Pensares y sentires ciertos e imaginados de un humanista díscolo y turbulento

Pau Segado y Javier Sampedro.
Pau Segado y Javier Sampedro son, respectivamente, Secretario General y miembro de la Comisión Ideológica del Partido Humanista.

Hoy, 17 de noviembre, y coincidiendo con la conmemoración de la Revolución de Terciopelo, los checos se manifiestan contra la decisión de su gobierno de aceptar instalaciones militares norteamericanas en su territorio. Se trata de una política rechazada, según las encuestas, por al menos dos tercios de los checos. Entre las demandas de los manifestantes está la celebración de un referéndum sobre la materia.

Las legaciones diplomáticas y consulares de Chequia en las ciudades europeas más importantes, entre ellas Madrid y Barcelona, están siendo hoy lugar de concentración de organizaciones humanistas y pacifistas para expresar su apoyo a las legítimas reivindicaciones de los manifestantes checos.

Los pueblos europeos no desaprovechan oportunidad para expresar su aversión al armamentismo y las guerras. El masivo rechazo de los europeos a la invasión de Irak fue una muestra más de la repugnancia que, en amplios sectores de la población mundial, provoca la violencia como método de resolución de conflictos internacionales. La buena acogida que, por el contrario, ha tenido entre esos sectores la declaración del presidente boliviano, Evo Morales, manifestando la renuncia de Bolivia a la guerra, confirma la impresión anterior.

Desde luego, que no puede ignorarse el actual sistema de relaciones internacionales y el clima imperante de violencia. Todavía la soberanía nacional es una garantía de los derechos de las personas y, también todavía, aunque deseemos que cambie el estado de las cosas, la fuerza militar es un fundamento de las relaciones internacionales. En ese contexto, el problema del desarme no puede trivializarse, pero tampoco cabe un derrotismo que acepte como inevitable este estado de cosas.

Enfrentar el reto histórico del desarme, dando satisfacción a las aspiraciones de paz de los seres humanos de esta época, es una tarea más adecuada para las organizaciones supranacionales de ámbito regional, como la Unión Europea, que para los estados-nación originados en el siglo XVIII, a los que la escena internacional les queda, como un traje heredado, excesivamente grande. Desde luego que los gobiernos nacionales pueden y deben ejecutar políticas favorecedoras del desarme, pero no deberían escatimarse esfuerzos en promover que dichas medidas sean asumidas en el seno de la Unión Europea.

El primer paso, una vez alcanzada la democratización de los poderes de la Unión, sería la unificación de la política exterior y de defensa y la desaparición de los ejércitos nacionales y su sustitución por una fuerza armada europea (integrada y no como mera agregación de los ejércitos suprimidos). Esta iniciativa, además de reforzar la identidad europea frente a las nacionales, permitiría una mayor eficiencia del gasto militar y, en consecuencia, su reducción sin deterioro de la eficacia.

Es cierto que iniciativas de desarme unilateral, especialmente en lo que a armamento convencional se refiere, crearían vacíos que rápidamente podrían ser ocupados por otras fuerzas violentas no necesariamente sometidas al poder civil legalmente constituido, causando un mal mayor del que pretendía evitarse. Ahora bien, no hay argumento alguno que sostenga el derecho de un país a mantener armamento nuclear, biológico o químico, cuyo uso, además de tener poco que ver con la defensa de la soberanía, podría causar daños de carácter inimaginable para toda la humanidad; Por ello, los esfuerzos deben dirigirse hacia el desarme unilateral de armamento NBQ y, simultáneamente, a conseguir un desarme proporcional y progresivo de armamento tradicional que invierta la tendencia armamentista y violenta actual, la cual no responde a la voluntad de los pueblos.

La tradición humanista de Europa, su condición de potencia mundial y el aún vivo recuerdo del doloroso tributo pagado en las guerras del siglo pasado, dotan a la Unión de mayor idoneidad y credibilidad para liderar iniciativas internacionales de desarme que la que tienen otras grandes potencias. Evidentemente, ello habría de pasar por la disolución de la OTAN o, cuando menos, por el abandono de las estructuras militares de esta organización o su transformación en una institución pacifista. También se requeriría la destrucción unilateral e incondicional de los arsenales nucleares, biológicos y químicos de los países de la Unión que poseen armamento de esta naturaleza y, más en concreto, de Francia y del Reino Unido.

La traducción práctica de ese liderazgo europeo en el escenario internacional consiste en convertir en la máxima prioridad de la política exterior común la consecución de acuerdos bilaterales y multilaterales de desarme progresivo con los países limítrofes con la Unión y, en general, con los de la cuenca mediterránea.

Dichos intentos no serán creíbles para sus vecinos en tanto Europa siga participando en invasiones, autorizando el despliegue de bases norteamericanas en territorio europeo o contribuyendo con sus tropas o su cooperación militar o diplomática a que se perpetúen ocupaciones de terceros países, como es el caso de Irak o Afganistán. Históricamente, algunas de dichas intervención militares han estado justificadas en una supuesta “necesidad humanitaria”, calificación de la que ha hecho uso y abuso, hasta el punto de cometerse en nombre de esas “necesidades humanitarias” auténticas tropelías contra la población civil o, simplemente, se ha abonado el terreno para la mera sustitución de unos opresores por otros. No se puede negar, desde luego, que en ocasiones la inacción de quien fácilmente puede impedir una catástrofe merece similar calificación moral que la que atribuyamos a sus causantes, pero debe evitarse la instauración de doctrinas del intervencionismo humanitario que, como demuestra la arbitrariedad con que se invocan y los resultados de tales intervenciones, suelen responder exclusivamente a intereses de los propios “intervinientes humanitaristas”. Cualquier intervención de esta naturaleza debería estar bajo bandera de Naciones Unidas, contar con un objetivo concreto y tener una duración limitada a lo imprescindible para la consecución del objetivo. Estos requisitos formales no serían condición suficiente, pero si necesaria, de cualquier intervención excepcional por razones humanitarias.

No se está hablando de la presencia de tropas europeas como fuerza de interposición o como garantes del cumplimiento de acuerdos entre los contendientes. En estas situaciones, siempre que se dé el acuerdo entre la totalidad de las partes en conflicto y la definición del alcance y duración de la misión, acudir en ayuda de quienes quieren poner fin a la violencia o, simplemente, frenarla temporalmente, es una obligación ineludible de quien tiene la capacidad para hacerlo y es reclamado para ello.

Aunque se haya convertido en un tópico, sigue siendo cierto que es una inmoralidad mayúscula negar recursos financieros para cubrir las necesidades básicas de millones de seres humanos mientras se despilfarran esas cantidades en presupuesto militar. Este hecho nos proporciona un argumento adicional, y no precisamente de segundo orden, para corroborar, de un lado, la necesidad del desarme y, de otro, la optimización del gasto por la vía de la sustitución de los ejércitos nacionales por una fuerza armada europea.

Los conflictos bélicos o las situaciones de extrema tensión internacional propician el incremento de la demanda de armamento, munición y tecnología militar y, en consecuencia, los beneficios de la industria armamentística. Es usual, al menos en otros negocios, que las compañías productoras fomenten el consumo por la vía de “incrementar la necesidad”. Tal comportamiento, en otros sectores productivos, no tiene porque ser necesariamente malo, pero “incrementar la necesidad” de consumir armamento y munición consiste, en el mejor de los casos, en generar tensión bélica y, en el peor, en provocar conflictos. Aunque sería temerario afirmar que dicho comportamiento comercial ha de producirse siempre, los riesgos son de tal magnitud que resulta conveniente sacar de los circuitos del mercado y de la iniciativa privada la producción armamentística. Es decir, deberían quedar prohibidas, por normas de rango constitucional, la exportación e importación de armamento, munición y tecnología militar y la fabricación de armas, municiones o aplicaciones tecnológicas militares por parte de empresas privadas. Dejar de colocar armamento en los mercados internacionales es una de las mejores contribuciones que puede hacerse al desarme y en nada pone en riesgo la soberanía europea. Por otro lado, si la Unión no es cliente tampoco es sujeto de las campañas orientadas a “incrementarle la necesidad” de armarse. Finalmente, la inexistencia de intereses económicos perjudicados por el desarme previene contra grupos de presión que lo obstaculicen. Mientras Europa siga fabricando armas y vendiéndolas a países en conflicto, o comprándolas y alimentando con ello el desarrollo de la industria de la muerte, las intervenciones militares en auxilio de poblaciones desvalidas o la contribución a fuerzas de interposición seguirán siendo actos necesarios, pero tan hipócritas como financiar a las ONG que tratan de recomponer los daños causados con las armas que empresas de los países donantes previamente fabricaron y vendieron a las fuerzas beligerantes.

Quizá las iniciativas anteriores no sean las únicas posibles y quizás tampoco sean las mejores para conseguir eso que hemos dado en llamar “invertir la tendencia armamentista y violenta”. Pero en lo que sí habrá que convenir es en que la humanidad vive sobre peligrosos polvorines cuyo control está o puede fácilmente estar en manos de irresponsables fanáticos o simples codiciosos de poder y dinero y que va llegando el momento de cambiar este orden de cosas.

Javier Sampedro

http://javiersampedro.blog.com

La injusta y sorprendente orden de secuestro de la publicación “El Jueves” por una caricatura en la que aparecían el hijo y la nuera del Rey copulando y sosteniendo una simpática conversación ha dejado expuestos al reproche, por su anacronismo, y a la risión pública, por su ineficacia, al juez que la acordó y al fiscal que la instó.

La mayor parte de las críticas se han centrado en la incompatibilidad de la libertad de expresión con el secuestro cautelar de publicaciones.  Algunas más, se referían a la evidente inutilidad de la medida, pues la estampa cuya circulación pretendía impedirse ha alcanzado una difusión inimaginable sin el secuestro. Unas pocas protestas se han referido a la intervención del ministerio fiscal en una supuesta ofensa en la que habitualmente quienes reclaman justicia son los agraviados y no el ministerio público. Sin embargo, llama la atención que han sido escasísimos los reproches a la forma y contenido del auto judicial y de la denuncia del fiscal.

Buena parte del entorno del juez y del fiscal ha defendido a éstos invocando, con gran dosis de cinismo, una suerte de “obediencia debida” a la ley: “los jueces aplican las leyes, no las hacen”, alegan. Omiten que también es misión de los jueces la interpretación de la ley y que la calificación de la viñeta como “claramente denigrante” y de la actitud de los protagonistas como “objetivamente infamante” es atribuible exclusivamente al fiscal, así como es de la exclusiva firma del juez la consideración de que la caricatura afecta al honor de los copulantes y a la raíz última de su dignidad.

La mayoría de los críticos se han cuidado de explicitar su desacuerdo con la caricatura y han remarcado este desacuerdo empleando calificativos para el dibujo tales como cochino, grosero, zafio o soez. Estas expresiones, sin ser tan osadas o arrogantes como las empleadas por fiscal y juez ratifican en su condición de ofendidos a los protagonistas de la escena y ubican la broma en el terreno de lo reprobable. No queda de ningún modo claro si lo “claramente denigrante”, zafio, soez, grosero y de mal gusto de la caricatura están en el texto, en la representación de los cuerpos desnudos del hijo y de la nuera del rey o en la actividad que ejecutan. Del escrito de denuncia del fiscal pareciera que lo “objetivamente infamante” es la postura corporal adoptada en el ayuntamiento carnal de los príncipes, aunque no se esclarece si la representación del coito en otras posturas también merecería reprobación.

¡Qué diferentes son los significados de algunas palabras según quien las use! Mientras para ellos lo grosero y lo zafio está casi irremisiblemente vinculado a la práctica del sexo para otros el sexo es diversión, juego, pasión, sutileza, delicadeza y, a veces, amor. En cambio, vemos zafiedad en la continua exposición de la intimidad de personas en “reality shows”, programas del corazón y otros subproductos televisivos que tanta rentabilidad aportan a los patrones de los biempensantes. El mal gusto lo hallamos en la exhibición obscena de riqueza de la que hacen gala el Rey y sus familiares mientras una quinta parte de los españoles viven bajo el umbral de pobreza relativa. Infamantes son las sentencias de esos jueces que atribuyen incapacidades para la educación de sus hijos a personas cuya orientación sexual no es de su agrado. Y la denigración la encontramos en los inmigrantes hacinados en los centros de acogida, en el trato recibido por los que acuden a la sanidad pública y son aparcados en pasillos de las urgencias a la espera de mejor destino, en un sistema educativo que conduce al fracaso escolar a un 30% de los menores o en la privación del derecho a una vivienda digna de que están siendo objeto la práctica totalidad de los jóvenes.

Que la escena de un cándido polvo de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz haya sido descalificada con adjetivos tan recios sólo se explica por la persistencia del pensamiento nacional-católico en los tribunales de justicia y en las redacciones de los medios. Los más estúpidos siguen viendo el sexo con la mirada de los curas y las monjas que les instruyeron. Los más cínicos recurren a tan pobres argumentos para evitar pronunciarse sobre el fondo de asunto: la ausencia de legitimidad democrática del Jefe del Estado y el abuso que supone que con cargo al erario público y, sin dar cuentas a nadie, se mantenga a una parentela tan amplia que carece de actividad productiva conocida.

El comunicado de ETA declarando el fin de la tregua certifica la pérdida de otra oportunidad para la paz. Y esta vez, ni ETA ni el PP han defraudado. Ambas organizaciones han hecho exactamente lo que, revisando sus respectivas historias, era más probable.

El Partido Popular y ETA comparten su devoción por la violencia como modo de resolver los conflictos. La apuesta de ETA es por una violencia que tiñe los suelos de sangre y los corazones de terror y que las leyes reprueban. La apuesta del PP es por el uso de la violencia legal; es decir, la que en régimen de monopolio, las leyes atribuyen al Estado. Para la derecha, el camino está en encarcelar no sólo a los asesinos, sino también a los que dicen lo que no gusta escuchar, en incrementar el castigo de los presos alejándolos de sus familias y en suprimir el derecho a elegir o ser elegidos para cargos públicos a todo aquel sospechosos de simpatizar con los fines de ETA.

En esa lógica, no es muy sorprendente que ciertos sectores etarras, decepcionados por que el alto el fuego no produjera una respuesta visible, decidieran presionar con una bomba y, visto que la bomba de Barajas y sus dos muertos tampoco ha provocado avances tangibles, ahora concluyan que lo que hay que hacer es poner más bombas y, además, lo anuncien con un comunicado público. La lógica de la derecha es similar: su punto de vista es que el PSOE no ha aplicado con la energía debida el palo largo y la mano dura y, que si es necesario, alarguemos el palo y endurezcamos la mano.

Si la pretensión es de eterna venganza y reparación de afrentas históricas, el camino que marcan estos dos actores, la derecha y ETA, es el adecuado. Seguiremos acumulando muertos, presos, desplazados interiores y exteriores, miedo, dolor y sufrimiento.

Por el contrario, si se busca la paz, sólo hay un camino : el de la reconciliación y la no violencia. Este camino requiere grandes esfuerzos; hay que tratar, aunque sólo sea por un instante, de mirar la realidad desde los ojos de quien no comparte nuestras ideas o creencias; hay que intentar entender las aspiraciones, los temores y los sentimientos de los otros y hay, en definitiva, que armarse de grandes dosis de paciencia porque muchas veces se siente que los esfuerzos no son correspondidos. Pero, con todas esas dificultades, es la única alternativa válida.

Algunos confiábamos que Zapatero, tras haber adoptado decisiones que demostraban un arrojo político superior al de otros correligionarios suyos, reconduciría los despropósitos acumulados por sus antecesores en relación con la política antiterrorista. Esperábamos que haría desaparecer del Código Penal los delitos de opinión creados a medida para encarcelar al que compartiera objetivos con ETA (aunque no compartiera su actividad criminal), que reformaría la Ley de Partidos o, cuando menos, que emplearía la discrecionalidad que le otorga dicha ley para que ningún vasco se quedara sin votar a su opción política preferida y que acercaría los presos vascos a su entorno, eliminando la arbitrariedad jurídica que supone añadir a la pena de privación de libertad, un destierro no previsto en el Código Penal.

Todas estas medidas son de justicia y podían y debían adoptarse en esta legislatura con independencia de cuál fuera la actitud de ETA. Se trataba, simplemente, de volver a poner las leyes española en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de devolver a éstas el sentido común, la inclinación por la tolerancia y la repugnancia por la represión que mejor representan el espíritu democrático de los españoles.

El alto el fuego de ETA, en marzo del año pasado, convirtió en urgentísimo lo que ya estaba identificado como necesario.

Sin embargo, Zapatero se arrugó frente a unos y frente a otros. En tres años, se ha convertido en una caricatura de lo que fue o lo que pudo ser. El presidente ha carecido de valentía política de tomar las decisiones que había que tomar. No ha sabido aguantar la presión a la que le ha sometido el Partido Popular, ha estado más preocupado del “qué dirán” (es decir, del coste en votos de cada paso) que de la responsabilidad histórica que tenía. Le ha quedado grande el traje. Ha hecho poco y a medias, dejando insatisfechas a todas las sensibilidades y transmitiendo a la opinión pública la idea de que los derechos humanos podían ser objeto de negociación.

Ha postergado por todos los medios el procesamiento de líderes de Batasuna en vez acometer la supresión del Código Penal de los absurdos delitos que se les imputan. Ha promovido arbitrariamente la ilegalización de unas listas electorales mientras que ha permitido que otras se pudieran presentar y ha mantenido el ilegítimo alejamiento de los presos. Con este “quedarse a medias”, el Gobierno ha transmitido la imagen de que estaba haciendo concesiones a los terroristas, lo cual constituía justamente la tesis del Partido Popular.

Zapatero no ha sido capaz de comprometerse con la libertad de expresión, el derecho a elegir y ser elegido y el derecho de todo convicto a no ser condenado a más penas que las previstas en las leyes. No sabemos cuál habría sido la reacción de ETA en otro escenario. Lo que sí sabemos, en cambio, es que hoy tendríamos una presidencia del gobierno más fuerte, confiable y comprometida contra la violencia. En vez de ello, tenemos un presidente acogotado, lastimoso y suplicante, acosado por el trío más siniestro de la historia política de España : Rajoy, Acebes y Zaplana que trata por todos los medios de darle el abrazo del oso. Y todo ello, por preferir conservar media docena de votos “centristas” antes que la defensa de los derechos humanos.

No podemos afirmar que la cobardía e inmadurez de Zapatero sea la única o la principal razón del fracaso del proceso de paz, pero, si no rectifica pronto, será causa suficiente para que pase a la historia caracterizado, no por su famoso talante, sino por la misma traza de mediocridad política y pobre calidad humana que caracterizó a sus predecesores.

Algún representante gubernamental y otros del PSOE reprendían hace unos días al Partido Popular por apropiarse de los símbolos patrios. Les disgustaba que las banderas rojigualdas distinguieran las manifestaciones organizadas por el PP y sus adláteres y que, para colmo, cerraran sus actos a los sones de la Marcha Real.

Entiendo que el Gobierno tiene la responsabilidad de oponerse a todo intento de apropiación por una parte de aquello que es de la colectividad. Sin embargo, en este caso, y por lo que a mí respecta, pueden ahorrarse las molestias.

En absoluto me siento representado por esa bandera o por ese himno. Su aceptación fue parte del precio a pagar para poder desmantelar la dictadura franquista pero no es fácil olvidar que constituyen el símbolo de unos militares rebeldes que traicionaron a su pueblo derrocando a un gobierno democráticamente elegido. A mí, personalmente, el único recuerdo que me evocan la bandera y el himno son las coacciones y la privación de libertad que bajo el nombre de “servicio militar” experimenté hace ya unos años.

No imagino mayor felicidad para mayor número de españoles a la vez, que la supresión de estos símbolos del Estado y su puesta a disposición, sin restricciones, como si de software libre se tratara, para todos aquellos partidos, asociaciones, colectivos, etc. a cuyos militantes se les eriza el vello a los sones de la marcha real mientras contemplan ondear la bandera roja y amarilla.

A los que nos produce mal rollo, nos veríamos liberados de la pesada obligación de contemplar la bandera hasta en la sopa y de que nos den la brasa con el “chunda, chunda”.
 

A los que les guste, en cambio, podrán usar ambos símbolos con total libertad y hasta “tunearlos”. Podrán ponerle la letra que les parezca bien al himno, incluida aquella de “Franco, Franco, que tiene el culo  blanco…”. Del mismo modo podrán incluir en la bandera cuantas representaciones de aves salvajes o de corral les parezcan adecuadas, sin que por ello nadie les afee su conducta ni les tache de “preconstitucionales”.

En cuanto a la preocupación que alguien pueda sentir por las consecuencias de vivir en un Estado carente de símbolos patrios,  doy fe de que, de facto, dicha carencia es una realidad para muchos ciudadanos españoles desde hace largo tiempo y no parece que nuestra conciencia cívica (ni nuestra salud) se haya resentido por ello. Por otra parte, los problemas de protocolo en actos oficiales, eventos deportivos, representación en organismos internacionales, etc. podrían resolverse sustituyendo la bandera por un cartel que llevara escrito el texto “España” y, el tiempo concedido para la interpretación del himno, podría aprovecharse para incluir alguna selección de éxitos de los cuarenta principales. 

El único colectivo perjudicado por medidas como las propuestas, sería el de los aficionados al “bandering”, ese deporte consistente en la sustitución de banderas de los balcones municipales y la posterior quema de la bandera sustituida. Su capacidad de elección de la bandera a quemar quedaría sensiblemente reducida, pero estoy seguro de que sabrán encontrar otras actividades lúdicas en las que recrearse.

¡Viva Ej……….paña!