Europa y el desarme
Hoy, 17 de noviembre, y coincidiendo con la conmemoración de la Revolución de Terciopelo, los checos se manifiestan contra la decisión de su gobierno de aceptar instalaciones militares norteamericanas en su territorio. Se trata de una política rechazada, según las encuestas, por al menos dos tercios de los checos. Entre las demandas de los manifestantes está la celebración de un referéndum sobre la materia.
Las legaciones diplomáticas y consulares de Chequia en las ciudades europeas más importantes, entre ellas Madrid y Barcelona, están siendo hoy lugar de concentración de organizaciones humanistas y pacifistas para expresar su apoyo a las legítimas reivindicaciones de los manifestantes checos.
Los pueblos europeos no desaprovechan oportunidad para expresar su aversión al armamentismo y las guerras. El masivo rechazo de los europeos a la invasión de Irak fue una muestra más de la repugnancia que, en amplios sectores de la población mundial, provoca la violencia como método de resolución de conflictos internacionales. La buena acogida que, por el contrario, ha tenido entre esos sectores la declaración del presidente boliviano, Evo Morales, manifestando la renuncia de Bolivia a la guerra, confirma la impresión anterior.
Desde luego, que no puede ignorarse el actual sistema de relaciones internacionales y el clima imperante de violencia. Todavía la soberanía nacional es una garantía de los derechos de las personas y, también todavía, aunque deseemos que cambie el estado de las cosas, la fuerza militar es un fundamento de las relaciones internacionales. En ese contexto, el problema del desarme no puede trivializarse, pero tampoco cabe un derrotismo que acepte como inevitable este estado de cosas.
Enfrentar el reto histórico del desarme, dando satisfacción a las aspiraciones de paz de los seres humanos de esta época, es una tarea más adecuada para las organizaciones supranacionales de ámbito regional, como la Unión Europea, que para los estados-nación originados en el siglo XVIII, a los que la escena internacional les queda, como un traje heredado, excesivamente grande. Desde luego que los gobiernos nacionales pueden y deben ejecutar políticas favorecedoras del desarme, pero no deberían escatimarse esfuerzos en promover que dichas medidas sean asumidas en el seno de la Unión Europea.
El primer paso, una vez alcanzada la democratización de los poderes de la Unión, sería la unificación de la política exterior y de defensa y la desaparición de los ejércitos nacionales y su sustitución por una fuerza armada europea (integrada y no como mera agregación de los ejércitos suprimidos). Esta iniciativa, además de reforzar la identidad europea frente a las nacionales, permitiría una mayor eficiencia del gasto militar y, en consecuencia, su reducción sin deterioro de la eficacia.
Es cierto que iniciativas de desarme unilateral, especialmente en lo que a armamento convencional se refiere, crearían vacíos que rápidamente podrían ser ocupados por otras fuerzas violentas no necesariamente sometidas al poder civil legalmente constituido, causando un mal mayor del que pretendía evitarse. Ahora bien, no hay argumento alguno que sostenga el derecho de un país a mantener armamento nuclear, biológico o químico, cuyo uso, además de tener poco que ver con la defensa de la soberanía, podría causar daños de carácter inimaginable para toda la humanidad; Por ello, los esfuerzos deben dirigirse hacia el desarme unilateral de armamento NBQ y, simultáneamente, a conseguir un desarme proporcional y progresivo de armamento tradicional que invierta la tendencia armamentista y violenta actual, la cual no responde a la voluntad de los pueblos.
La tradición humanista de Europa, su condición de potencia mundial y el aún vivo recuerdo del doloroso tributo pagado en las guerras del siglo pasado, dotan a la Unión de mayor idoneidad y credibilidad para liderar iniciativas internacionales de desarme que la que tienen otras grandes potencias. Evidentemente, ello habría de pasar por la disolución de la OTAN o, cuando menos, por el abandono de las estructuras militares de esta organización o su transformación en una institución pacifista. También se requeriría la destrucción unilateral e incondicional de los arsenales nucleares, biológicos y químicos de los países de la Unión que poseen armamento de esta naturaleza y, más en concreto, de Francia y del Reino Unido.
La traducción práctica de ese liderazgo europeo en el escenario internacional consiste en convertir en la máxima prioridad de la política exterior común la consecución de acuerdos bilaterales y multilaterales de desarme progresivo con los países limítrofes con la Unión y, en general, con los de la cuenca mediterránea.
Dichos intentos no serán creíbles para sus vecinos en tanto Europa siga participando en invasiones, autorizando el despliegue de bases norteamericanas en territorio europeo o contribuyendo con sus tropas o su cooperación militar o diplomática a que se perpetúen ocupaciones de terceros países, como es el caso de Irak o Afganistán. Históricamente, algunas de dichas intervención militares han estado justificadas en una supuesta “necesidad humanitaria”, calificación de la que ha hecho uso y abuso, hasta el punto de cometerse en nombre de esas “necesidades humanitarias” auténticas tropelías contra la población civil o, simplemente, se ha abonado el terreno para la mera sustitución de unos opresores por otros. No se puede negar, desde luego, que en ocasiones la inacción de quien fácilmente puede impedir una catástrofe merece similar calificación moral que la que atribuyamos a sus causantes, pero debe evitarse la instauración de doctrinas del intervencionismo humanitario que, como demuestra la arbitrariedad con que se invocan y los resultados de tales intervenciones, suelen responder exclusivamente a intereses de los propios “intervinientes humanitaristas”. Cualquier intervención de esta naturaleza debería estar bajo bandera de Naciones Unidas, contar con un objetivo concreto y tener una duración limitada a lo imprescindible para la consecución del objetivo. Estos requisitos formales no serían condición suficiente, pero si necesaria, de cualquier intervención excepcional por razones humanitarias.
No se está hablando de la presencia de tropas europeas como fuerza de interposición o como garantes del cumplimiento de acuerdos entre los contendientes. En estas situaciones, siempre que se dé el acuerdo entre la totalidad de las partes en conflicto y la definición del alcance y duración de la misión, acudir en ayuda de quienes quieren poner fin a la violencia o, simplemente, frenarla temporalmente, es una obligación ineludible de quien tiene la capacidad para hacerlo y es reclamado para ello.
Aunque se haya convertido en un tópico, sigue siendo cierto que es una inmoralidad mayúscula negar recursos financieros para cubrir las necesidades básicas de millones de seres humanos mientras se despilfarran esas cantidades en presupuesto militar. Este hecho nos proporciona un argumento adicional, y no precisamente de segundo orden, para corroborar, de un lado, la necesidad del desarme y, de otro, la optimización del gasto por la vía de la sustitución de los ejércitos nacionales por una fuerza armada europea.
Los conflictos bélicos o las situaciones de extrema tensión internacional propician el incremento de la demanda de armamento, munición y tecnología militar y, en consecuencia, los beneficios de la industria armamentística. Es usual, al menos en otros negocios, que las compañías productoras fomenten el consumo por la vía de “incrementar la necesidad”. Tal comportamiento, en otros sectores productivos, no tiene porque ser necesariamente malo, pero “incrementar la necesidad” de consumir armamento y munición consiste, en el mejor de los casos, en generar tensión bélica y, en el peor, en provocar conflictos. Aunque sería temerario afirmar que dicho comportamiento comercial ha de producirse siempre, los riesgos son de tal magnitud que resulta conveniente sacar de los circuitos del mercado y de la iniciativa privada la producción armamentística. Es decir, deberían quedar prohibidas, por normas de rango constitucional, la exportación e importación de armamento, munición y tecnología militar y la fabricación de armas, municiones o aplicaciones tecnológicas militares por parte de empresas privadas. Dejar de colocar armamento en los mercados internacionales es una de las mejores contribuciones que puede hacerse al desarme y en nada pone en riesgo la soberanía europea. Por otro lado, si la Unión no es cliente tampoco es sujeto de las campañas orientadas a “incrementarle la necesidad” de armarse. Finalmente, la inexistencia de intereses económicos perjudicados por el desarme previene contra grupos de presión que lo obstaculicen. Mientras Europa siga fabricando armas y vendiéndolas a países en conflicto, o comprándolas y alimentando con ello el desarrollo de la industria de la muerte, las intervenciones militares en auxilio de poblaciones desvalidas o la contribución a fuerzas de interposición seguirán siendo actos necesarios, pero tan hipócritas como financiar a las ONG que tratan de recomponer los daños causados con las armas que empresas de los países donantes previamente fabricaron y vendieron a las fuerzas beligerantes.
Quizá las iniciativas anteriores no sean las únicas posibles y quizás tampoco sean las mejores para conseguir eso que hemos dado en llamar “invertir la tendencia armamentista y violenta”. Pero en lo que sí habrá que convenir es en que la humanidad vive sobre peligrosos polvorines cuyo control está o puede fácilmente estar en manos de irresponsables fanáticos o simples codiciosos de poder y dinero y que va llegando el momento de cambiar este orden de cosas.
Javier Sampedro
