Por el artículo 23 o lo llaman democracia y no lo es
El pasado 6 de diciembre acudí a una lectura pública de la Constitución Española y llegué justamente cuando una joven leía el artículo 23, que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos.
Volví a casa y, emocionado, le conté a mi familia que España es un estado democrático dónde todos tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Llamé a muchos de mis compañeros del Partido Humanista y les leí una y otra vez el artículo 23 de la Constitución, el cual escuchaban con incredulidad.
Inmediatamente empezamos a idear como hacer que nuestros conciudadanos supieran que nos presentábamos a las elecciones y cuáles eran nuestras propuestas. Descubrimos que los mítines, la publicidad, las oficinas, etc. costaban mucho dinero, pero no sabíamos cuánto era razonable gastar en todo esto. A falta de mejores referencias, indagamos en los presupuestos del PSOE y del PP y averiguamos que gastarían unos 13 millones de euros y que ese dinero lo obtenían directamente del Estado. Calculamos que, en billetes de cincuenta euros, el paquete debía pesar por lo menos 250 kg, así que pedimos la furgoneta prestada a Paco y nos pusimos rumbo al Ministerio de Economía a recoger nuestros trece millones de euros para campaña electoral. Allí, Mayte les explicó que éramos los del Partido Humanista y que veníamos a por nuestros trece millones de euros y que, por favor, nos los dieran en billetes de cincuenta porque más grandes no te los cogen en ninguna parte. Cuál no sería nuestra sorpresa al descubrir que allí no tenían nuestro dinero ni lo habían tenido nunca. Al parecer, ese dinero sólo era para los que ya habían sacado escaños en ocasiones anteriores. Les protestamos diciendo que nos parecían unas condiciones de igualdad un poco raras esas de que unos empezaran la campaña con trece millones y otros sin nada, pero fueron infructuosos nuestros ruegos y súplicas. Hasta les explicamos que, si nunca nos daban el dinero, nunca podríamos salir electos y que esto era, como decían en mi casa, una pescadilla que se muerde la cola.
Paco, el de la furgoneta, mientras esperaba, además de recibir una multa, se leyó la ley electoral y descubrió que, según esa ley, los ayuntamientos cederían farolas para colgar carteles. Fue todo un consuelo. Pensamos que aunque no nos dieran el dinero, llenaríamos las farolas de la ciudad con nuestros lemas. Alegres, nos hicimos fotos (los más coquetos se las retocaron con el “photoshop”) y diseñamos carteles con atrevidos eslóganes. Cuando fuimos a la Junta Electoral a pedir información sobre las farolas en las que podríamos colgar nuestros carteles, nos preguntaron que a qué partido pertenecíamos y, cuando respondimos “humanistas”, en actitud condescendiente nos señalaron, sobre un plano, seis farolas que aún no recibían suministro eléctrico en un barrio con las casas desocupadas por carecer de cédula de habitabilidad. Víctor les recitó una y otra vez el artículo 23 de la Constitución y lo de las condiciones de igualdad, pero, en vista de que llevábamos el mismo camino que en el Ministerio de Economía, y antes de que volvieran a multar a Paco, nos encaminamos raudos al Ayuntamiento a preguntar cómo y cuándo podríamos colgar nuestros carteles en las farolas. Un funcionario encantador nos explicó que los carteles debían ser colgados por una empresa homologada, de acuerdo a un sistema de suspensión también homologado y que debíamos contratar un seguro de responsabilidad civil para la eventualidad de que las inclemencias meteorológicas provocaran la caída del cartel y éste dañara a algún transeúnte. Cuando le preguntamos al funcionario si sabía más o menos cuánto nos podría costar la broma, nos dio un susto tal que nos marchamos sin atrevernos a hacer más preguntas y sin mencionarle para nada el artículo 23 de la Constitución.
¿Existiría realmente el artículo 23 de la Constitución o era todo fruto de nuestros afiebrados sueños? Y andábamos tratando de dar respuesta a tan profunda cuestión, cuando supimos que se estaba fraguando el debate, o más bien, el padre de todos los debates en la hasta entonces desconocida Academia de la Televisión. Allá nos dirigimos, esta vez sin Paco, para pedir que me pusieran una silla y poder, en condiciones de igualdad, debatir con Rajoy y Zapatero. Nosotros teníamos mucho que decir. Estábamos seguros de que, si no íbamos, nadie defendería la derogación de la ley de extranjería o la necesidad de impulsar el desarme. De nada valieron los argumentos. Estaban todos demasiado preocupados acordando la temperatura del estudio, la distancia de las cámaras a los candidatos, el orden de intervención de Rajoy y Zapatero y otros asuntos de similar relevancia para la salud de nuestra joven democracia.
Mientras volvíamos a casa, Paco, que se nos estaba haciendo un experto en leyes, nos telefoneó para contarnos que, por haber presentado listas en casi todas las provincias, tendríamos derecho a veinte anuncios de treinta segundos en Televisión Española. Nos informó de que los grandes partidos tendrían noventa anuncios cada uno. La verdad es que éstas tampoco parecían “condiciones de igualdad”, pero tras la experiencia vivida en la Academia, recuperamos el ánimo al pensar que podríamos dirigirnos, aunque fuera por tan poco tiempo, a todos los ciudadanos desde la televisión pública.
Cuál no sería nuestra sorpresa cuando vamos recibiendo la información de los horarios en que los distintos partidos tendrían sus espacios gratuitos en la tele y, descubrimos que los noventa anuncios del PP y PSOE se emitirían con el telediario de la noche, cuando hay tres millones de telespectadores, mientras que nuestros veinte anuncios los colocarán de madrugada o en horario matinal mientras transmiten los concursos hípicos, cuando se espera que haya cuarenta y cinco mil personas viendo la tele. Cuando preguntamos por las “condiciones de igualdad” del artículo 23, nos explicaron que los partidos grandes eligen primero y después lo hacen los partidos pequeños. Repliqué que en casa de mis abuelos también los más mayores escogían comida de la fuente antes que los más jóvenes, pero que mis abuelos tenían la prudencia de poner suficientes piezas de comida para que nadie tuviera que conformarse con mojar pan en la salsa.
Estábamos al borde de tirar la toalla, cuando apareció Jordi, nuestro abogado de causas perdidas y hombre de fe inconmovible, y nos abrió nuevas puertas sugiriendo que debíamos depositar toda nuestra confianza en los jueces. Había estudiado la Constitución y, además de comprobar que el artículo 23 existía, había descubierto otro muy interesante: el 117. Decía este artículo que la justicia se administra por jueces independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. En vista de ello, decidimos acudir a los señores jueces de la Junta Electoral para pedirles anuncios en la tele en “condiciones de igualdad” con otros partidos, porque no veíamos manera de conseguir el millón y medio de votos que necesitaba para ser elegido Senador, si sólo cuarenta y cinco mil españoles se enteraban de que nos presentábamos.
Anteayer, Mayte, Jordi, Paco, Víctor y yo, esperábamos ansiosos, como concursantes de un reality show, la resolución de la Junta Electoral. Sonó el teléfono y, tras ello, el infernal pitido del telefax. Y esa fue nuestra penúltima decepción. El juez que preside la Junta Electoral firmaba una especie de sentencia colectiva en la que decía que se rechazaban a la vez todas las reclamaciones de todos los partidos referentes a los anuncios en televisión. La “sentencia colectiva” no decía nada del artículo 23 ni de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. La perplejidad se reflejaba en nuestros rostros, pero, como somos gente de natural optimista, aún encontramos dos motivos de celebración. Nos alegramos de la fortuna que tienen el resto de ciudadanos porque aún no se haya extendido la práctica de las “sentencias colectivas” a otros ámbitos de la justicia, porque, dependiendo de con quién te toque recibir sentencia lo mismo te caen 25 años por hurtar un pintalabios en El Corte Inglés. También nos alegramos de estar tratando con el Presidente de la Junta Electoral y no con el de la República Francesa, porque esté último, para provocarnos el mismo sentimiento de desprecio, nos habría dicho “piraos, pobres gilipollas”.
Y, con todo esto, los cinco evaluamos la experiencia y concluimos que aunque lo llamen democracia, no lo es, y que mentes muy perversas habían concebido todo este tinglado para que no haya modo de echar de la poltrona a la media docena de partidos que ya están instalados.
A pesar todo, hemos decidido que, con artículo 23 o sin artículo 23, lo seguiremos intentando. Lo haremos porque tanto los humanistas como muchos amigos de otras organizaciones que tampoco tienen cabida en esta “democracia” creemos que merece la pena mantener viva la llama de la esperanza en un mundo no violento, más justo, más humano. Nos podrán arrebatar nuestros derechos, pero no podrán robarnos los sueños. Y, como dijera Allende, sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.
