos de la fortuna que tienen el resto de ciudadanos porque aún no se haya extendido la práctica de las “sentencias colectivas” a otros ámbitos de la justicia, porque, dependiendo de con quién te toque recibir sentencia lo mismo te caen 25 años por hurtar un pintalabios en El Corte Inglés. También nos alegramos de estar tratando con el Presidente de la Junta Electoral y no con el de la República Francesa, porque esté último, para provocarnos el mismo sentimiento de desprecio, nos habría dicho “piraos, pobres gilipollas”.

Y, con todo esto, los cinco evaluamos la experiencia y concluimos que aunque lo llamen democracia, no lo es, y que mentes muy perversas habían concebido todo este tinglado para que no haya modo de echar de la poltrona a la media docena de partidos que ya están instalados.

A pesar todo, hemos decidido que, con artículo 23 o sin artículo 23, lo seguiremos intentando. Lo haremos porque tanto los humanistas como muchos amigos de otras organizaciones que tampoco tienen cabida en esta “democracia” creemos que merece la pena mantener viva la llama de la esperanza en un mundo no violento, más justo, más humano. Nos podrán arrebatar nuestros derechos, pero no podrán robarnos los sueños. Y, como dijera Allende, sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

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13/01/2008

Crónica de una boda no anunciada

Ayer, sábado, tuve la oportunidad de vivir una experiencia poco común. Se casaba mi prima Nieves, de Badajoz, con Nuno, portugués. Nieves y Nuno son primos segundos, la madre de Nieves y la madre de Nuno son, entre sí, primas hermanas. Ambas son nietas de los campomaiorenses Ana y João, que, a su vez, son bisabuelos de los novios.

No son inusuales los casamientos, lo que es inusual es el regalo, que, posiblemente sin proponérselo, hicieron los novios a muchos de los asistentes y, especialmente, a toda una generación de primos hermanos que pudieran reencontrarse: la madre de la novia con sus hermanos, la madre del novio con los suyos y João, el benjamín, primo de ambas.

Todos los primos presentes, siete, iban acompañados por sus hijos y, en la mayor parte de los casos, por sus nietos, a los cuáles exhibían con indisimulado orgullo.

Pertenecen todos ellos a una generación protagonista de la transformación experimentada por España y Portugal en los últimos decenios. Nacieron y se criaron en el seno de familias católicas con rígidos valores, en una época en la que siniestros dictadores gobernaban en la península. Hoy día, ven como crecen sus nietos en contextos que, en muchas ocasiones, les desorientan por la ausencia de aquellas normas que, aunque sólo fuera para quebrantarlas, les daban referencia en su juventud.


Sus vidas, muy diferentes entre sí, tienen el denominador común de ser como páginas de la historia de esta Iberia maltratada por liberticidas y explotadores. El catolicismo casi militante, el miedo a la libertad, la presencia colonial en África, las historias de estraperlo, las largas temporadas de los primos españoles en tierras portuguesas –donde en guerra y posguerra se estaba más seguro y se comía mejor- o la crueldad con que se trataba a quién rompía las normas de la moral de la época son, entre otros muchos, elementos que guarnecen su existencia. Sus memorias serían fuente de inspiración para los guionistas que, en televisión, relatan los aconteceres de los Lopes en Portugal y los Alcántara en España.

Ayer, los siete, con esa perspectiva y mayor serenidad de juicio otorgadas por una larga trayectoria vital, se reunieron, y compartieron durante varias horas recuerdos y emociones. Se les veía felices de reencontrarse entre ellos y de reencontrarnos a algunos, ya de la siguiente generación, pero que éramos recordados con un envidiable precisión.

Hablaron durante horas de sus cosas. Rieron y bailaron juntos. De muchos, aunque los conocí en mi infancia, tenía más recuerdos por los relatos de mi madre que por mi propia experiencia, pero era maravilloso ver como esos alegres sexagenarios o septuagenarios mantenían los mismos rasgos de carácter que mi madre recordaba.

Hacía tiempo que no veía a mi madre tan contenta. De alguna manera, la experiencia de ayer le llevó a recuperar de lo más profundo de su memoria recuerdos felices que ya parecían sepultados para siempre por la losa del olvido.

Y, yo, que estoy en esa edad en la algunos hemos aprendido a disfrutar con la felicidad de los hijos, primero, y con la de los padres después (lo he dicho en el orden correcto, no me he equivocado), fui también feliz de ver a mi madre, y a sus coetáneos, tan gozosos.

Pero no sólo me hizo dichoso verla a ella así. He de admitir que también yo me emocioné al reencontrarme con todos ellos y permitir que se estimulara una dulce y amable nostalgia. Los recuerdos que tengo de mi infancia con mi tía Gloria y mi tío Pepe son abundantes. Los de mis tíos segundos (los portugueses), son algunos menos y, sobre todo, menos nítidos de lo que quisiera. Pero, en todos los casos, están llenos de calidez y hay detalles cuyo recuerdo, aún casi cuarenta años después, me enternecen.

Si algo lamento de lo de ayer, es que las hijas de Dom João y Doña Ana no hayan podido compartir esta experiencia con nosotros. Si, allá donde estén, pueden ver estas cosas que hacemos los que aún no hemos pasado por el trámite de la muerte, estoy seguro que ellas también habrán sido felices de contemplar como el nieto de una ellas se casaba con la nieta de la otra.

A mi abuela Flor (a la que siempre llamé Ma Fo), a mi tía Julieta y a mi tía Libania, que ya no viven en este espacio y tiempo, gracias. Mamá, tía Gloria, tío Pepe, Jorge, Maria, Ana y João, gracias. Gracias por lo que habéis vivido. Gracias a vosotros, y a todas esas generaciones de la primera mitad del siglo XX por lo que nos habéis legado a los que llegamos después.

Nuno y Nieves, gracias por haberles permitido este emocionante reencuentro. ¡Os deseo lo mejor!

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15/12/2007

Bolivia: La revolución no violenta

El 18 de diciembre de 2005, ocurrió un acontecimiento que representa un hito en la historia de América Latina. Evo Morales, un indio aymara, de oficio recolector de coca, y cuyos trabajos anteriores fueron los de trompetista, panadero y ladrillero, fue elegido como presidente constitucional de la República de Bolivia.

“El indio”, como con ánimo despectivo y fuerte dosis de racismo, le llaman sus detractores, obtuvo un 53% de los votos frente al 28% de su inmediato adversario. En las elecciones participaron un 84% de los censados. El Presidente Morales es el líder moral de una iniciativa de cambio constitucional de naturaleza revolucionaria y que podría colocar a Bolivia en la vanguardia del humanismo político.

La nueva constitución boliviana será una apuesta firme por los Derechos Humanos. Contendrá casi cien artículos dedicados al reconocimiento de derechos individuales y colectivos, frente a los apenas cuatro artículos de la actual Carta Magna. Los derechos de niños, ancianos, poblaciones originarias, trabajadores, discapacitados, consumidores, presos, etc. quedan elevados a rango constitucional. Pero no es sólo una cuestión de cantidad sino de la eficacia real de la regulación. Frente a las meras declaraciones de intenciones habituales en los textos constitucionales, se recoge expresamente la gratuidad de la enseñanza hasta el bachillerato, la universalidad y gratuidad del sistema de salud, el derecho a la pensión de vejez o la universalidad de la seguridad social, por poner solamente algunos ejemplos.

Se podría señalar que algunos de estos derechos están reconocidos también en algunos países de Europa. En tal caso habría que precisar también que, en estos países, aquellos derechos que no están consignados en la Constitución pueden ser suprimidos por mera decisión del partido mayoritario. Además, el significado real de estos derechos en un país como Bolivia con una renta anual por habitante de unos 800 euros es absolutamente diferente al de Europa. En Bolivia, blindar constitucionalmente ciertos derechos económicos y sociales es, para mucha gente, la diferencia entre la vida y la muerte.

Se trata, por otra parte, de la Constitución de la libertad de opción. A diferencia de la actual, que obliga al Estado al sostenimiento de la Iglesia Católica, la nueva reconoce expresamente la libertad religiosa y sanciona la discriminación por razones religiosas, así como la derivada de la orientación sexual o la identidad de género. De igual modo, se reconoce el derecho de mujeres y hombres a decidir sobre la oportunidad de tener o no tener hijos y se promueve la convivencia en los centros educativos de personas con diferentes opciones de espiritualidad.

Incorpora el proyecto constitucional artículos que, en beneficio de la paz mundial, deberían ser sin dilación reproducidos en las leyes fundamentales del resto de las naciones. Se trata de la declaración de Bolivia como estado pacifista, la prohibición de las bases militares extranjeras y la renuncia a la agresión armada como método de resolución de conflictos.

A pesar de lo anterior, el proyecto de Constitución está siendo contestado con asombrosa fuerza tanto dentro como fuera del país.

Se emplean métodos de guerrilla urbana para oponerse a un proyecto que aún ha de ser sometido a referéndum, como si se tratara de una ley impuesta por un dictador. Si además se entiende que las revueltas son por un tema de tan poca entidad –en comparación con el reconocimiento de derechos y libertades- como la ciudad en la que se ubica cada órgano del Estado, el desconcierto del observador no informado será absoluto.

De otra parte, los gobernantes de algunos departamentos del país han negado legitimidad tanto al proyecto como al referendo por supuestos defectos de forma en el proceso de elaboración del texto y están incitando a la revuelta popular. Evitan admitir que, si se llega a producir, la decisión popular de aprobar la nueva Constitución, tomada en referendo libre y secreto, subsanaría cualquier supuesto defecto de forma en el proceso previo.

El prefecto de Santa Cruz, el más rico departamento del país, presenta hoy, 15 de diciembre, un estatuto autonómico, mientras que el presidente de su Asamblea Legislativa anuncia el nacimiento de una nueva república.

Ese absurdo empeño de negar legitimidad a un referendo porque el proyecto se elaboró con mayor o menor rapidez, de combatir con revueltas violentas lo que aún no es más que un proyecto que debe ser sometido a consulta popular, y de provocar tensiones localistas y secesionistas en uno de los países más pobres de América Latina no es casual.

Fuertes intereses, tanto internos como externos, están tratando de provocar un conflicto violento de enormes dimensiones que justifique la adopción de medidas excepcionales y el descarrilamiento del proceso transformador que está experimentando Bolivia. Están inventando una guerra civil.

En clave interna, la oposición al proyecto constitucional está impulsada por la oligarquía racista y adinerada que tradicionalmente ha detentado el poder político y económico en el país y que hoy siente amenazados sus privilegios en el nuevo Estado que se configura en esta Constitución.

Desde fuera del país, las multinacionales que ven perjudicados los lucrativos negocios que hacían con la antigua clase dominante, están orquestando una campaña internacional contra el gobierno legítimo de Bolivia y sus representantes. La declaración constitucional de propiedad estatal de los hidrocarburos, la prohibición de privatizar los servicios básicos y la primacía del derecho a la salud sobre el derecho de patentes, apuntan a la línea de flotación de poderosas compañías petrolíferas y farmacéuticas. No son de extrañar las campañas de intoxicación orientadas a confundir a la opinión pública internacional y a minar la simpatía que la revolución pacífica boliviana y el mismísimo Evo Morales puedan despertar en el extranjero.

Frente a las presiones, el Gobierno de Bolivia está actuando con prudencia, evitando el uso de la fuerza y armándose de dosis de paciencia y tolerancia. Sin embargo, el enemigo es poderoso y carece de principios morales.

Seguirán promoviendo la violencia en la búsqueda de una respuesta (o de un simple error) gubernamental de igual naturaleza y resultados fatales que permitan descalificar al Gobierno de Bolivia, a su Presidente y a todo el proceso revolucionario. No les importa conducir al país a la guerra civil. No les importan los muertos que eso pueda causar. No les importa el futuro de los millones de bolivianos que carecen de lo mínimo para vivir. No les importa la salud de quienes podrán hacer uso de medicamentos cuyos precios son ahora prohibitivos. Sólo les importan sus privilegios. Sólo les importan las cotizaciones de Repsol, British Petroleum o Exxon en Wall Street.

Por todo lo anterior, el pueblo de Bolivia y su presidente necesitan hoy más que nunca del apoyo de personas, instituciones y medios de comunicación del mundo entero. Han tomado una bandera que es la de todos: la bandera de la no violencia, la bandera de los derechos humanos, la bandera de la libertad. Sería una inmoralidad y un error táctico dejarles solos ante tamaño enemigo. El partido que se disputa hoy en Bolivia no es ya sólo de los bolivianos sino de todos los seres humanos.


Pau Segado y Javier Sampedro.
Pau Segado y Javier Sampedro son, respectivamente, Secretario General y miembro de la Comisión Ideológica del Partido Humanista.
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17/11/2007

Europa y el desarme

Hoy, 17 de noviembre, y coincidiendo con la conmemoración de la Revolución de Terciopelo, los checos se manifiestan contra la decisión de su gobierno de aceptar instalaciones militares norteamericanas en su territorio. Se trata de una política rechazada, según las encuestas, por al menos dos tercios de los checos. Entre las demandas de los manifestantes está la celebración de un referéndum sobre la materia.

Las legaciones diplomáticas y consulares de Chequia en las ciudades europeas más importantes, entre ellas Madrid y Barcelona, están siendo hoy lugar de concentración de organizaciones humanistas y pacifistas para expresar su apoyo a las legítimas reivindicaciones de los manifestantes checos.

Los pueblos europeos no desaprovechan oportunidad para expresar su aversión al armamentismo y las guerras. El masivo rechazo de los europeos a la invasión de Irak fue una muestra más de la repugnancia que, en amplios sectores de la población mundial, provoca la violencia como método de resolución de conflictos internacionales. La buena acogida que, por el contrario, ha tenido entre esos sectores la declaración del presidente boliviano, Evo Morales, manifestando la renuncia de Bolivia a la guerra, confirma la impresión anterior.

Desde luego, que no puede ignorarse el actual sistema de relaciones internacionales y el clima imperante de violencia. Todavía la soberanía nacional es una garantía de los derechos de las personas y, también todavía, aunque deseemos que cambie el estado de las cosas, la fuerza militar es un fundamento de las relaciones internacionales. En ese contexto, el problema del desarme no puede trivializarse, pero tampoco cabe un derrotismo que acepte como inevitable este estado de cosas.

Enfrentar el reto histórico del desarme, dando satisfacción a las aspiraciones de paz de los seres humanos de esta época, es una tarea más adecuada para las organizaciones supranacionales de ámbito regional, como la Unión Europea, que para los estados-nación originados en el siglo XVIII, a los que la escena internacional les queda, como un traje heredado, excesivamente grande. Desde luego que los gobiernos nacionales pueden y deben ejecutar políticas favorecedoras del desarme, pero no deberían escatimarse esfuerzos en promover que dichas medidas sean asumidas en el seno de la Unión Europea.

El primer paso, una vez alcanzada la democratización de los poderes de la Unión, sería la unificación de la política exterior y de defensa y la desaparición de los ejércitos nacionales y su sustitución por una fuerza armada europea (integrada y no como mera agregación de los ejércitos suprimidos). Esta iniciativa, además de reforzar la identidad europea frente a las nacionales, permitiría una mayor eficiencia del gasto militar y, en consecuencia, su reducción sin deterioro de la eficacia.

Es cierto que iniciativas de desarme unilateral, especialmente en lo que a armamento convencional se refiere, crearían vacíos que rápidamente podrían ser ocupados por otras fuerzas violentas no necesariamente sometidas al poder civil legalmente constituido, causando un mal mayor del que pretendía evitarse. Ahora bien, no hay argumento alguno que sostenga el derecho de un país a mantener armamento nuclear, biológico o químico, cuyo uso, además de tener poco que ver con la defensa de la soberanía, podría causar daños de carácter inimaginable para toda la humanidad; Por ello, los esfuerzos deben dirigirse hacia el desarme unilateral de armamento NBQ y, simultáneamente, a conseguir un desarme proporcional y progresivo de armamento tradicional que invierta la tendencia armamentista y violenta actual, la cual no responde a la voluntad de los pueblos.

La tradición humanista de Europa, su condición de potencia mundial y el aún vivo recuerdo del doloroso tributo pagado en las guerras del siglo pasado, dotan a la Unión de mayor idoneidad y credibilidad para liderar iniciativas internacionales de desarme que la que tienen otras grandes potencias. Evidentemente, ello habría de pasar por la disolución de la OTAN o, cuando menos, por el abandono de las estructuras militares de esta organización o su transformación en una institución pacifista. También se requeriría la destrucción unilateral e incondicional de los arsenales nucleares, biológicos y químicos de los países de la Unión que poseen armamento de esta naturaleza y, más en concreto, de Francia y del Reino Unido.

La traducción práctica de ese liderazgo europeo en el escenario internacional consiste en convertir en la máxima prioridad de la política exterior común la consecución de acuerdos bilaterales y multilaterales de desarme progresivo con los países limítrofes con la Unión y, en general, con los de la cuenca mediterránea.

Dichos intentos no serán creíbles para sus vecinos en tanto Europa siga participando en invasiones, autorizando el despliegue de bases norteamericanas en territorio europeo o contribuyendo con sus tropas o su cooperación militar o diplomática a que se perpetúen ocupaciones de terceros países, como es el caso de Irak o Afganistán. Históricamente, algunas de dichas intervención militares han estado justificadas en una supuesta “necesidad humanitaria”, calificación de la que ha hecho uso y abuso, hasta el punto de cometerse en nombre de esas “necesidades humanitarias” auténticas tropelías contra la población civil o, simplemente, se ha abonado el terreno para la mera sustitución de unos opresores por otros. No se puede negar, desde luego, que en ocasiones la inacción de quien fácilmente puede impedir una catástrofe merece similar calificación moral que la que atribuyamos a sus causantes, pero debe evitarse la instauración de doctrinas del intervencionismo humanitario que, como demuestra la arbitrariedad con que se invocan y los resultados de tales intervenciones, suelen responder exclusivamente a intereses de los propios “intervinientes humanitaristas”. Cualquier intervención de esta naturaleza debería estar bajo bandera de Naciones Unidas, contar con un objetivo concreto y tener una duración limitada a lo imprescindible para la consecución del objetivo. Estos requisitos formales no serían condición suficiente, pero si necesaria, de cualquier intervención excepcional por razones humanitarias.

No se está hablando de la presencia de tropas europeas como fuerza de interposición o como garantes del cumplimiento de acuerdos entre los contendientes. En estas situaciones, siempre que se dé el acuerdo entre la totalidad de las partes en conflicto y la definición del alcance y duración de la misión, acudir en ayuda de quienes quieren poner fin a la violencia o, simplemente, frenarla temporalmente, es una obligación ineludible de quien tiene la capacidad para hacerlo y es reclamado para ello.

Aunque se haya convertido en un tópico, sigue siendo cierto que es una inmoralidad mayúscula negar recursos financieros para cubrir las necesidades básicas de millones de seres humanos mientras se despilfarran esas cantidades en presupuesto militar. Este hecho nos proporciona un argumento adicional, y no precisamente de segundo orden, para corroborar, de un lado, la necesidad del desarme y, de otro, la optimización del gasto por la vía de la sustitución de los ejércitos nacionales por una fuerza armada europea.

Los conflictos bélicos o las situaciones de extrema tensión internacional propician el incremento de la demanda de armamento, munición y tecnología militar y, en consecuencia, los beneficios de la industria armamentística. Es usual, al menos en otros negocios, que las compañías productoras fomenten el consumo por la vía de “incrementar la necesidad”. Tal comportamiento, en otros sectores productivos, no tiene porque ser necesariamente malo, pero “incrementar la necesidad” de consumir armamento y munición consiste, en el mejor de los casos, en generar tensión bélica y, en el peor, en provocar conflictos. Aunque sería temerario afirmar que dicho comportamiento comercial ha de producirse siempre, los riesgos son de tal magnitud que resulta conveniente sacar de los circuitos del mercado y de la iniciativa privada la producción armamentística. Es decir, deberían quedar prohibidas, por normas de rango constitucional, la exportación e importación de armamento, munición y tecnología militar y la fabricación de armas, municiones o aplicaciones tecnológicas militares por parte de empresas privadas. Dejar de colocar armamento en los mercados internacionales es una de las mejores contribuciones que puede hacerse al desarme y en nada pone en riesgo la soberanía europea. Por otro lado, si la Unión no es cliente tampoco es sujeto de las campañas orientadas a “incrementarle la necesidad” de armarse. Finalmente, la inexistencia de intereses económicos perjudicados por el desarme previene contra grupos de presión que lo obstaculicen. Mientras Europa siga fabricando armas y vendiéndolas a países en conflicto, o comprándolas y alimentando con ello el desarrollo de la industria de la muerte, las intervenciones militares en auxilio de poblaciones desvalidas o la contribución a fuerzas de interposición seguirán siendo actos necesarios, pero tan hipócritas como financiar a las ONG que tratan de recomponer los daños causados con las armas que empresas de los países donantes previamente fabricaron y vendieron a las fuerzas beligerantes.

Quizá las iniciativas anteriores no sean las únicas posibles y quizás tampoco sean las mejores para conseguir eso que hemos dado en llamar “invertir la tendencia armamentista y violenta”. Pero en lo que sí habrá que convenir es en que la humanidad vive sobre peligrosos polvorines cuyo control está o puede fácilmente estar en manos de irresponsables fanáticos o simples codiciosos de poder y dinero y que va llegando el momento de cambiar este orden de cosas.

Javier Sampedro

http://javiersampedro.blog.com

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12/10/2007

¡Feliz fiesta nacional!


Cada año se consuma el esperpento del 12 de octubre con pequeñas variantes. La novedad en esta ocasión, ha estado en que Su Excelencia el Jefe de la Oposición se ha dirigido a los españoles invitándoles a manifestar con “franqueza” su orgullo nacional y deseándoles una feliz fiesta nacional, cual si fueran a los toros.

Una vez más, el festejo lo ha presidido un Jefe de Estado cuyo cargo no procede de una elección democrática sino de la estirpe a la que pertenece y de la voluntad de un sátrapa. Aunque él, su esposa y sus hijos parecía gozosos de participar en el evento, la cara de aburrimiento que mostraba su nuera nos hace sospechar que ciertos gustos se llevan en la sangre y que, por más que se esfuerce Doña Letizia, pasará a mejor vida sin encontrarle la gracia a los desfiles.

Una vez más, ha ondeado la bandera y han sonado los acordes del himno de los golpistas que se alzaron en armas contra un gobierno democrático y el corazón de muchos se ha estremecido.

Una vez más, se elige una fecha que, además de carecer de significación histórica, pues conmemora hechos acaecidos antes de la existencia de España, hiere la sensibilidad de millones de seres humanos, principalmente descendientes de las víctimas, que se sienten identificados con los negros africanos y nativos americanos esclavizados, muertos y torturados y que perciben estas celebraciones como una suerte de escarnio al triste destino de sus antepasados.

Una vez más, el presidente del Gobierno se ha desempeñado con esa frialdad que le recrimina el vocero de radio-obispo al acusarle de escaso sentimiento patriótico, poco amor a España y desinterés por la bandera. La duda que asalta a todos es si su contribución a la patochada se debe a que es un pusilánime o a que está tratando asegurar un puñadito de votos entre la llamada derecha sociológica. Sea como fuere, nada bueno nos puede traer un presidente timorato o contemporizador con la derecha (aunque sea sólo “sociológica”).

Una vez más, en el desfile sólo han participado militares, caballos y cabras. Hemos esperado hasta el final, por ver si aparecían actuarios de seguros, pintores, maestros, otorrinolaringólogos, bibliotecarios, consultores, banderilleros, jardineros, electricistas, prostitutos, curas, oficinistas, jefes de estación, barrenderos, ingenieros, reponedores de hipermercado, taxistas, modistos, marinos mercantes, mayordomos, albañiles o miembros de cualquier otra profesión, pero nuestra paciencia no ha sido recompensada. De igual manera el homenaje fúnebre sólo ha alcanzado a militares muertos en acto de servicio. Ni una flor, palabra o canción para alguno de los mil trabajadores de otras profesiones fallecidos en accidente de trabajo en estos doce meses.

Una vez más, han exhibido obscenamente los artificios de matar.  Fusiles, ametralladoras, cañones, tanques y lanzamisiles han invadido la ciudad sin que el alcalde haya formulado la más leve protesta. Celebran la fiesta de la nación exhibiendo todo lo que tiene la nación para hacer daño y aún se sorprenden de que haya quien no quiera ser parte de esa nación ni participar de esa fiesta. Definitivamente, son cínicos o idiotas.

Quizá algún día adviertan que ya no hay más nación que la humanidad y que lo que nos une con nuestros congéneres de cualquier parte de la Tierra es más que lo que nos separa. Quizá ese día decidan que las fechas a conmemorar sean aquellas que tengan que ver con la vida y no con la muerte. Quizá ese día se hagan fiestas para todos, sea cual sea su oficio, el lugar en que nació o la lengua que hable y en las que vayamos sin uniformes. Quizá ese día no se hagan amenazadoras exhibiciones de fuerza ni se gaste en armas mientras nuestros hermanos se mueren de hambre. Quizá ese día los únicos himnos que se canten sean aquéllos que nos recuerden que no hay nada por encima del ser humano y que ningún ser humano está por encima de otro.
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