Pensares y sentires ciertos e imaginados de un humanista díscolo y turbulento

Sr. Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
Govern de Catalunya
Barcelona

Sr. Conseller:

Como consecuencia de sus órdenes, personas que no estaban ejerciendo ninguna clase de violencia ni representaban peligro alguno han sido agredidas con brutalidad, ensañamiento, alevosía y abuso de superioridad.

No es Vd. un pobre desgraciado que se ha visto abocado por el azar a una situación no elegida y en la que no ha sabido dar una respuesta más acertada. Tiene Vd. 53 años, dos carreras universitarias, cinco años de experiencia como consejero del gobierno de Cataluña y algunos más como concejal. Ha dedicado su vida a la política. Nada de ello se consigue actuando de modo irreflexivo. Cuando da las órdenes de desalojo de la plaza, sus ocupantes llevan ya varios días en ella. Nada parece indicar que su decisión haya sido fruto de un impulso incontenido frente a una situación que le desborda (lo cual tampoco le eximiría de responsabilidad), sino más bien de un acto plenamente intencional que, en términos de mera crítica política y sin que con ello esté yo tratando de realizar una valoración de la actuación que correspondería a los órganos judiciales, sólo merece ser calificado como criminal.

Sus actuación le hace indigno de ocupar cualquier cargo público. Dimita: será bueno para la sociedad y para Vd. mismo.

El pueblo tiene derecho a no revivir, cada vez que vea su cara en los medios, el dolor por lo acaecido el sábado y el terror que inspira Vd.

Por otra parte, su marcha le dará la oportunidad de iniciar una nueva vida en la que dé otra dirección a sus actos. Nada es irremediable. Ponga al servicio de buenas causas todas las capacidades que ha puesto al servicio de obtener su cargo; trate de reparar una, dos y, mil veces si es necesario, el daño hecho. Si hace lo anterior, quizás, en algún momento, pueda volver a caminar por su pueblo con la frente alta y, lo que es más importante, quizás ahuyente a esos fantasmas que antes o después le asaltarán cada noche para quitarle el sueño.

Saludos.

Al Sindicat de Mossos d’Esquadra – CC.OO – sme@ccoo.cat
Al Sindicat Autònom de Policia – UGT – sap@sap.es

Ayer por la mañana, al despertar encontré varios mensajes en mi teléfono móvil que me informaban de la partida de Mario. Lo cierto es que apenas reaccioné. Me pareció un hecho triste, pero varios mensajes de correo electrónico que circularon en las últimas semanas hacían prever que el momento se acercaba.

En la tarde acudí a las ceremonias previstas en el Parque Toledo. Reconozco que lo hice de un modo un tanto mecánico; en una circunstancia como ésta, dejar de estar entre mis compañeros de viaje, no era una opción admisible. El ambiente en el lugar era distenso, aunque de gran emotividad entre todos y, la intensidad y duración de los abrazos no era la propia  de amigos que nos vemos con frecuencia sino más bien de hermanos que llevaran años sin encontrarse. Es verdad que la humedad en los ojos de alguno que otro denotaba un cierto desborde de esa emotividad; sin embargo, el clima general era de serenidad frente a la partida de Aquél que siempre estará entre nosotros.

A lo largo de hoy, sábado, he estado haciendo algunos trabajos de los propuestos para los postulantes a la Escuela. En varias ocasiones, he perdido la atención y el recuerdo de lo acaecido se me hacía presente, acompañado de algún otro recuerdo significativo de mi participación en nuestro movimiento. En cada una de esas ocasiones, la emoción me ha embargado y un suave llanto se ha apoderado de mí. Pero mi llanto no ha sido el de la desesperanza. Ha sido un llanto suave, dulce incluso,  provocado por el reconocimiento profundo de que la historia de mi vida, la la de mis acciones y omisiones, la de mis aciertos y errores, la de mis contradicciones y las de mis intenciones, sólo puede ser comprendida a la luz de las enseñanzas de Silo.

Y, si alguien, en su ignorancia creyera que mi reacción es desproporcionada o una suerte de gratuito culto a la personalidad,  ¡qué poco sabe de la habitual insolencia del autor de estas líneas! y, sobre todo, ¡qué poco conocía al Maestro!

Hoy más que nunca caigo en cuenta del regalo que me hicieron tanto el amigo que me llevó de la mano hacia la obra común como aquellos otros que, como orientadores, pares, compañeros de actividad, mensajeros o de otras maneras, me han ayudado a lo largo de muchos años a mirar el mundo de otra manera. Son muchos los nombres y sería casi imposible citarlos a todos.  Permítanme pues, aunque mi agradecimiento se extiende a todos, que mencione sólo a mi entrañable amigo Jesús, que fue quien hace casi treinta años me mostró el siloísmo.

Los seguidores contemporáneos de Silo hemos tenido una inmensa fortuna que ya no tendrán los que a partir de este momento adhieran al siloísmo. Esa reflexión explica, por sí misma, la especial intensidad de nuestras emociones en este momento tan singular. Dejemos, pues, que esas emociones fluyan, pero agradeciendo el regalo que la vida nos ha hecho coincidiendo en este tiempo y espacio con un ser humano tan excepcional. Ahora nos corresponde seguir haciendo, sin su tutela directa, nuestra parte. No será una tarea exenta de dificultades, pero que, con nuestra intención y su copresencia, sabremos hacer.

Hoy y siempre, gracias, Maestro.

Para todos, paz, fuerza y alegría.

Hoy han vuelto a llegar a España malas noticias desde Afganistán. Combatientes afganos han matado a un colombiano y han herido gravemente a otro compatriota suyo y a un español, todos ellos enviados a la guerra por el Gobierno de España. Las tropas enviadas por el Gobierno han acabado, a su vez, con tres afganos.

Cuatro muertos más que lamentar en un incidente violento ocurrido en ese lejano país al que hemos ido con nuestras máquinas de matar sin que nadie nos invitara.

Nadie se acordará de los afganos muertos. Según el Ministerio de Defensa, cometieron un atentado. No sabemos si también lo llamarían atentado si el tanque fuera afgano, estuviera transitando por la Puerta del Sol de Madrid y el que hubiera puesto la mina para destruirlo fuera un cabo primero de la Legión. Ojalá no tengamos que averiguarlo nunca. Pero como esto es un “atentado”, los afganos muertos son terroristas y, por ello, no merecen ni ser mencionados en el comunicado del Miniesterio. Para el Gobierno español no existen. Son el enemigo. El enemigo cuya tierra hemos invadido, pero, al fin y al cabo, el enemigo.

Al joven colombiano John Felipe sí le mencionan en el comunicado de prensa. Dan su graduación, edad, nacionalidad y destino. Durante unos días será noticia. Carme Chacón ya partió para Afganistán. Hará declaraciones sentidas y quizá llore, pondrá una medalla en el féretro del chico y solicitará una pensión para la familia de John. Carme no puede permir que la moral de la tropa decaiga. Es necesario que los soldados perciba nque el mando está con ellos. Pero, tras dos semanas, John Felipe pasará al olvido, como pasaron Jorge Arnaldo, Germán, Stanley, Idoia, Cristo, Christian, Rubén y otros muchos. A nadie le importará lo sucedido y su memoria correrá la misma suerte que la de los tres afganos abatidos hoy. Son carne de cañón. Y, como en España escasea, la importamos de fuera. Ecuador, Colombia o Perú son buenos proveedores: países con muchos jóvenes necesitados dispuestos, por unos pocos euros, a sacrificar sus vidas o sus conciencias en esta guerra que tan ajena les resulta.

Mientras tanto, un Zapatero, en el que ya no reconocemos al que se manifestara contra la guerra de Irak, organiza con el flamante Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, el envío de otros quinientos soldados más a morir o a matar.

Disculpenme, amigos, si hoy no soy capaz de encontrar unas palabras de esperanza o de optimismo para cerrar mi reflexión, pero el dolor, la pena, el asco y la impotencia me invaden. Espero que puedan entenderlo.

El Gobierno de España ha anunciado su intención de reformar las leyes para prorrogar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, así como para endurecer las condiciones para la percepción de pensión e, incluso, disminuir su importe para ciertos colectivos.

La reforma era algo tan previsible como la crisis inmobiliaria o la crisis financiera. Sólo faltaba ponerle fecha y que algún Gobierno asumiera el coste político. Zapatero ha hecho ambas cosas.

Es curioso como, en España, cada vez que hay elecciones, el PSOE nos amenaza con los males que recaerán sobre nuestras cabezas si gana la derecha, pero finalmente suelen ser ellos, estos neoliberales con piel de socialdemócratas, los que actúan de mamporreros del gran capital. Felipe González acumuló en su debe numerosos recortes en los derechos de los trabajadores, la cruel reconversión industrial, el alto porcentaje de contratación temporal y endurecimientos en las condiciones para la percepción de pensiones. El PSOE hizo el trabajo sucio que luego, el PP, sólo tuvo que consolidar. Zapatero, a pesar de sus proclamas sociales por toda Europa, se descuelga ahora con esta provocación.

El momento es propicio para el anuncio. Las crisis financiera e inmobiliaria y la subsiguiente recesión económica han evidenciado la invalidez del modelo productivo español. No es válido para crear empleo pleno, de calidad y productivo y, consecuentemente, no genera riqueza suficiente para que tanto trabajadores como pensionistas cuenten con unos ingresos dignos. Ahora bien, es profundamente injusto que éstos (los trabajadores y los pensionistas) paguen con aumentos de cotizaciones o reducciones de derechos la inoperancia de nuestros gobernantes pasados y actuales y el ilegítimo lucro de los únicos beneficiarios de estas crisis: los especuladores inmobiliarios y financieros.

En todo caso, las crisis sólo han sido disparadores y aceleradores de la reforma pues los argumentos de sus defensores resultan más fácilmente explicables con cuatro millones de desempleados que con una economía en aparente expansión. Llevan años repitiéndonos que el sistema de Seguridad Social no será capaz de pagar en el futuro las pensiones porque fue diseñado para tiempos en que había muchos trabajadores en activo y pocos jubilados. Nos dicen que había muchos jóvenes para contribuir (la generación de la explosión demográfica conocida como “baby boom”) y los pensionistas eran los pocos supervivientes de la Guerra Civil que, además, tenían la deferencia de morirse pronto y, así no abusar de la generosidad de la Seguridad Social. Supuestamente, en ese diseño, sucedía que, por término medio, por cada dos trabajadores que ingresaban dinero en la cuenta de la Seguridad Social había un jubilado que iba retirar su pensión de la misma cuenta. Parece que las proporciones han cambiado y que en el futuro cambiarán más; los pensionistas que van a pretender retirar dinero de la cuenta van a ser muchos más que antes, porque serán justamente aquellos chavales del “baby boom”, que están ya cambiándose de la fila de los que pagan a la fila de los que cobran y, a diferencia de sus cumplidos abuelos, son unos desvergonzados que pretenden seguir vivos y, en consecuencia, cobrando pensión, hasta los 80 ó 90 años.

A fuerza de repetirnos lo anterior hemos acabado por creernos que la reducción de nuestras pensiones y el retraso de la edad de jubilación es un hecho inevitable y que sólo cabe esperar que se retrase lo suficiente para que no nos afecte. Por si llega demasiado pronto, aquellos a los que nos sobran algunos euros a fin de año, los depositamos en los planes de pensiones, pequeñas huchas custodiadas por los bancos y etiquetadas con el nombre de cada uno de nosotros para que nuestra vejez con la miserable pensión que probablemente nos deje el sistema público, no sea tan penosa. El banquero elegido, amablemente, autorizará la apertura de nuestra hucha el día en que nos jubilemos.

En definitiva, además de habernos preparado para que no nos rebelemos contra el expolio de nuestros derechos, han dejado el terreno expedito para que los bancos exploten una rentable línea de negocio basada en el comprensible temor de muchas personas a una vejez con privaciones.

Sin embargo, todo el razonamiento tiene algunas trampas.

Aún, algunos de nuestros conciudadanos creen que la pensión percibida de la Seguridad Social es, de alguna manera, fruto del dinero cotizado en su vida laboral activa. Los distintos gobiernos han tratado de mantener esa ficción, pero, obviamente no es así: el dinero que cada trabajador o su empresa deposita en la caja de la Seguridad Social se gasta inmediatamente en pensiones. Si se afirmara que, a pesar de lo anterior, lo que finalmente se recibe como pensión es dependiente de lo aportado en la vida laboral activa, sólo se diría la mitad de la verdad. Es cierto que, cuando se fija la pensión de jubilación, los tiempos y cantidades aportadas al sistema de Seguridad Social son tenidas en cuenta, pero no lo es menos que los criterios son cambiantes, de modo tal que la contribución no consolida derecho alguno a la percepción de pensión sino que dicho derecho, así como el importe de la pensión, es dependiente exclusivamente de la legislación vigente en el momento de la jubilación.

Los pagos a la Seguridad Social constituyen, a diferencia del IRPF o el Impuesto de Sociedades, un impuesto finalista. Es decir, la Seguridad Social tiene una contabilidad separada de la del resto de las cuentas del Estado. Las deducción de Seguridad Social que nos realizan en la nómina a los trabajadores (o el pago que realizan autónomos y empresas) está diferenciada del impuesto general (IRPF), se calcula con criterios diferentes, se deposita en cuenta separada y las pensiones sólo se pagan de esta cuenta. Como consecuencia de ello, si sobra dinero, como ha pasado en estos años atrás, se guarda en un bote para necesidades futuras y si las cantidades recaudadas por cotizaciones a la Seguridad Social son insuficientes para hacer los pagos, que es lo que parece que se anuncia, lo único afectado es el propio sistema de Seguridad Social.

Ningún otro servicio estatal está gestionado con impuestos finalistas. Es decir, no hay un impuesto especial con un sistema de cálculo diferenciado para pagar, por ejemplo, los gastos de alimentación de la familia real o la contribución de España a la OTAN, de modo tal que si, por cualquier circunstancia, los ingresos disminuyeran, fuera necesario legislar para sustituir en la cocina del Palacio de la Zarzuela la gamba blanca de Huelva por langostino de criadero o, cosa menos grotesca pero más interesante, retirar las tropas de Afganistán.

Para el resto de gastos, el Estado recauda a través del Impuesto sobre la Renta (IRPF), el Impuesto de Sociedades, el IVA y algún otro impuesto menor y, con todo lo recaudado, las Cortes deciden como se reparte cada año entre las distintas necesidades, priorizando según la importancia que, de acuerdo a los valores e ideología de los partidos mayoritarios, tenga cada partida presupuestaria.

La consecuencia de no tener integrada la Seguridad Social con el resto de cuentas del Estado es manifiesta. Si sobra dinero, éste no puede emplearse en atender o mejorar otras necesidades sociales básicas como educación, salud, vivienda, etc. Y, si como se prevé que sucederá en unos años más, falta dinero, tampoco puede resolverse el problema reduciendo otros gastos del Estado, sino que la solución hay que buscarla dentro del sistema de Seguridad Social, penalizando, si es necesario, a los trabajadores con más cotizaciones o a los pensionistas con menos derechos. Con el resto de gastos del Estado no sucede lo mismo. Cuando falta dinero, falta para todo y cuando sobra, sobra para todo, tomándose, mediante la política presupuestaria, las decisiones de incrementos o reducciones de impuestos y gastos que correspondan, pudiendo todas las partidas ser objeto de discusión.

Debemos de denunciar el engaño al que se somete a la ciudadanía haciéndole creer que ciertas medidas son inevitables y que no queda más alternativa que la resignación y, si se puede, ahorrar algo por medio de planes de pensiones custodiados por entidades financieras. No serán, desde luego, los bancos los que denuncien la farsa. Más bien al contrario, los banqueros babean ante la magnífica golosina que representa esos depósitos inmovilizados durante decenas de años, con los que podrán libremente especular con avaricia e irresponsabilidad, hasta el punto de que si de la especulación resultan ganancias serán para el banco y si hay pérdidas lo serán para los ahorradores, ya que astutamente el banco habrá distribuido las inversiones propias y las de los fondos del modo más conveniente para sus intereses y, además, habrá separado en una sociedad anónima diferente la gestión del fondo para limitar sus responsabilidad en caso de pérdidas.

Corresponde ahora repensar el sistema desde una óptica radicalmente diferente.

Resulta obvio que, aunque se aspirara a ello, el Estado no está en condiciones de garantizar (como los bancos dicen hacer) que las contribuciones de cada trabajador quedan almacenadas en una hucha particular que luego se recupera en forma de pensión a su jubilación, puesto que el mismo dinero que serviría para llenar esas huchas es necesario ahora para pagar el gasto de pensiones actuales. Así pues, aunque es una opción que en modo alguno comparto, me ahorraré comentarla.

Una mirada humanista nos debería conducir a fundamentar de otro modo el derecho a la percepción de una pensión. Hasta ahora el derecho al cobro de una pensión y el monto de ésta se asociaba al hecho de haber contribuido en la vida laboral activa al sistema de seguridad social y a las cantidades aportadas. Dicha asociación de ideas es, a mi juicio, extremadamente insolidaria pues excluye del sistema, condenando a la pobreza, a quiénes no quisieron o no pudieron hacer esas contribuciones y prolonga, más allá de la vida laboral las diferencias retributivas, incurriendo en una práctica tan absurda y antisocial como otorgar un servicio público de más calidad al ciudadano que pudo pagar mejores impuestos. Es algo así como si las personas que pagan más impuestos tuvieran derecho preferente de acceso a los colegios públicos, a las viviendas de protección oficial o a ser colocados en las primeras posiciones en las listas de espera para ser intervenidos quirúrgicamente.

La asociación entre contribución a la Seguridad Social y derecho al cobro de pensión es, además de insolidaria, ilusoria. Es ilusoria porque, como hemos visto, el dinero cotizado se gasta en pagar pensiones tan pronto como se ingresa, por lo que ningún administrador público puede seriamente comprometerse respecto a los derechos que, pasados veinte o cuarenta años, otorgará haber cotizado.

Como humanista, creo que la pensión de jubilación deber ser concebida como el derecho universal a disponer de recursos económicos para subsistir dignamente sin necesidad de trabajar, cuando se alcanza cierta edad en la que resultaría injusto pedirle a esa persona que siga laboralmente activa o, cuando sin llegar a esa edad, se produce una circunstancia similar, bien por el largo número de años dedicados al trabajo, bien por la especial penosidad de las actividades desarrolladas en el período de actividad laboral.

De este plantemiento se deriva que el monto de la pensión no debe vincularse a conceptos como los años de cotización o las cantidades cotizadas, sino que más bien se trataría de contar con un importe único para todos los pensionistas sólo modificable en condiciones de excepcional necesidad. Obviamente dicha cantidad debería alcanzar para llevar una vida digna. Nada impide que aquellas personas en activo con capacidad suficiente de ahorro pudieran constituir planes individuales de pensiones que, llegado el momento, complementen los ingresos de su pensión de jubilación, pero sin que en ningún caso la pensión pública fuera tan baja que disponer de un plan individual de pensiones constituyera una necesidad. Desde luego que toda la regulación de los planes de pensiones debería ser reformada atribuyendo al Estado un papel muy diferente al actual para garantizar que en ningún caso los ahorradores sean víctimas de la rapacidad de la banca.

También de esa nueva mirada sobre la pensión de jubilación, surge la necesidad de modificar el sistema recaudatorio. Actualmente es, como decíamos más arriba, un sistema finalista. Además de ellos es la antítesis de la progresividad impositiva. A diferencia del IRPF en el que a mayores ingresos mayor porcentaje de impuestos a pagar, en la Seguridad Social el porcentaje es único y existe un tope superior absoluto: todos los trabajadores pagan un 4,7% con un tope máximo de 150 euros mensuales, sea cual sea el salario.

En cuanto a las empresas, estás abonan un porcentaje fijo del salario de cada trabajador, aunque sin superar nunca los 750 euros por trabajador y mes (para el caso de trabajadores que cobren 3.100 euros o más), con independencia de que la empresa sea muy rentable o esté generando pérdidas. Es decir, se trata de un sistema en el que contribuyen más las empresas que más trabajadores tienen y mejor pagan a los trabajadores de baja categoría, con independencia de los beneficios reales de esa empresa.

Y, desde luego, aquellos que sean ajenos al mundo del trabajo, porque sus ingresos procedan, por ejemplo, de rentas o herencias, en nada contribuyen a la financiación de las pensiones de jubilación.

Si la pensión de jubilación fuera un derecho universal debería financiarse con los impuestos generales y aplicando los mismos criterios de éstos; es decir, las contribuciones a la Seguridad Social deberían desaparecer, trasladando la recaudación equivalente a impuestos directos, que en términos absolutos se verían incrementados, de forma tal que contribuya más quien más tiene y desvinculando de modo efectivo toda expectativa de percepción de pensión de la situación económica de cada uno en su vida laboral activa.

Las medidas anteriores están relacionadas con lo que yo entiendo que sería una visión más humanista del problema porque atribuye derechos a cada ser humano en función de sus necesidades presentes y no en función de sus riquezas pasadas, porque pide que cada uno contribuya a la financiación de un servicio tan esencial como atender a nuestros jubilados según sus posibilidades reales.

Por supuesto que, desde esta óptica, la jubilación sería sólo un derecho, no una obligación. Esto es, aquellas personas que quisieran seguir en su vida laboral activa y no tengan una merma significativa de capacidades físicas o mentales que supongan un riesgo para ellas mismas o para terceros deberían poder continuar ilimitadamente en activo. Incluso sería positivo profundizar en medidas de flexibilización que permitan, a partir de cierta edad, compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con la percepción, también parcial, de la pensión de jubilación.

Soy consciente de que para aquellos que, puntualmente y durante muchos años, han hecho sus contribuciones al sistema público de Seguridad Social, les resulte extraño, e incluso inaceptable, que alguien venga a proponer que los que no han contribuido al sistema o lo han hecho aportando cantidades pequeñas, alcancen un derecho equivalente al suyo. No tengo muchos argumentos respecto a estas objeciones. Se trata de una opción ideológica. Tiene que ver con la sociedad que queremos para nosotros y nuestros hijos. Yo prefiero vivir en un mundo en el que aquellos que, por edad, ya no les podemos pedir que sigan laboralmente activos dispongan de unos ingresos garantizados que les permitan vivir con desahogo, sin importar cuál fue su pasado. Otros entienden que sólo los que contribuyeron mientras estaban en activo deben tener ese derecho y, además, que la cuantía debe estar relacionado con el tiempo y la cantidad aportada. Convendría, no obstante, que los que así piensa recuerden que tampoco el sistema actual proporciona garantía seria alguna en el sentido de vincular cotizaciones y percepciones.

También soy consciente de que otro sistema recaudatorio perjudicará económicamente a los trabajadores con ingresos superiores a los 3.000 mensuales y favorecerá a los que están por debajo de esta cantidad. También será contrario a los intereses económicos de las empresas con grandes beneficios y poco empleo, pero ayudará a aquéllas que crean empleo y tienen un beneficio razonable. Desde luego, también serán perjudicados económicamente los que, por vivir de las rentas, nunca contribuyeron a financiar las pensiones. Es probable que algunos de los que tengan que pagar más impuestos con este nuevo modelo recaudatorio no verán con buenos ojos esta propuesta.

Por último, estarán los que la rechacen porque prefieren que este gasto social, cuyo importe es casi idéntico al que el Estado dedica a otras materias, esté suficientemente aislado, para, de esa manera, asegurar que los gastos que, de acuerdo a sus valores, priorizan, no se vean afectados en la eventualidad de que la partida para gastos de pensiones deba incrementarse. En otras palabras, rechazarán una propuesta en este sentido porque, por nada del mundo, querrán que para asegurar los pagos de las pensiones puedan ser cuestionados, por ejemplo, los gastos en armamento o en subvencionar a ciertas organizaciones vinculadas a confesiones religiosas.

En todo caso, nada podremos objetar a los que se opongan a esta propuesta desde una visión del mundo diferente a aquella que la suscita. Para dialogar, sería necesario, antes, llegar a acuerdos sobre el modelo de sociedad al que aspira cada uno de nosotros. Algunos lo tenemos meridianamente claro. Me temo que otros también.

“El jefe del Ejecutivo subrayó que España tiene una obligación de solidaridad con aquellos países de los que es aliado y debe contribuir al esfuerzo internacional en una misión de apoyo humanitario de carácter conjunto”.

“El jefe del Ejecutivo recalcó que Naciones Unidas y la OTAN han definido la operación como de ‘estabilidad y reconstrucción’ y que las tropas trabajan para lograr un país ‘viable’, ‘democrático’ y ‘con un horizonte’”.

El primero de los párrafos anteriores está extraído de El Mundo y el segundo del periódico gallego Atlántico. Además de eso, les diferencia la fecha, uno es del 19 de marzo de 2003 (el día previo al comienzo del genocidio en Irak) y el segundo del 9 de octubre de 2009. Como el lector ya habrá podido deducir, el “jefe del ejecutivo” del primer párrafo era Aznar y el del segundo, Zapatero. Es curioso, no obstante, observar como el fantasma que habita en el Palacio de la Moncloa se apropia de los cuerpos de sus inquilinos más insignes y éstos desarrollan la admirable técnica de adornar palabras tan repugnantes como “tropas” y “aliados” con otras que aluden a sentimientos encomiables, tales como “solidaridad” o “humanitario”.

Ya todos sabemos que en Afganistán no hay una misión humanitaria ni nada similar. Hay una guerra y los soldados españoles constituyen una tropa invasora en un territorio ocupado. El pasado jueves, el joven soldado español Cristo Ancor Cabello murió en Afganistán. Su muerte se produjo mientras ocupaba la posición de tirador en una tanqueta como la que se ve en la foto, es decir, mientras manejaba ese artefacto mortífero parecido a una ametralladora ubicado en la torreta del vehículo. El hecho ocurrió cuando la tanqueta pisó una mina anticarro, es decir, una bomba de gran potencia que se activa cuando un vehículo pesado como éste pasa por encima. Quizá, incluso, fuera una mina producida en alguna de las numerosas compañías europeas o españolas de fabricación de armamento.

Foto de BMR 600

Indudablemente, la pérdida de Cristo es lamentable. Tan lamentable como la de cada ser humano, nacional o extranjero, civil o militar, que cae a diario a ese campo de batalla. Ahora bien, calificar este acontecimiento, como hace el Gobierno, de atentado terrorista, es asimilar la muerte de este joven con la de los viajeros de los trenes de Atocha, los compradores del Hipercor de Barcelona o muchos trabajadores y empresarios vascos que fueron víctimas de ETA cuando salían de casa para acudir a su trabajo o jugar una partida de naipes con los amigos. Y esto es una manipulación que, de no referirse a acontecimientos tan dolorosos, sería grotesca. Cristo murió en un acto de guerra, como acto de guerra, y no atentado terrorista, fue la venganza ejecutada al día siguiente por el ejército norteamericano.

Zapatero, como hizo Aznar, miente. Es triste ver repitiendo las palabras de Aznar al hombre que ganó las elecciones gracias al ansia de paz de los españoles a los que este personajillo rampante y belicista les causaba profunda repulsión.

Zapatero, al traicionar la esperanza de aquellos que confiaron en él, hace honor a la tradición de los líderes socialdemócratas. En su favor hay que decir que la traición no se ha consumado a la misma velocidad que la de su predecesor y correligionario Felipe González que, con pasmosa rapidez, pasó de liderar la oposición a la OTAN a convertirse en un atlantista convencido y, de luchador por la democracia, a valedor de los violadores de Derechos Humanos, que encontraron cobijo en sus gobiernos.

Es la hora de entonar de nuevo el “No a la guerra”. Es la hora de negarle ya el apoyo a ese presidente que, aunque juega a “poli bueno”, también canjea vidas humanas por entradas a la Casa Blanca. Es la hora de creer que ese mundo sin guerras, al que aspira la mayoría de la humanidad, es algo posible. Es la hora de que todos los que compartimos el proyecto de un mundo más humano tomemos el timón del futuro.

El día 14 de noviembre pasa por Madrid la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Un grupo de hombres y mujeres que, desde el 2 de octubre, día de la No Violencia, en que partieron de Wellington (Nueva Zelanda) hasta el 2 de enero, en que arribarán a Punta de Vacas (Argentina), recorrerán más de cien países portando un mensaje de esperanza.

La Marcha Mundial será recibida en cada punto de su recorrido por individuos y colectivos que sienten como propias las demandas de la Marcha: desarme nuclear absoluto, retirada de las tropas invasoras de los territorios ocupados, reducción del armamento convencional, firma de tratados de no-agresión y renuncia de los gobiernos a la guerra como medio de resolución de conflictos.

Ningún gobierno debería permanecer ajeno a esta llamada que nace de los corazones de la gente buena. España, como potencia ocupante en Afganistán, tiene sus deberes por hacer. El 14 de noviembre, si no ha enmendado aún, será muy buen día para recordárselo a Zapatero.

www.marchamundial.org

“En cuanto a la representatividad. Desde la época de la extensión del sufragio universal, se pensó que existía un solo acto entre la elección y la conclusión del mandato de los representantes del pueblo. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, se ha visto claramente que existe un primer acto mediante el cual muchos eligen a pocos y un segundo acto en el que estos pocos traicionan a los muchos, representando a intereses ajenos al mandato recibido. Ya ese mal se incuba en los partidos políticos reducidos a cúpulas separadas de las necesidades del pueblo. Ya, en la máquina partidaria, los grandes intereses financian candidatos y dictan las políticas que estos deberán seguir. Todo esto evidencia una profunda crisis en el concepto y la implementación de la representatividad.

Los humanistas luchan para transformar la práctica de la representatividad, dando la mayor importancia a la consulta popular, el plebiscito y la elección directa de los candidatos (…) En cuanto a la consulta directa sobre los temas de urgencia, cada día existen más posibilidades para su implementación tecnológica. No es el caso de priorizar los sondeos y las encuestas manipuladas, sino que se trata de facilitar la participación y el voto directo a través de medios electrónicos y computacionales avanzados.”

Documento del Movimiento Humanista – 1993

Resumen

Siendo numerosas las objeciones que se pueden formular a la democracia representativa, la mayor de ellas es la cesión, incondicionada y carente de control, que el pueblo hace de su voluntad, la cual queda, durante varios años, cautiva en manos de sus “representantes”.

Proponemos un nuevo modelo de toma de decisión en los parlamentos basado en el voto directo de los ciudadanos y no en el voto de los parlamentarios, los cuales podrían mantener el resto de sus funciones actuales.

En cada votación parlamentaria para aprobar una ley o una moción, todos los partidos políticos, incluso los extraparlamentarios, emitirían votos en representación concreta de cada uno de los ciudadanos que les hubieran apoyado en las últimas elecciones. Cada ciudadano, en las horas o días inmediatamente posteriores al pronunciamiento de los partidos podría decidir si ratifica o rectifica el voto que su partido, o representante, ha emitido en su nombre. La confirmación no demandaría acción alguna; la rectificación, en cambio, requeriría que el ciudadano emitiera su propio voto.

El sistema propuesto exige que cada vez que se celebren elecciones legislativas quede un registro fiable, seguro y secreto del partido o candidato de preferencia de cada ciudadano.

La actual madurez de las tecnologías de la información y las robustas infraestructuras de telecomunicaciones de muchos lugares permitirían la inmediata implantación del modelo propuesto en numerosos países, a costes razonables y sin desmedro de las garantías de privacidad del voto y de la fiabilidad de las votaciones.

Con el modelo descrito la capacidad de decidir permanece en todo momento en sus legítimos titulares, impidiendo de raíz la eventual traición de los representantes a los representados. Además, la decisión de votar directamente en una consulta no depende de que otros decidan si una materia es o no adecuada para ser plebiscitada. De este modo, los partidos políticos perderían la posibilidad de negociar usando la voluntad del pueblo como moneda de cambio y, por consiguiente, se vería notablemente mermado el poder de aquéllos que, ocultando su rostro, suelen maniobrar para que los partidos orienten su voto en el sentido de sus intereses.

Antecedentes

El secuestro de la voluntad popular

En los sistemas de democracia representativa, el pueblo es, supuestamente, titular de la soberanía. Sin embargo, dicha soberanía es delegada cada cuatro años en un conjunto de representantes que, en nombre de sus representados, toman decisiones, sin que exista certeza alguna de que la voluntad expresada por los parlamentarios en cada votación se corresponda con la voluntad real de los representados.

El depósito de la voluntad popular en los representantes tiene una duración predeterminada durante la cual los representados carecen de vías para retirar su apoyo a los parlamentarios, aún cuando el uso que estén haciendo éstos de su cargo sea contrario a las expectativas de los electores.

La democracia directa

La democracia directa, o ejercicio sin intermediarios del derecho de cada ciudadano a decidir, es considerada por casi todos los que se autodenominan demócratas como la formulación ideal de la democracia, siendo la representativa un remedo impuesto por la necesidad y la obstinada realidad.

Sólo la democracia directa, al garantizar que la capacidad de decidir permanece en todo momento en manos sus legítimos titulares, puede impedir de raíz la eventual traición de los representantes a los representados. Con ella, los partidos políticos perderían la posibilidad de negociar usando como moneda de cambio la voluntad del pueblo y, por consiguiente, se vería notablemente mermado el poder de aquéllos que, ocultando su rostro, suelen maniobrar para que los partidos orienten su voto en el sentido de sus intereses.

No faltan quiénes cuestionan la democracia directa dudando de la madurez de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones. Prevén catástrofes derivadas de la debilidad intelectual del pueblo, que sería presa de demagogos, manipuladores o grupos de presión. Consideran a los parlamentarios como sabios que protegen al pueblo de las consecuencias de su consustancial idiocia. Quienes así piensan son los herederos políticos de aquellos supuestos izquierdistas que en 1931 se resistían en España a conceder el voto a las mujeres porque éstas no iban a saber lo que les convenía o, remontándonos más atrás, los “revolucionarios” que negaban el voto, primero a los pobres, y más tarde a los analfabetos.

Otros, aún reconociendo la mayor legitimación de la democracia directa, han cuestionado ésta basándose en la inviabilidad de su aplicación generalizada. Sin embargo, y en coherencia con su pensamiento, han promovido la inclusión de instituciones de democracia directa en los sistemas de democracia representativa y, como reconocimiento de su mayor valor como expresión de la voluntad popular, estas instituciones –como el referéndum- suelen emplearse para adoptar las decisiones de mayor trascendencia política. Dichas instituciones, no obstante, no son empleadas a voluntad del pueblo sino de la clase política, la cual decide qué materias y bajo qué condiciones pueden ser objeto de consulta directa.

Desconocen los que declaran la inviabilidad de la democracia directa que las nuevas tecnologías están permitiendo ya participar a millones de personas en tomas de decisiones, aunque éstas sean de escasa relevancia social.

Esto es, en los países más desarrollados, las nuevas tecnologías de información y comunicaciones han removido algunos de los condicionantes que impedían tanto un mayor desarrollo de la democracia directa como una mayor robustez democrática a las estructuras de representación política. Con ordenadores conectados a Internet, teléfonos móviles, cajeros automáticos de bancos, usando aplicaciones informáticas apropiadas, sin atentar contra la intimidad de las personas y con plenas garantías de veracidad, sería posible conocer en tiempo real el apoyo popular del que goza cada partido político y la opinión de la ciudadanía sobre cualquier tema.

Otros alegan que un abuso de las instituciones de democracia directa generarían cierto hastío en la población que, finalmente, eligen a los legisladores justamente para hacer ese trabajo sin que cada ciudadano tenga que ser un experto o deba molestarse en expresarse personalmente acerca de todas aquellas materias sobre la que hay que legislar. Habrá que buscar pues, si aspiramos a la democracia directa, una solución que permita que sólo aquellos ciudadanos que lo deseen y en aquellas ocasiones que lo deseen puedan ejercer su derecho a la democracia directa, dejando el modelo de democracia representativa para el resto de situaciones.

Objetivo y alcance de la propuesta

El objetivo de esta propuesta es permitir que las personas, cuando así lo deseen y sin que tenga que mediar convocatoria específica de los políticos, puedan participar directamente en la toma de decisiones que les afectan, superando alguno de los límites que la democracia representativa impone a la verdadera expresión de la voluntad popular.

El modelo propuesto es de aplicación a la elección y funcionamiento de las cámaras legislativas, si bien, mutatis mutandis podría aplicarse a cualquier órgano cuya función principal sea la producción normativa o fijación de posiciones políticas (congresos partidarios o sindicales, plenos municipales, etc.).

Propuesta de democracia parlamentaria directa en sistemas electorales basados en listas

Los representantes políticos mantendrían todas sus funciones actuales, salvo la de votar en aquellas sesiones en las que actualmente representan la voluntad popular. Es decir, seguirían disponiendo de iniciativa legislativa, participando en las comisiones legislativas y de investigación, fraguando acuerdos y superando desacuerdos, expresando en sede parlamentaria las posiciones de sus grupos políticos, controlando la actividad del gobierno, etc. Ahora bien, no votarían en plenos en los que se aprueben leyes, conclusiones de comisiones, investiduras o censuras, mociones, etc.

En elecciones, el voto de cada ciudadano a un partido no sólo serviría para decidir quiénes son los candidatos que deben obtener escaño a la cámara legislativa. Además constituiría una delegación de voto a favor del partido político seleccionado.

Con las debidas garantías de confidencialidad y fiabilidad, debería quedar consignado cuál ha sido el partido político apoyado por cada ciudadano. Lo anterior exige que el voto se emita y registre por medios electrónicos (urnas electrónicas, Internet, cajeros automáticos, dispositivos móviles, etc.).

Las votaciones parlamentarias tendrían lugar en dos fases.

1. En la primera, un delegado de cada formación política (incluso de las que no hubieran alcanzado representación parlamentaria) emitiría tantos votos como personas hubieran apoyado a ese partido en las elecciones legislativas.

2. En la segunda fase, que podría durar unas horas o unos días, aquellos ciudadanos que no estén de acuerdo con el voto emitido por su formación política podrían rectificar dicho voto. Estos votantes podrían usar para ello Internet, dispositivos móviles, cajeros automáticos, etc. El resultado final de la votación se obtendría una vez finalizado el plazo dado para la segunda fase.

El registro electrónico, en el que conste cuál fue el partido apoyado por cada ciudadano, es necesario para que aquellos ciudadanos que lo deseen puedan rectificar el voto emitido en su nombre por su partido.

Las tecnologías de información y de telecomunicaciones son las que permitirían tratar millones de votos en lapsos breves, garantizando el secreto del voto y proporcionando fiabilidad al sistema.

Propuesta de democracia parlamentaria directa en sistemas electorales no basados en listas

El sistema sería similar al anterior, con la única diferencia de que tanto los candidatos electos y los no electos sí podrían votar en plenos, si bien su voto en la cámara legislativa tendría un valor equivalente al número de votos populares recibidos o asignados.

De igual manera, la votación tendría lugar en dos fases y, los ciudadanos, si no estuvieran de acuerdo con el voto emitido por su representante podrían rectificar dicho voto.