Monday, February 1, 2010

Réquiem por tres afganos y un colombiano

Hoy han vuelto a llegar a España malas noticias desde Afganistán. Combatientes afganos han matado a un colombiano y han herido gravemente a otro compatriota suyo y a un español, todos ellos enviados a la guerra por el Gobierno de España. Las tropas enviadas por el Gobierno han acabado, a su vez, con tres afganos.

Cuatro muertos más que lamentar en un incidente violento ocurrido en ese lejano país al que hemos ido con nuestras máquinas de matar sin que nadie nos invitara.

Nadie se acordará de los afganos muertos. Según el Ministerio de Defensa, cometieron un atentado. No sabemos si también lo llamarían atentado si el tanque fuera afgano, estuviera transitando por la Puerta del Sol de Madrid y el que hubiera puesto la mina para destruirlo fuera un cabo primero de la Legión. Ojalá no tengamos que averiguarlo nunca. Pero como esto es un “atentado”, los afganos muertos son terroristas y, por ello, no merecen ni ser mencionados en el comunicado del Miniesterio. Para el Gobierno español no existen. Son el enemigo. El enemigo cuya tierra hemos invadido, pero, al fin y al cabo, el enemigo.

Al joven colombiano John Felipe sí le mencionan en el comunicado de prensa. Dan su graduación, edad, nacionalidad y destino. Durante unos días será noticia. Carme Chacón ya partió para Afganistán. Hará declaraciones sentidas y quizá llore, pondrá una medalla en el féretro del chico y solicitará una pensión para la familia de John. Carme no puede permir que la moral de la tropa decaiga. Es necesario que los soldados perciba nque el mando está con ellos. Pero, tras dos semanas, John Felipe pasará al olvido, como pasaron Jorge Arnaldo, Germán, Stanley, Idoia, Cristo, Christian, Rubén y otros muchos. A nadie le importará lo sucedido y su memoria correrá la misma suerte que la de los tres afganos abatidos hoy. Son carne de cañón. Y, como en España escasea, la importamos de fuera. Ecuador, Colombia o Perú son buenos proveedores: países con muchos jóvenes necesitados dispuestos, por unos pocos euros, a sacrificar sus vidas o sus conciencias en esta guerra que tan ajena les resulta.

Mientras tanto, un Zapatero, en el que ya no reconocemos al que se manifestara contra la guerra de Irak, organiza con el flamante Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, el envío de otros quinientos soldados más a morir o a matar.

Disculpenme, amigos, si hoy no soy capaz de encontrar unas palabras de esperanza o de optimismo para cerrar mi reflexión, pero el dolor, la pena, el asco y la impotencia me invaden. Espero que puedan entenderlo.

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Sunday, January 31, 2010

Una visión humanista sobre la reforma del sistema de pensiones

El Gobierno de España ha anunciado su intención de reformar las leyes para prorrogar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, así como para endurecer las condiciones para la percepción de pensión e, incluso, disminuir su importe para ciertos colectivos.

La reforma era algo tan previsible como la crisis inmobiliaria o la crisis financiera. Sólo faltaba ponerle fecha y que algún Gobierno asumiera el coste político. Zapatero ha hecho ambas cosas.

Es curioso como, en España, cada vez que hay elecciones, el PSOE nos amenaza con los males que recaerán sobre nuestras cabezas si gana la derecha, pero finalmente suelen ser ellos, estos neoliberales con piel de socialdemócratas, los que actúan de mamporreros del gran capital. Felipe González acumuló en su debe numerosos recortes en los derechos de los trabajadores, la cruel reconversión industrial, el alto porcentaje de contratación temporal y endurecimientos en las condiciones para la percepción de pensiones. El PSOE hizo el trabajo sucio que luego, el PP, sólo tuvo que consolidar. Zapatero, a pesar de sus proclamas sociales por toda Europa, se descuelga ahora con esta provocación.

El momento es propicio para el anuncio. Las crisis financiera e inmobiliaria y la subsiguiente recesión económica han evidenciado la invalidez del modelo productivo español. No es válido para crear empleo pleno, de calidad y productivo y, consecuentemente, no genera riqueza suficiente para que tanto trabajadores como pensionistas cuenten con unos ingresos dignos. Ahora bien, es profundamente injusto que éstos (los trabajadores y los pensionistas) paguen con aumentos de cotizaciones o reducciones de derechos la inoperancia de nuestros gobernantes pasados y actuales y el ilegítimo lucro de los únicos beneficiarios de estas crisis: los especuladores inmobiliarios y financieros.

En todo caso, las crisis sólo han sido disparadores y aceleradores de la reforma pues los argumentos de sus defensores resultan más fácilmente explicables con cuatro millones de desempleados que con una economía en aparente expansión. Llevan años repitiéndonos que el sistema de Seguridad Social no será capaz de pagar en el futuro las pensiones porque fue diseñado para tiempos en que había muchos trabajadores en activo y pocos jubilados. Nos dicen que había muchos jóvenes para contribuir (la generación de la explosión demográfica conocida como “baby boom”) y los pensionistas eran los pocos supervivientes de la Guerra Civil que, además, tenían la deferencia de morirse pronto y, así no abusar de la generosidad de la Seguridad Social. Supuestamente, en ese diseño, sucedía que, por término medio, por cada dos trabajadores que ingresaban dinero en la cuenta de la Seguridad Social había un jubilado que iba retirar su pensión de la misma cuenta. Parece que las proporciones han cambiado y que en el futuro cambiarán más; los pensionistas que van a pretender retirar dinero de la cuenta van a ser muchos más que antes, porque serán justamente aquellos chavales del “baby boom”, que están ya cambiándose de la fila de los que pagan a la fila de los que cobran y, a diferencia de sus cumplidos abuelos, son unos desvergonzados que pretenden seguir vivos y, en consecuencia, cobrando pensión, hasta los 80 ó 90 años.

A fuerza de repetirnos lo anterior hemos acabado por creernos que la reducción de nuestras pensiones y el retraso de la edad de jubilación es un hecho inevitable y que sólo cabe esperar que se retrase lo suficiente para que no nos afecte. Por si llega demasiado pronto, aquellos a los que nos sobran algunos euros a fin de año, los depositamos en los planes de pensiones, pequeñas huchas custodiadas por los bancos y etiquetadas con el nombre de cada uno de nosotros para que nuestra vejez con la miserable pensión que probablemente nos deje el sistema público, no sea tan penosa. El banquero elegido, amablemente, autorizará la apertura de nuestra hucha el día en que nos jubilemos.

En definitiva, además de habernos preparado para que no nos rebelemos contra el expolio de nuestros derechos, han dejado el terreno expedito para que los bancos exploten una rentable línea de negocio basada en el comprensible temor de muchas personas a una vejez con privaciones.

Sin embargo, todo el razonamiento tiene algunas trampas.

Aún, algunos de nuestros conciudadanos creen que la pensión percibida de la Seguridad Social es, de alguna manera, fruto del dinero cotizado en su vida laboral activa. Los distintos gobiernos han tratado de mantener esa ficción, pero, obviamente no es así: el dinero que cada trabajador o su empresa deposita en la caja de la Seguridad Social se gasta inmediatamente en pensiones. Si se afirmara que, a pesar de lo anterior, lo que finalmente se recibe como pensión es dependiente de lo aportado en la vida laboral activa, sólo se diría la mitad de la verdad. Es cierto que, cuando se fija la pensión de jubilación, los tiempos y cantidades aportadas al sistema de Seguridad Social son tenidas en cuenta, pero no lo es menos que los criterios son cambiantes, de modo tal que la contribución no consolida derecho alguno a la percepción de pensión sino que dicho derecho, así como el importe de la pensión, es dependiente exclusivamente de la legislación vigente en el momento de la jubilación.

Los pagos a la Seguridad Social constituyen, a diferencia del IRPF o el Impuesto de Sociedades, un impuesto finalista. Es decir, la Seguridad Social tiene una contabilidad separada de la del resto de las cuentas del Estado. Las deducción de Seguridad Social que nos realizan en la nómina a los trabajadores (o el pago que realizan autónomos y empresas) está diferenciada del impuesto general (IRPF), se calcula con criterios diferentes, se deposita en cuenta separada y las pensiones sólo se pagan de esta cuenta. Como consecuencia de ello, si sobra dinero, como ha pasado en estos años atrás, se guarda en un bote para necesidades futuras y si las cantidades recaudadas por cotizaciones a la Seguridad Social son insuficientes para hacer los pagos, que es lo que parece que se anuncia, lo único afectado es el propio sistema de Seguridad Social.

Ningún otro servicio estatal está gestionado con impuestos finalistas. Es decir, no hay un impuesto especial con un sistema de cálculo diferenciado para pagar, por ejemplo, los gastos de alimentación de la familia real o la contribución de España a la OTAN, de modo tal que si, por cualquier circunstancia, los ingresos disminuyeran, fuera necesario legislar para sustituir en la cocina del Palacio de la Zarzuela la gamba blanca de Huelva por langostino de criadero o, cosa menos grotesca pero más interesante, retirar las tropas de Afganistán.

Para el resto de gastos, el Estado recauda a través del Impuesto sobre la Renta (IRPF), el Impuesto de Sociedades, el IVA y algún otro impuesto menor y, con todo lo recaudado, las Cortes deciden como se reparte cada año entre las distintas necesidades, priorizando según la importancia que, de acuerdo a los valores e ideología de los partidos mayoritarios, tenga cada partida presupuestaria.

La consecuencia de no tener integrada la Seguridad Social con el resto de cuentas del Estado es manifiesta. Si sobra dinero, éste no puede emplearse en atender o mejorar otras necesidades sociales básicas como educación, salud, vivienda, etc. Y, si como se prevé que sucederá en unos años más, falta dinero, tampoco puede resolverse el problema reduciendo otros gastos del Estado, sino que la solución hay que buscarla dentro del sistema de Seguridad Social, penalizando, si es necesario, a los trabajadores con más cotizaciones o a los pensionistas con menos derechos. Con el resto de gastos del Estado no sucede lo mismo. Cuando falta dinero, falta para todo y cuando sobra, sobra para todo, tomándose, mediante la política presupuestaria, las decisiones de incrementos o reducciones de impuestos y gastos que correspondan, pudiendo todas las partidas ser objeto de discusión.

Debemos de denunciar el engaño al que se somete a la ciudadanía haciéndole creer que ciertas medidas son inevitables y que no queda más alternativa que la resignación y, si se puede, ahorrar algo por medio de planes de pensiones custodiados por entidades financieras. No serán, desde luego, los bancos los que denuncien la farsa. Más bien al contrario, los banqueros babean ante la magnífica golosina que representa esos depósitos inmovilizados durante decenas de años, con los que podrán libremente especular con avaricia e irresponsabilidad, hasta el punto de que si de la especulación resultan ganancias serán para el banco y si hay pérdidas lo serán para los ahorradores, ya que astutamente el banco habrá distribuido las inversiones propias y las de los fondos del modo más conveniente para sus intereses y, además, habrá separado en una sociedad anónima diferente la gestión del fondo para limitar sus responsabilidad en caso de pérdidas.

Corresponde ahora repensar el sistema desde una óptica radicalmente diferente.

Resulta obvio que, aunque se aspirara a ello, el Estado no está en condiciones de garantizar (como los bancos dicen hacer) que las contribuciones de cada trabajador quedan almacenadas en una hucha particular que luego se recupera en forma de pensión a su jubilación, puesto que el mismo dinero que serviría para llenar esas huchas es necesario ahora para pagar el gasto de pensiones actuales. Así pues, aunque es una opción que en modo alguno comparto, me ahorraré comentarla.

Una mirada humanista nos debería conducir a fundamentar de otro modo el derecho a la percepción de una pensión. Hasta ahora el derecho al cobro de una pensión y el monto de ésta se asociaba al hecho de haber contribuido en la vida laboral activa al sistema de seguridad social y a las cantidades aportadas. Dicha asociación de ideas es, a mi juicio, extremadamente insolidaria pues excluye del sistema, condenando a la pobreza, a quiénes no quisieron o no pudieron hacer esas contribuciones y prolonga, más allá de la vida laboral las diferencias retributivas, incurriendo en una práctica tan absurda y antisocial como otorgar un servicio público de más calidad al ciudadano que pudo pagar mejores impuestos. Es algo así como si las personas que pagan más impuestos tuvieran derecho preferente de acceso a los colegios públicos, a las viviendas de protección oficial o a ser colocados en las primeras posiciones en las listas de espera para ser intervenidos quirúrgicamente.

La asociación entre contribución a la Seguridad Social y derecho al cobro de pensión es, además de insolidaria, ilusoria. Es ilusoria porque, como hemos visto, el dinero cotizado se gasta en pagar pensiones tan pronto como se ingresa, por lo que ningún administrador público puede seriamente comprometerse respecto a los derechos que, pasados veinte o cuarenta años, otorgará haber cotizado.

Como humanista, creo que la pensión de jubilación deber ser concebida como el derecho universal a disponer de recursos económicos para subsistir dignamente sin necesidad de trabajar, cuando se alcanza cierta edad en la que resultaría injusto pedirle a esa persona que siga laboralmente activa o, cuando sin llegar a esa edad, se produce una circunstancia similar, bien por el largo número de años dedicados al trabajo, bien por la especial penosidad de las actividades desarrolladas en el período de actividad laboral.

De este plantemiento se deriva que el monto de la pensión no debe vincularse a conceptos como los años de cotización o las cantidades cotizadas, sino que más bien se trataría de contar con un importe único para todos los pensionistas sólo modificable en condiciones de excepcional necesidad. Obviamente dicha cantidad debería alcanzar para llevar una vida digna. Nada impide que aquellas personas en activo con capacidad suficiente de ahorro pudieran constituir planes individuales de pensiones que, llegado el momento, complementen los ingresos de su pensión de jubilación, pero sin que en ningún caso la pensión pública fuera tan baja que disponer de un plan individual de pensiones constituyera una necesidad. Desde luego que toda la regulación de los planes de pensiones debería ser reformada atribuyendo al Estado un papel muy diferente al actual para garantizar que en ningún caso los ahorradores sean víctimas de la rapacidad de la banca.

También de esa nueva mirada sobre la pensión de jubilación, surge la necesidad de modificar el sistema recaudatorio. Actualmente es, como decíamos más arriba, un sistema finalista. Además de ellos es la antítesis de la progresividad impositiva. A diferencia del IRPF en el que a mayores ingresos mayor porcentaje de impuestos a pagar, en la Seguridad Social el porcentaje es único y existe un tope superior absoluto: todos los trabajadores pagan un 4,7% con un tope máximo de 150 euros mensuales, sea cual sea el salario.

En cuanto a las empresas, estás abonan un porcentaje fijo del salario de cada trabajador, aunque sin superar nunca los 750 euros por trabajador y mes (para el caso de trabajadores que cobren 3.100 euros o más), con independencia de que la empresa sea muy rentable o esté generando pérdidas. Es decir, se trata de un sistema en el que contribuyen más las empresas que más trabajadores tienen y mejor pagan a los trabajadores de baja categoría, con independencia de los beneficios reales de esa empresa.

Y, desde luego, aquellos que sean ajenos al mundo del trabajo, porque sus ingresos procedan, por ejemplo, de rentas o herencias, en nada contribuyen a la financiación de las pensiones de jubilación.

Si la pensión de jubilación fuera un derecho universal debería financiarse con los impuestos generales y aplicando los mismos criterios de éstos; es decir, las contribuciones a la Seguridad Social deberían desaparecer, trasladando la recaudación equivalente a impuestos directos, que en términos absolutos se verían incrementados, de forma tal que contribuya más quien más tiene y desvinculando de modo efectivo toda expectativa de percepción de pensión de la situación económica de cada uno en su vida laboral activa.

Las medidas anteriores están relacionadas con lo que yo entiendo que sería una visión más humanista del problema porque atribuye derechos a cada ser humano en función de sus necesidades presentes y no en función de sus riquezas pasadas, porque pide que cada uno contribuya a la financiación de un servicio tan esencial como atender a nuestros jubilados según sus posibilidades reales.

Por supuesto que, desde esta óptica, la jubilación sería sólo un derecho, no una obligación. Esto es, aquellas personas que quisieran seguir en su vida laboral activa y no tengan una merma significativa de capacidades físicas o mentales que supongan un riesgo para ellas mismas o para terceros deberían poder continuar ilimitadamente en activo. Incluso sería positivo profundizar en medidas de flexibilización que permitan, a partir de cierta edad, compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con la percepción, también parcial, de la pensión de jubilación.

Soy consciente de que para aquellos que, puntualmente y durante muchos años, han hecho sus contribuciones al sistema público de Seguridad Social, les resulte extraño, e incluso inaceptable, que alguien venga a proponer que los que no han contribuido al sistema o lo han hecho aportando cantidades pequeñas, alcancen un derecho equivalente al suyo. No tengo muchos argumentos respecto a estas objeciones. Se trata de una opción ideológica. Tiene que ver con la sociedad que queremos para nosotros y nuestros hijos. Yo prefiero vivir en un mundo en el que aquellos que, por edad, ya no les podemos pedir que sigan laboralmente activos dispongan de unos ingresos garantizados que les permitan vivir con desahogo, sin importar cuál fue su pasado. Otros entienden que sólo los que contribuyeron mientras estaban en activo deben tener ese derecho y, además, que la cuantía debe estar relacionado con el tiempo y la cantidad aportada. Convendría, no obstante, que los que así piensa recuerden que tampoco el sistema actual proporciona garantía seria alguna en el sentido de vincular cotizaciones y percepciones.

También soy consciente de que otro sistema recaudatorio perjudicará económicamente a los trabajadores con ingresos superiores a los 3.000 mensuales y favorecerá a los que están por debajo de esta cantidad. También será contrario a los intereses económicos de las empresas con grandes beneficios y poco empleo, pero ayudará a aquéllas que crean empleo y tienen un beneficio razonable. Desde luego, también serán perjudicados económicamente los que, por vivir de las rentas, nunca contribuyeron a financiar las pensiones. Es probable que algunos de los que tengan que pagar más impuestos con este nuevo modelo recaudatorio no verán con buenos ojos esta propuesta.

Por último, estarán los que la rechacen porque prefieren que este gasto social, cuyo importe es casi idéntico al que el Estado dedica a otras materias, esté suficientemente aislado, para, de esa manera, asegurar que los gastos que, de acuerdo a sus valores, priorizan, no se vean afectados en la eventualidad de que la partida para gastos de pensiones deba incrementarse. En otras palabras, rechazarán una propuesta en este sentido porque, por nada del mundo, querrán que para asegurar los pagos de las pensiones puedan ser cuestionados, por ejemplo, los gastos en armamento o en subvencionar a ciertas organizaciones vinculadas a confesiones religiosas.

En todo caso, nada podremos objetar a los que se opongan a esta propuesta desde una visión del mundo diferente a aquella que la suscita. Para dialogar, sería necesario, antes, llegar a acuerdos sobre el modelo de sociedad al que aspira cada uno de nosotros. Algunos lo tenemos meridianamente claro. Me temo que otros también.

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Saturday, October 10, 2009

¡No a la guerra!

“El jefe del Ejecutivo subrayó que España tiene una obligación de solidaridad con aquellos países de los que es aliado y debe contribuir al esfuerzo internacional en una misión de apoyo humanitario de carácter conjunto”.

“El jefe del Ejecutivo recalcó que Naciones Unidas y la OTAN han definido la operación como de ‘estabilidad y reconstrucción’ y que las tropas trabajan para lograr un país ‘viable’, ‘democrático’ y ‘con un horizonte’”.

El primero de los párrafos anteriores está extraído de El Mundo y el segundo del periódico gallego Atlántico. Además de eso, les diferencia la fecha, uno es del 19 de marzo de 2003 (el día previo al comienzo del genocidio en Irak) y el segundo del 9 de octubre de 2009. Como el lector ya habrá podido deducir, el “jefe del ejecutivo” del primer párrafo era Aznar y el del segundo, Zapatero. Es curioso, no obstante, observar como el fantasma que habita en el Palacio de la Moncloa se apropia de los cuerpos de sus inquilinos más insignes y éstos desarrollan la admirable técnica de adornar palabras tan repugnantes como “tropas” y “aliados” con otras que aluden a sentimientos encomiables, tales como “solidaridad” o “humanitario”.

Ya todos sabemos que en Afganistán no hay una misión humanitaria ni nada similar. Hay una guerra y los soldados españoles constituyen una tropa invasora en un territorio ocupado. El pasado jueves, el joven soldado español Cristo Ancor Cabello murió en Afganistán. Su muerte se produjo mientras ocupaba la posición de tirador en una tanqueta como la que se ve en la foto, es decir, mientras manejaba ese artefacto mortífero parecido a una ametralladora ubicado en la torreta del vehículo. El hecho ocurrió cuando la tanqueta pisó una mina anticarro, es decir, una bomba de gran potencia que se activa cuando un vehículo pesado como éste pasa por encima. Quizá, incluso, fuera una mina producida en alguna de las numerosas compañías europeas o españolas de fabricación de armamento.

Foto de BMR 600
Foto de BMR 600

Indudablemente, la pérdida de Cristo es lamentable. Tan lamentable como la de cada ser humano, nacional o extranjero, civil o militar, que cae a diario a ese campo de batalla. Ahora bien, calificar este acontecimiento, como hace el Gobierno, de atentado terrorista, es asimilar la muerte de este joven con la de los viajeros de los trenes de Atocha, los compradores del Hipercor de Barcelona o muchos trabajadores y empresarios vascos que fueron víctimas de ETA cuando salían de casa para acudir a su trabajo o jugar una partida de naipes con los amigos. Y esto es una manipulación que, de no referirse a acontecimientos tan dolorosos, sería grotesca. Cristo murió en un acto de guerra, como acto de guerra, y no atentado terrorista, fue la venganza ejecutada al día siguiente por el ejército norteamericano.

Zapatero, como hizo Aznar, miente. Es triste ver repitiendo las palabras de Aznar al hombre que ganó las elecciones gracias al ansia de paz de los españoles a los que este personajillo rampante y belicista les causaba profunda repulsión.

Zapatero, al traicionar la esperanza de aquellos que confiaron en él, hace honor a la tradición de los líderes socialdemócratas. En su favor hay que decir que la traición no se ha consumado a la misma velocidad que la de su predecesor y correligionario Felipe González que, con pasmosa rapidez, pasó de liderar la oposición a la OTAN a convertirse en un atlantista convencido y, de luchador por la democracia, a valedor de los violadores de Derechos Humanos, que encontraron cobijo en sus gobiernos.

Es la hora de entonar de nuevo el “No a la guerra”. Es la hora de negarle ya el apoyo a ese presidente que, aunque juega a “poli bueno”, también canjea vidas humanas por entradas a la Casa Blanca. Es la hora de creer que ese mundo sin guerras, al que aspira la mayoría de la humanidad, es algo posible. Es la hora de que todos los que compartimos el proyecto de un mundo más humano tomemos el timón del futuro.

El día 14 de noviembre pasa por Madrid la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Un grupo de hombres y mujeres que, desde el 2 de octubre, día de la No Violencia, en que partieron de Wellington (Nueva Zelanda) hasta el 2 de enero, en que arribarán a Punta de Vacas (Argentina), recorrerán más de cien países portando un mensaje de esperanza.

La Marcha Mundial será recibida en cada punto de su recorrido por individuos y colectivos que sienten como propias las demandas de la Marcha: desarme nuclear absoluto, retirada de las tropas invasoras de los territorios ocupados, reducción del armamento convencional, firma de tratados de no-agresión y renuncia de los gobiernos a la guerra como medio de resolución de conflictos.

Ningún gobierno debería permanecer ajeno a esta llamada que nace de los corazones de la gente buena. España, como potencia ocupante en Afganistán, tiene sus deberes por hacer. El 14 de noviembre, si no ha enmendado aún, será muy buen día para recordárselo a Zapatero.

www.marchamundial.org

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Sunday, May 18, 2008

Naciones, nacionalismo y humanismo

Naciones

No existe una definición unívoca del concepto de nación. No obstante, sociólogos, juristas y políticos convienen en que se trata de una comunidad humana cuyos miembros comparten un cierto patrimonio histórico y cultural común sobre el que articulan lazos afectivos y de solidaridad. También dirían que es una identidad colectiva que no todos los seres humanos experimentan de igual modo o con el mismo entusiasmo. Así, por ejemplo, mientras que unos se consideran simultáneamente de varias naciones, otros estiman aberrante tal posibilidad.

Ese sentimiento de pertenencia a una nación y, los consiguientes lazos de solidaridad que se establecen entre las personas que comparten identidad nacional han propiciado el desarrollo de las comunidades humanas y han dado protección y seguridad a las personas frente a los azares del destino. Por otra parte, la multiplicidad de naciones y la evolución histórica de los sentimientos nacionales son muestras de la rica diversidad de nuestra especie.

Nacionalismos

En los siglos pasados, junto con la construcción teórica del siempre inacabado concepto de nación, surgieron también los nacionalismos políticos. Es decir, esas ideologías que preconizan el derecho de las naciones a constituir una comunidad política con instituciones y territorio propio, esto es, un Estado.

La ideología nacionalista se extendió con rapidez e impregnó buena parte del pensamiento político de los últimos siglos.

Un pensamiento que revolucionó los fundamentos de la organización política, que hasta entonces giraban en torno a la figura del monarca y no del pueblo, y que dotó de sustento ideológico a los movimientos anticoloniales y a la lucha antiimperialista de los dos siglos pasados, actuó también como cimiento ideológico del fascismo y del nacionalsocialismo.


Estado y nación

Tanto éxito tuvo el pensamiento nacionalista que, muy pronto, se pasó de considerar al Estado como la realización del máximo anhelo de una nación, a considerar la nación como la condición imprescindible para constituir un estado. De tal modo fueron las cosas que, en lenguaje vulgar, nación y Estado se convirtieron en términos sinónimos y, la identificación entre ambos conceptos es considerada por amplias capas de la población como algo tan real, cierto e inmutable como que el Sol salga por Levante.

Ahora bien, nada más distante de la realidad que esa identificación entre Estado y nación. Mientras que el Estado de asienta en un conjunto de normas e instituciones, la nación lo hace en un sentimiento de pertenencia que es experimentado de manera singular por cada uno de sus integrantes.

No suelen confundir ambos conceptos quienes sintiéndose, por ejemplo, tibetanos, navajos, chechenos u occitanos, son, a efectos legales, chinos, estadounidenses, rusos o franceses.

Nacionalismo y violencia

Por lo anterior, la pretensión de asentar la nación sobre un territorio, uniformizar culturalmente a los habitantes de ese territorio y regir sus destinos con instituciones con “sabor nacional” provocó, desde el primer momento, conflictos de toda índole con quienes, aún residiendo en el territorio del Estado, no se sentían identificados con la nación dominante.

Para constituir los actuales estados-nación fue necesario reprimir las expresiones propias de muchas culturas. En ocasiones, para justificar la ausencia de patrimonio histórico compartido, se habló de “jóvenes naciones con un destino común” aunque ello supusiera que en las mismas tierras donde las “jóvenes naciones” estaban constituyendo sus estados, existían naciones muy antiguas cuyas lenguas fueron proscritas, sus instituciones disueltas o sus miembros confinados. En otras ocasiones, la competencia entre distintos grupos nacionalistas llevó a enaltecer la nación propia en detrimento de las que competían por el mismo territorio, manipulando y reinterpretando la historia de modo tal que quedara acreditada que la nación propia era un hecho histórico indiscutible con lengua, cultura y héroes ancestrales, mientras que la ajena no era una nación sino una simple horda de provincianos brutos o de salvajes sin civilizar. Ello daba argumentos para las políticas de asimilación cultural y lingüística.

Como resultado de esta batalla entre naciones, las más débiles quedaron sin Estado y, en consecuencia, sus miembros son ciudadanos de estados que, en el mejor de los casos, ignoran sus singularidades y, en el peor, las combaten.
Para el humanismo, es violenta toda facción que aspire a que el gobierno de un territorio se haga con las instituciones, criterios, valores y costumbres propias de sólo una parte de sus habitantes.


Nacionalismos modernos

Es bien cierto que, frente a los fascismos e imperialismos del siglo XX, en los tiempos más recientes muchas corrientes nacionalistas suelen manifestar un mayor grado de tolerancia y respeto hacia la lengua, costumbres e historia de las otras naciones con las que comparten territorio; ahora bien, no es tolerancia lo que se requiere sino rechazo a la discriminación y a la imposición de una cultura o una lengua, asumiendo la diversidad como un valor y no como una lacra.

Pudiera parecer diferente el llamado nacionalismo banal, estos es, ese nacionalismo que, inconscientemente y a modo de creencia orteguiana, ha venido a instalarse como realidad indiscutible en el pensamiento de mucha gente. Ahora bien, ello no es cierto; en ese nacionalismo asumido como verdad absoluta, anida la discriminación del diferente y el afán de apropiación del todo social.

En ocasiones, los nuevos nacionalismos afirman estar dispuestos –en un aparente gesto de generosidad- a asumir como miembro de la nación a cualquier residente en el territorio que se atribuyen como propio, desconociendo que, en numerosas ocasiones, dicho territorio es ya considerado por esos residentes como parte de otra nación.

Los nacionalismos centrífugos

La violencia engendra violencia, y la violencia nacionalista engendra violencia nacionalista. El nacionalismo centrípeto de los estados-nación ha sido un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de los nacionalismos centrífugos en las naciones sin estado.

Ahora bien, cada vez que uno de esos nacionalismos centrífugos alcanza una brizna de poder se reproduce el esquema nacionalista. La obra de teatro representada es la misma, pero con nuevo reparto de papeles.

La aspiración humanista

La reivindicación de aquellos que perciben a sus instituciones políticas, estatales o subestatales, como indiferentes cuando no beligerantes con sus sentimientos nacionales debe ser comprendida y asumida por los humanistas como una reivindicación propia. Los humanistas no desean un mundo uniforme sino múltiple.

De igual modo que en muchos países la secularización del Estado ha permitido que las creencias religiosas no se erijan en barrera entre las personas y sus instituciones, la “desnacionalización” del Estado, permitiría que todo ser humano, fuera cual fuese su filiación nacional, pudiera sentir las instituciones de su país como propias. La razón de ser de las instituciones políticas está en el bienestar de las personas sobre las que influyen, con independencia de su cultura, lengua, costumbres e historia. Unas instituciones políticas cuyo objetivo fuera la exaltación de uno solo de los sentimientos nacionales, por más que se tratara del mayoritario entrarían de lleno en el campo del antihumanismo y, con mayor razón, cuando eso se hiciera en desmedro de las minorías.

Los humanistas alientan la descentralización política, esto es, el acercamiento de la toma de decisiones a aquellos a los que afectan. En ese sentido, aunque con distinto fundamento ideológico, los humanistas suelen converger con los nacionalismos centrífugos en la demanda de mayores cotas de autogobierno para ciertos territorios.
En todo caso, los humanistas insisten en profundizar en la descentralización hasta alcanzar el ámbito municipal. Los humanistas no prestan su apoyo a políticas de homogeneización cultural o lingüística, por más que la lengua o cultura que se pretenda potenciar haya sido objeto de represión en el pasado. La libertad de un ser humano actual no puede ser avasallada bajo el pretexto de devolver a una lengua o una cultura el esplendor arrebatado en acontecimientos históricos, por más sombríos e injustos que fueran éstos. Toda forma de discriminación, manifiesta o larvada, es motivo de denuncia para los humanistas.

Lo humanistas afirman que la apropiación del todo social por una parte, sea esta parte una clase social, los fieles de una confesión religiosa, los miembros de una nación o los habitantes de un territorio, es un acto de violencia. En ese sentido, no todas las decisiones pueden ser tomadas de modo descentralizado. Los humanistas respaldan la creación de estructuras políticas federales que corresponsabilicen a los habitantes de los distintos lugares en aquellas decisiones que deban ser adoptadas de modo compartido.

Los humanistas son internacionalistas. Abogan por la cooperación de las instituciones políticas, las naciones y los pueblos en organizaciones regionales y mundiales con atribuciones suficientes para garantizar la eficacia universal de los Derechos Humanos.

Los humanistas constatan como en el corazón de numerosas personas toma forma una aspiración: la nación humana universal. La mirada del ser humano común del siglo XXI no es la del ser humano común del siglo XVIII. Hoy día, no resulta extraño hablar de una identidad nacional común a toda la especie. Hoy ya se puede hablar de una nación humana universal. Una gran nación para todos los seres humanos de ayer, hoy y, sobre todo, mañana. Una nación donde sus mitos son esas mujeres y hombres que han hecho algo grande por la humanidad. Una nación con una historia común comprendida como fenómenos locales concomitantes operando en una misma dirección: la de la superación del dolor y el sufrimiento. Una nación con unos valores comunes: los Derechos Humanos. Una nación que no requiere de la confrontación con otras para afirmarse, sino que preserva la diversidad como el más valioso de los tesoros.

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Sunday, April 27, 2008

Amenazada la revolución no-violenta de Bolivia

En 2006, el pueblo de Bolivia habló en las urnas y optó por una transformación profunda de las estructuras económicas y políticas del país. El cambio que se fraguaba en Bolivia fue simbolizado por la figura un cocalero indígena, Evo Morales, desempeñando la primera magistratura del país.

Esa decisión popular no fue del gusto de las oligarquías que tradicionalmente habían gobernado el país. Tampoco satisfizo a los Estados Unidos que ven inquietos estos alborotos revolucionarios en su “patio trasero”. El descontento alcanzó también a las multinacionales petroleras –Repsol YPF, entre otras- cuyas cuotas de participación en las ganancias derivadas de la explotación del gas boliviano se han reducido sensiblemente.

Desde el mismo día en que Evo Morales fue elegido, sus adversarios no han abandonado, ni por un momento, su empeño de derrocarle o, cuando menos, frustrar sus planes de democratización y distribución equitativa de la riqueza del país.

El último lance de esta indecente batalla toma la forma de una aparentemente espontánea pulsión autonomista en aquellos departamentos en los que, además de ubicarse los mayores yacimientos de gas y tener un mayor grado de desarrollo económico, el apoyo con que cuenta el Presidente Morales es inferior. Los enemigos de la revolución humanista y no-violenta impulsada por Evo, bajo la apariencia de nobles aspiraciones descentralizadoras, han convocado, al margen de todo procedimiento legal, un referéndum para sancionar un proyecto de Estatuto de Autonomía que, una vez pasada la declaración de lealtad a la República del preámbulo, toma aspecto de carta fundacional de un nuevo Estado. Como era de esperar, se atribuye al gobierno autonómico el “control y fiscalización” de la producción de hidrocarburos, cosa que, imaginamos, llenará de gozo a las multinacionales petroleras.

El referéndum está convocado, a pesar de la reprobación de la autoridad electoral, para el 4 de mayo. Es inédito que, en un país con un proyecto constitucional recién aprobado y sólo a falta de ser plebiscitado, una administración local, en una maniobra digna de un piloto de fórmula uno, se adelante y convoque su propio referéndum, pretendiendo apalancar para dicha administración local competencias que, de acuerdo a la Constitución del Estado, no pueden ser descentralizadas.

La democracia directa es el mejor instrumento para la adopción de decisiones colectivas, pero lo que en apariencia es una expresión democrática, no lo es, puesto que están siendo excluidos de la toma de decisión la mayoría de los afectados por ésta. No es democrático que unos pocos decidan sobre lo que es asunto de todos. Y, las reglas del juego de un país son asunto de todos sus habitantes. Y, los recursos naturales de un país son asunto de todos sus habitantes. Los cruceños por sí solos no pueden ni deben decidir sobre la estructura constitucional de Bolivia ni pueden atribuirse para sí competencias que son del conjunto de los bolivianos.

Los enemigos de la democracia y de la equidad social saben que con este ardid obstaculizan la aprobación de la nueva Constitución de Bolivia, que ya es reconocida como la más avanzada del mundo en materia de derechos humanos. E, incluso, con un poco de fortuna, podrían conseguir que sean sus mismos compinches los que controlen qué cantidad de gas extraen de los yacimientos bolivianos.

Los embajadores norteamericanos, los nuncios y los ejecutivos de las multinacionales siguen tratando de gobernar al mundo. Si antes buscaban sus peones entre los latinoamericanos que se formaban en la “Escuela de las Américas”, hoy los reclutan entre los alumnos aventajados de prestigiosas universidades privadas. Así son los golpes de estado del siglo XXI.

No es admisible seguir calificando de “asunto interno” un intento orquestado desde el exterior para violentar la voluntad de un pueblo. La comunidad internacional debe actuar. Y, el Gobierno de España debería asegurar, cuando menos, que los intereses de las multinacionales españolas en general, y de Repsol YPF en particular, no interfieren en la difícil situación que se está viviendo en Bolivia.

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Sunday, April 13, 2008

Matrimonio y católicos

Este artículo no lo escribí yo. Fue publicado en 2004 en Psicobyte (http://www.psicobyte.com/articulo/matrimonio_y_catolicos)

En línea con la actual relevancia social en torno a la modificación de la legislación española sobre los matrimonios, la postura de los católicos en ella, voy a exponer mi posición aquí, que para eso es mi blog:

Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos.

Me parece una injusticia y un error tratar de impedirselo.

El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.

Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de caracter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.

Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio del matrimonio.

Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por “el qué dirán” o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestrucuturadas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familas católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.

Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruín de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.

Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.

Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de “¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!”.

Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bién es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor problabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.

Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.

En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitirseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.

Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.

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Saturday, April 12, 2008

El derecho a migrar

Dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio.

Es obvio que, para que este derecho sea efectivo, se requiere que quien trata de salir de un país sea admitido en otro en el que no se den las condiciones causantes de la expatriación, que habitualmente son la pobreza, la violencia física, la represión o la discriminación. Dicho en otros términos, para garantizar este derecho se requiere que la legislación del país de salida reconozca el derecho a emigrar y que la legislación del país de llegada reconozca el derecho a inmigrar. Si no se cumplen ambas condiciones, en esta materia, la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en papel mojado.

A los gobernantes de los países de la Unión Europea se les llena la boca cuando hablan de los Derechos Humanos pero, tanto la legislación comunitaria como las internas están concebidas para negar esos derechos a todos aquellos a los que el destino castigó con haber nacido en lugares de la Tierra donde la pobreza campa a sus anchas.

Mientras existió el bloque soviético, Europa Occidental exigía a los países de la otra Europa que autorizara la libre salida de sus ciudadanos. Cuando cayó el bloque, estos cínicos “defensores de los derechos humanos” se apresuraron a aprobar leyes que impidieran la entrada de aquellos que ya podían salir.

Fundamentan las leyes de extranjería en razones económicas, de orden público o de diferencias culturales. Son iguales a los que se oponían al fin de la esclavitud presagiando calamidades económicas por el encarecimiento de la mano de obra, graves desórdenes públicos causados por los libertos que no encontraran empleo e inespecíficos males morales derivados de igualar en derechos a blancos y negros. Algunos, de buena fe, alertaban sobre que la vida de muchos negros liberados empeoraría al dejar de tener garantizado el sustento. Nunca se produjeron los males morales presagiados, sino más bien al contrario. Ahora bien, la economía se resintió –especialmente la economía particular de algunos- al dejar de ser productivas muchas explotaciones agrícolas. También es cierto que la vida de muchos libertos empeoró con respecto a la situación anterior.

Sin embargo, por desastrosos que hubieran sido los resultados, casi nadie en su sano juicio pondría hoy en duda que la libertad de un ser humano no puede condicionarse a que eso sea bueno para la economía de un país. De igual modo, en esta época hemos de afirmar, que el derecho de todo ser humano a escapar de la miseria o cualquier otro tipo de injusticia no puede condicionarse a la conveniencia que ello tenga para los asuntos internos de un Estado o de una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea.

Se afirma que la Unión Europea no está preparada para soportar la presión derivada de la derogación de todas las leyes que restringen los flujos migratorios, pero se omite decir que nada se ha hecho y nada se hace para que esa realidad cambie.

El compromiso de las autoridades nacionales y comunitarias con los Derechos Humanos debería materializarse en planes concretos u “hojas de ruta” conducentes a la absoluta liberalización en breve plazo de la circulación y asentamiento de personas. Dichos planes han de prever tanto los cambios normativos como las acciones de gobierno orientadas a amortiguar el impacto social y económico del nuevo escenario. Por otra parte, la credibilidad de estas “hojas de ruta” va a depender del establecimiento de hitos intermedios verificables que representen avances sustanciales sobre la situación de partida.

Reconocer el derecho a migrar no es un mero acto de generosidad o de solidaridad de Europa y del resto de los países desarrollados. Es una obligación jurídica, nacida de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por las potencias europeas y lo único que cabría discutir sobre las obligaciones jurídicas de los Estados respecto a los derechos humanos es cómo y cuándo las cumplen.

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Saturday, March 8, 2008

Frente a la crueldad y la sinrazón, no-violencia

Ayer mataron a un hombre común. Su delito: haber sido concejal de su pueblo. No es la primera vez que asesinan, no es la primera vez que escogen a un individuo corriente, no es la primera vez que lo hacen con premeditación y alevosía. Aunque a diario ocurren hechos igual de crueles en todos los rincones del mundo, el acontecimiento se percibe más real cuanto más próximo o semejante sentimos a la víctima y, con ello, se hace más manifiesta la repugnancia que nos produce la violencia.

Han matado a un ser humano y han dificultado aún más el fin del sufrimiento. Y a los más violentos del otro lado, les ha faltado tiempo para vincular el hecho con los intentos de negociación con ETA y, así, desplegar su lenguaje más belicoso. Omiten decir que si el diálogo hubiera fructificado no tendríamos que seguir lamentando muertos.

Aunque la prudencia ha dominado las declaraciones de casi todos los partidos parlamentarios, algunos tememos que este asesinato desencadene una nueva involución en materia de derechos y libertades. Los indicios son peligrosos: Zapatero ha pasado de enorgullecerse de su compromiso con la paz a avergonzarse del diálogo con ETA y demostrar con ilegalizaciones de partidos, encarcelamientos por delitos de opinión y endurecimiento de las condiciones penitenciarias que puede ser tan “firme” como el PP en la “lucha contra el terrorismo”.

Desde luego que el Gobierno tiene el deber de localizar a los asesinos y ponerlos a disposición de los tribunales de justicia, pero también debe renunciar, por muchas que sean las presiones de los neofranquistas, a acciones violentas de toda índole –aunque sea una violencia de grado y calidad inferior a la de ETA- como es la negación del voto a un 10% de los vascos o el encarcelamiento de personas cuyo único delito es haber hecho uso de la libertad de expresión. Esas acciones gubernamentales no sólo son inmorales sino que están alejando más y más la legítima aspiración de todos a vivir en paz.

Frente a la crueldad y la sinrazón, no hay mejor respuesta que la no-violencia. El Gobierno que salga de las elecciones tiene el deber de apostar por iniciativas no-violentas como único modo posible de resolución definitiva del conflicto vasco.

En estos momentos de conmoción, cuando es fundamental no perder la calma, conviene recordar que, como dijera Gandhi, nada de lo obtenido con violencia podrá mantenerse sin ella. Añadiremos que la acciones violentas suelen ser causa y efecto de otras acciones violentas en lo que parece una espiral sin fin. Y que, sólo respuestas no-violentas permiten romper este círculo infernal.

Aquéllas son mis reflexiones. Mi corazón está con la familia de Isaías, con sus amigos, con sus paisanos y con sus compañeros de trabajo, partido y sindicato.

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Thursday, February 28, 2008

Por el artículo 23 o lo llaman democracia y no lo es

El pasado 6 de diciembre acudí a una lectura pública de la Constitución Española y llegué justamente cuando una joven leía el artículo 23, que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos.

Volví a casa y, emocionado, le conté a mi familia que España es un estado democrático dónde todos tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Llamé a muchos de mis compañeros del Partido Humanista y les leí una y otra vez el artículo 23 de la Constitución, el cual escuchaban con incredulidad.

Inmediatamente empezamos a idear como hacer que nuestros conciudadanos supieran que nos presentábamos a las elecciones y cuáles eran nuestras propuestas. Descubrimos que los mítines, la publicidad, las oficinas, etc. costaban mucho dinero, pero no sabíamos cuánto era razonable gastar en todo esto. A falta de mejores referencias, indagamos en los presupuestos del PSOE y del PP y averiguamos que gastarían unos 13 millones de euros y que ese dinero lo obtenían directamente del Estado. Calculamos que, en billetes de cincuenta euros, el paquete debía pesar por lo menos 250 kg, así que pedimos la furgoneta prestada a Paco y nos pusimos rumbo al Ministerio de Economía a recoger nuestros trece millones de euros para campaña electoral. Allí, Mayte les explicó que éramos los del Partido Humanista y que veníamos a por nuestros trece millones de euros y que, por favor, nos los dieran en billetes de cincuenta porque más grandes no te los cogen en ninguna parte. Cuál no sería nuestra sorpresa al descubrir que allí no tenían nuestro dinero ni lo habían tenido nunca. Al parecer, ese dinero sólo era para los que ya habían sacado escaños en ocasiones anteriores. Les protestamos diciendo que nos parecían unas condiciones de igualdad un poco raras esas de que unos empezaran la campaña con trece millones y otros sin nada, pero fueron infructuosos nuestros ruegos y súplicas. Hasta les explicamos que, si nunca nos daban el dinero, nunca podríamos salir electos y que esto era, como decían en mi casa, una pescadilla que se muerde la cola.

Paco, el de la furgoneta, mientras esperaba, además de recibir una multa, se leyó la ley electoral y descubrió que, según esa ley, los ayuntamientos cederían farolas para colgar carteles. Fue todo un consuelo. Pensamos que aunque no nos dieran el dinero, llenaríamos las farolas de la ciudad con nuestros lemas. Alegres, nos hicimos fotos (los más coquetos se las retocaron con el “photoshop”) y diseñamos carteles con atrevidos eslóganes. Cuando fuimos a la Junta Electoral a pedir información sobre las farolas en las que podríamos colgar nuestros carteles, nos preguntaron que a qué partido pertenecíamos y, cuando respondimos “humanistas”, en actitud condescendiente nos señalaron, sobre un plano, seis farolas que aún no recibían suministro eléctrico en un barrio con las casas desocupadas por carecer de cédula de habitabilidad. Víctor les recitó una y otra vez el artículo 23 de la Constitución y lo de las condiciones de igualdad, pero, en vista de que llevábamos el mismo camino que en el Ministerio de Economía, y antes de que volvieran a multar a Paco, nos encaminamos raudos al Ayuntamiento a preguntar cómo y cuándo podríamos colgar nuestros carteles en las farolas. Un funcionario encantador nos explicó que los carteles debían ser colgados por una empresa homologada, de acuerdo a un sistema de suspensión también homologado y que debíamos contratar un seguro de responsabilidad civil para la eventualidad de que las inclemencias meteorológicas provocaran la caída del cartel y éste dañara a algún transeúnte. Cuando le preguntamos al funcionario si sabía más o menos cuánto nos podría costar la broma, nos dio un susto tal que nos marchamos sin atrevernos a hacer más preguntas y sin mencionarle para nada el artículo 23 de la Constitución.

¿Existiría realmente el artículo 23 de la Constitución o era todo fruto de nuestros afiebrados sueños? Y andábamos tratando de dar respuesta a tan profunda cuestión, cuando supimos que se estaba fraguando el debate, o más bien, el padre de todos los debates en la hasta entonces desconocida Academia de la Televisión. Allá nos dirigimos, esta vez sin Paco, para pedir que me pusieran una silla y poder, en condiciones de igualdad, debatir con Rajoy y Zapatero. Nosotros teníamos mucho que decir. Estábamos seguros de que, si no íbamos, nadie defendería la derogación de la ley de extranjería o la necesidad de impulsar el desarme. De nada valieron los argumentos. Estaban todos demasiado preocupados acordando la temperatura del estudio, la distancia de las cámaras a los candidatos, el orden de intervención de Rajoy y Zapatero y otros asuntos de similar relevancia para la salud de nuestra joven democracia.
 
Mientras volvíamos a casa, Paco, que se nos estaba haciendo un experto en leyes, nos telefoneó para contarnos que, por haber presentado listas en casi todas las provincias, tendríamos derecho a veinte anuncios de treinta segundos en Televisión Española. Nos informó de que los grandes partidos tendrían noventa anuncios cada uno. La verdad es que éstas tampoco parecían “condiciones de igualdad”, pero tras la experiencia vivida en la Academia, recuperamos el ánimo al pensar que podríamos dirigirnos, aunque fuera por tan poco tiempo, a todos los ciudadanos desde la televisión pública.

Cuál no sería nuestra sorpresa cuando vamos recibiendo la información de los horarios en que los distintos partidos tendrían sus espacios gratuitos en la tele y, descubrimos que los noventa anuncios del PP y PSOE se emitirían con el telediario de la noche, cuando hay tres millones de telespectadores, mientras que nuestros veinte anuncios los colocarán de madrugada o en horario matinal mientras transmiten los concursos hípicos, cuando se espera que haya cuarenta y cinco mil personas viendo la tele. Cuando preguntamos por las “condiciones de igualdad” del artículo 23, nos explicaron que los partidos grandes eligen primero y después lo hacen los partidos pequeños. Repliqué que en casa de mis abuelos también los más mayores escogían comida de la fuente antes que los más jóvenes, pero que mis abuelos tenían la prudencia de poner suficientes piezas de comida para que nadie tuviera que conformarse con mojar pan en la salsa.

Estábamos al borde de tirar la toalla, cuando apareció Jordi, nuestro abogado de causas perdidas y hombre de fe inconmovible, y nos abrió nuevas puertas sugiriendo que debíamos depositar toda nuestra confianza en los jueces. Había estudiado la Constitución y, además de comprobar que el artículo 23 existía, había descubierto otro muy interesante: el 117. Decía este artículo que la justicia se administra por jueces independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. En vista de ello, decidimos acudir a los señores jueces de la Junta Electoral para pedirles anuncios en la tele en “condiciones de igualdad” con otros partidos, porque no veíamos manera de conseguir el millón y medio de votos que necesitaba para ser elegido Senador, si sólo cuarenta y cinco mil españoles se enteraban de que nos presentábamos.

Anteayer, Mayte, Jordi, Paco, Víctor y yo, esperábamos ansiosos, como concursantes de un reality show, la resolución de la Junta Electoral. Sonó el teléfono y, tras ello, el infernal pitido del telefax. Y esa fue nuestra penúltima decepción. El juez que preside la Junta Electoral firmaba una especie de sentencia colectiva en la que decía que se rechazaban a la vez todas las reclamaciones de todos los partidos referentes a los anuncios en televisión. La “sentencia colectiva” no decía nada del artículo 23 ni de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. La perplejidad se reflejaba en nuestros rostros, pero, como somos gente de natural optimista, aún encontramos dos motivos de celebración. Nos alegramos de la fortuna que tienen el resto de ciudadanos porque aún no se haya extendido la práctica de las “sentencias colectivas” a otros ámbitos de la justicia, porque, dependiendo de con quién te toque recibir sentencia lo mismo te caen 25 años por hurtar un pintalabios en El Corte Inglés. También nos alegramos de estar tratando con el Presidente de la Junta Electoral y no con el de la República Francesa, porque esté último, para provocarnos el mismo sentimiento de desprecio, nos habría dicho “piraos, pobres gilipollas”.

Y, con todo esto, los cinco evaluamos la experiencia y concluimos que aunque lo llamen democracia, no lo es, y que mentes muy perversas habían concebido todo este tinglado para que no haya modo de echar de la poltrona a la media docena de partidos que ya están instalados.

A pesar todo, hemos decidido que, con artículo 23 o sin artículo 23, lo seguiremos intentando. Lo haremos porque tanto los humanistas como muchos amigos de otras organizaciones que tampoco tienen cabida en esta “democracia” creemos que merece la pena mantener viva la llama de la esperanza en un mundo no violento, más justo, más humano. Nos podrán arrebatar nuestros derechos, pero no podrán robarnos los sueños. Y, como dijera Allende, sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

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Sunday, January 13, 2008

Crónica de una boda no anunciada

Ayer, sábado, tuve la oportunidad de vivir una experiencia poco común. Se casaba mi prima Nieves, de Badajoz, con Nuno, portugués. Nieves y Nuno son primos segundos, la madre de Nieves y la madre de Nuno son, entre sí, primas hermanas. Ambas son nietas de los campomaiorenses Ana y João, que, a su vez, son bisabuelos de los novios.
No son inusuales los casamientos, lo que es inusual es el regalo, que, posiblemente sin proponérselo, hicieron los novios a muchos de los asistentes y, especialmente, a toda una generación de primos hermanos que pudieran reencontrarse: la madre de la novia con sus hermanos, la madre del novio con los suyos y João, el benjamín, primo de ambas.
Todos los primos presentes, siete, iban acompañados por sus hijos y, en la mayor parte de los casos, por sus nietos, a los cuáles exhibían con indisimulado orgullo.
Pertenecen todos ellos a una generación protagonista de la transformación experimentada por España y Portugal en los últimos decenios. Nacieron y se criaron en el seno de familias católicas con rígidos valores, en una época en la que siniestros dictadores gobernaban en la península. Hoy día, ven como crecen sus nietos en contextos que, en muchas ocasiones, les desorientan por la ausencia de aquellas normas que, aunque sólo fuera para quebrantarlas, les daban referencia en su juventud.

Sus vidas, muy diferentes entre sí, tienen el denominador común de ser como páginas de la historia de esta Iberia maltratada por liberticidas y explotadores. El catolicismo casi militante, el miedo a la libertad, la presencia colonial en África, las historias de estraperlo, las largas temporadas de los primos españoles en tierras portuguesas –donde en guerra y posguerra se estaba más seguro y se comía mejor- o la crueldad con que se trataba a quién rompía las normas de la moral de la época son, entre otros muchos, elementos que guarnecen su existencia. Sus memorias serían fuente de inspiración para los guionistas que, en televisión, relatan los aconteceres de los Lopes en Portugal y los Alcántara en España.

Ayer, los siete, con esa perspectiva y mayor serenidad de juicio otorgadas por una larga trayectoria vital, se reunieron, y compartieron durante varias horas recuerdos y emociones. Se les veía felices de reencontrarse entre ellos y de reencontrarnos a algunos, ya de la siguiente generación, pero que éramos recordados con un envidiable precisión.

Hablaron durante horas de sus cosas. Rieron y bailaron juntos. De muchos, aunque los conocí en mi infancia, tenía más recuerdos por los relatos de mi madre que por mi propia experiencia, pero era maravilloso ver como esos alegres sexagenarios o septuagenarios mantenían los mismos rasgos de carácter que mi madre recordaba.

Hacía tiempo que no veía a mi madre tan contenta. De alguna manera, la experiencia de ayer le llevó a recuperar de lo más profundo de su memoria recuerdos felices que ya parecían sepultados para siempre por la losa del olvido.

Y, yo, que estoy en esa edad en la algunos hemos aprendido a disfrutar con la felicidad de los hijos, primero, y con la de los padres después (lo he dicho en el orden correcto, no me he equivocado), fui también feliz de ver a mi madre, y a sus coetáneos, tan gozosos.

Pero no sólo me hizo dichoso verla a ella así. He de admitir que también yo me emocioné al reencontrarme con todos ellos y permitir que se estimulara una dulce y amable nostalgia. Los recuerdos que tengo de mi infancia con mi tía Gloria y mi tío Pepe son abundantes. Los de mis tíos segundos (los portugueses), son algunos menos y, sobre todo, menos nítidos de lo que quisiera. Pero, en todos los casos, están llenos de calidez y hay detalles cuyo recuerdo, aún casi cuarenta años después, me enternecen.

Si algo lamento de lo de ayer, es que las hijas de Dom João y Doña Ana no hayan podido compartir esta experiencia con nosotros. Si, allá donde estén, pueden ver estas cosas que hacemos los que aún no hemos pasado por el trámite de la muerte, estoy seguro que ellas también habrán sido felices de contemplar como el nieto de una ellas se casaba con la nieta de la otra.

A mi abuela Flor (a la que siempre llamé Ma Fo), a mi tía Julieta y a mi tía Libania, que ya no viven en este espacio y tiempo, gracias. Mamá, tía Gloria, tío Pepe, Jorge, Maria, Ana y João, gracias. Gracias por lo que habéis vivido. Gracias a vosotros, y a todas esas generaciones de la primera mitad del siglo XX por lo que nos habéis legado a los que llegamos después.

Nuno y Nieves, gracias por haberles permitido este emocionante reencuentro. ¡Os deseo lo mejor!

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