Pensares y sentires ciertos e imaginados de un humanista díscolo y turbulento

En 2006, el pueblo de Bolivia habló en las urnas y optó por una transformación profunda de las estructuras económicas y políticas del país. El cambio que se fraguaba en Bolivia fue simbolizado por la figura un cocalero indígena, Evo Morales, desempeñando la primera magistratura del país.

Esa decisión popular no fue del gusto de las oligarquías que tradicionalmente habían gobernado el país. Tampoco satisfizo a los Estados Unidos que ven inquietos estos alborotos revolucionarios en su “patio trasero”. El descontento alcanzó también a las multinacionales petroleras –Repsol YPF, entre otras- cuyas cuotas de participación en las ganancias derivadas de la explotación del gas boliviano se han reducido sensiblemente.

Desde el mismo día en que Evo Morales fue elegido, sus adversarios no han abandonado, ni por un momento, su empeño de derrocarle o, cuando menos, frustrar sus planes de democratización y distribución equitativa de la riqueza del país.

El último lance de esta indecente batalla toma la forma de una aparentemente espontánea pulsión autonomista en aquellos departamentos en los que, además de ubicarse los mayores yacimientos de gas y tener un mayor grado de desarrollo económico, el apoyo con que cuenta el Presidente Morales es inferior. Los enemigos de la revolución humanista y no-violenta impulsada por Evo, bajo la apariencia de nobles aspiraciones descentralizadoras, han convocado, al margen de todo procedimiento legal, un referéndum para sancionar un proyecto de Estatuto de Autonomía que, una vez pasada la declaración de lealtad a la República del preámbulo, toma aspecto de carta fundacional de un nuevo Estado. Como era de esperar, se atribuye al gobierno autonómico el “control y fiscalización” de la producción de hidrocarburos, cosa que, imaginamos, llenará de gozo a las multinacionales petroleras.

El referéndum está convocado, a pesar de la reprobación de la autoridad electoral, para el 4 de mayo. Es inédito que, en un país con un proyecto constitucional recién aprobado y sólo a falta de ser plebiscitado, una administración local, en una maniobra digna de un piloto de fórmula uno, se adelante y convoque su propio referéndum, pretendiendo apalancar para dicha administración local competencias que, de acuerdo a la Constitución del Estado, no pueden ser descentralizadas.

La democracia directa es el mejor instrumento para la adopción de decisiones colectivas, pero lo que en apariencia es una expresión democrática, no lo es, puesto que están siendo excluidos de la toma de decisión la mayoría de los afectados por ésta. No es democrático que unos pocos decidan sobre lo que es asunto de todos. Y, las reglas del juego de un país son asunto de todos sus habitantes. Y, los recursos naturales de un país son asunto de todos sus habitantes. Los cruceños por sí solos no pueden ni deben decidir sobre la estructura constitucional de Bolivia ni pueden atribuirse para sí competencias que son del conjunto de los bolivianos.

Los enemigos de la democracia y de la equidad social saben que con este ardid obstaculizan la aprobación de la nueva Constitución de Bolivia, que ya es reconocida como la más avanzada del mundo en materia de derechos humanos. E, incluso, con un poco de fortuna, podrían conseguir que sean sus mismos compinches los que controlen qué cantidad de gas extraen de los yacimientos bolivianos.

Los embajadores norteamericanos, los nuncios y los ejecutivos de las multinacionales siguen tratando de gobernar al mundo. Si antes buscaban sus peones entre los latinoamericanos que se formaban en la “Escuela de las Américas”, hoy los reclutan entre los alumnos aventajados de prestigiosas universidades privadas. Así son los golpes de estado del siglo XXI.

No es admisible seguir calificando de “asunto interno” un intento orquestado desde el exterior para violentar la voluntad de un pueblo. La comunidad internacional debe actuar. Y, el Gobierno de España debería asegurar, cuando menos, que los intereses de las multinacionales españolas en general, y de Repsol YPF en particular, no interfieren en la difícil situación que se está viviendo en Bolivia.

Dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio.

Es obvio que, para que este derecho sea efectivo, se requiere que quien trata de salir de un país sea admitido en otro en el que no se den las condiciones causantes de la expatriación, que habitualmente son la pobreza, la violencia física, la represión o la discriminación. Dicho en otros términos, para garantizar este derecho se requiere que la legislación del país de salida reconozca el derecho a emigrar y que la legislación del país de llegada reconozca el derecho a inmigrar. Si no se cumplen ambas condiciones, en esta materia, la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en papel mojado.

A los gobernantes de los países de la Unión Europea se les llena la boca cuando hablan de los Derechos Humanos pero, tanto la legislación comunitaria como las internas están concebidas para negar esos derechos a todos aquellos a los que el destino castigó con haber nacido en lugares de la Tierra donde la pobreza campa a sus anchas.

Mientras existió el bloque soviético, Europa Occidental exigía a los países de la otra Europa que autorizara la libre salida de sus ciudadanos. Cuando cayó el bloque, estos cínicos “defensores de los derechos humanos” se apresuraron a aprobar leyes que impidieran la entrada de aquellos que ya podían salir.

Fundamentan las leyes de extranjería en razones económicas, de orden público o de diferencias culturales. Son iguales a los que se oponían al fin de la esclavitud presagiando calamidades económicas por el encarecimiento de la mano de obra, graves desórdenes públicos causados por los libertos que no encontraran empleo e inespecíficos males morales derivados de igualar en derechos a blancos y negros. Algunos, de buena fe, alertaban sobre que la vida de muchos negros liberados empeoraría al dejar de tener garantizado el sustento. Nunca se produjeron los males morales presagiados, sino más bien al contrario. Ahora bien, la economía se resintió –especialmente la economía particular de algunos- al dejar de ser productivas muchas explotaciones agrícolas. También es cierto que la vida de muchos libertos empeoró con respecto a la situación anterior.

Sin embargo, por desastrosos que hubieran sido los resultados, casi nadie en su sano juicio pondría hoy en duda que la libertad de un ser humano no puede condicionarse a que eso sea bueno para la economía de un país. De igual modo, en esta época hemos de afirmar, que el derecho de todo ser humano a escapar de la miseria o cualquier otro tipo de injusticia no puede condicionarse a la conveniencia que ello tenga para los asuntos internos de un Estado o de una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea.

Se afirma que la Unión Europea no está preparada para soportar la presión derivada de la derogación de todas las leyes que restringen los flujos migratorios, pero se omite decir que nada se ha hecho y nada se hace para que esa realidad cambie.

El compromiso de las autoridades nacionales y comunitarias con los Derechos Humanos debería materializarse en planes concretos u “hojas de ruta” conducentes a la absoluta liberalización en breve plazo de la circulación y asentamiento de personas. Dichos planes han de prever tanto los cambios normativos como las acciones de gobierno orientadas a amortiguar el impacto social y económico del nuevo escenario. Por otra parte, la credibilidad de estas “hojas de ruta” va a depender del establecimiento de hitos intermedios verificables que representen avances sustanciales sobre la situación de partida.

Reconocer el derecho a migrar no es un mero acto de generosidad o de solidaridad de Europa y del resto de los países desarrollados. Es una obligación jurídica, nacida de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por las potencias europeas y lo único que cabría discutir sobre las obligaciones jurídicas de los Estados respecto a los derechos humanos es cómo y cuándo las cumplen.