Pensares y sentires ciertos e imaginados de un humanista díscolo y turbulento

Naciones

No existe una definición unívoca del concepto de nación. No obstante, sociólogos, juristas y políticos convienen en que se trata de una comunidad humana cuyos miembros comparten un cierto patrimonio histórico y cultural común sobre el que articulan lazos afectivos y de solidaridad. También dirían que es una identidad colectiva que no todos los seres humanos experimentan de igual modo o con el mismo entusiasmo. Así, por ejemplo, mientras que unos se consideran simultáneamente de varias naciones, otros estiman aberrante tal posibilidad.

Ese sentimiento de pertenencia a una nación y, los consiguientes lazos de solidaridad que se establecen entre las personas que comparten identidad nacional han propiciado el desarrollo de las comunidades humanas y han dado protección y seguridad a las personas frente a los azares del destino. Por otra parte, la multiplicidad de naciones y la evolución histórica de los sentimientos nacionales son muestras de la rica diversidad de nuestra especie.

Nacionalismos

En los siglos pasados, junto con la construcción teórica del siempre inacabado concepto de nación, surgieron también los nacionalismos políticos. Es decir, esas ideologías que preconizan el derecho de las naciones a constituir una comunidad política con instituciones y territorio propio, esto es, un Estado.

La ideología nacionalista se extendió con rapidez e impregnó buena parte del pensamiento político de los últimos siglos.

Un pensamiento que revolucionó los fundamentos de la organización política, que hasta entonces giraban en torno a la figura del monarca y no del pueblo, y que dotó de sustento ideológico a los movimientos anticoloniales y a la lucha antiimperialista de los dos siglos pasados, actuó también como cimiento ideológico del fascismo y del nacionalsocialismo.

Estado y nación

Tanto éxito tuvo el pensamiento nacionalista que, muy pronto, se pasó de considerar al Estado como la realización del máximo anhelo de una nación, a considerar la nación como la condición imprescindible para constituir un estado. De tal modo fueron las cosas que, en lenguaje vulgar, nación y Estado se convirtieron en términos sinónimos y, la identificación entre ambos conceptos es considerada por amplias capas de la población como algo tan real, cierto e inmutable como que el Sol salga por Levante.

Ahora bien, nada más distante de la realidad que esa identificación entre Estado y nación. Mientras que el Estado de asienta en un conjunto de normas e instituciones, la nación lo hace en un sentimiento de pertenencia que es experimentado de manera singular por cada uno de sus integrantes.

No suelen confundir ambos conceptos quienes sintiéndose, por ejemplo, tibetanos, navajos, chechenos u occitanos, son, a efectos legales, chinos, estadounidenses, rusos o franceses.

Nacionalismo y violencia

Por lo anterior, la pretensión de asentar la nación sobre un territorio, uniformizar culturalmente a los habitantes de ese territorio y regir sus destinos con instituciones con “sabor nacional” provocó, desde el primer momento, conflictos de toda índole con quienes, aún residiendo en el territorio del Estado, no se sentían identificados con la nación dominante.

Para constituir los actuales estados-nación fue necesario reprimir las expresiones propias de muchas culturas. En ocasiones, para justificar la ausencia de patrimonio histórico compartido, se habló de “jóvenes naciones con un destino común” aunque ello supusiera que en las mismas tierras donde las “jóvenes naciones” estaban constituyendo sus estados, existían naciones muy antiguas cuyas lenguas fueron proscritas, sus instituciones disueltas o sus miembros confinados. En otras ocasiones, la competencia entre distintos grupos nacionalistas llevó a enaltecer la nación propia en detrimento de las que competían por el mismo territorio, manipulando y reinterpretando la historia de modo tal que quedara acreditada que la nación propia era un hecho histórico indiscutible con lengua, cultura y héroes ancestrales, mientras que la ajena no era una nación sino una simple horda de provincianos brutos o de salvajes sin civilizar. Ello daba argumentos para las políticas de asimilación cultural y lingüística.

Como resultado de esta batalla entre naciones, las más débiles quedaron sin Estado y, en consecuencia, sus miembros son ciudadanos de estados que, en el mejor de los casos, ignoran sus singularidades y, en el peor, las combaten.
Para el humanismo, es violenta toda facción que aspire a que el gobierno de un territorio se haga con las instituciones, criterios, valores y costumbres propias de sólo una parte de sus habitantes.

Nacionalismos modernos

Es bien cierto que, frente a los fascismos e imperialismos del siglo XX, en los tiempos más recientes muchas corrientes nacionalistas suelen manifestar un mayor grado de tolerancia y respeto hacia la lengua, costumbres e historia de las otras naciones con las que comparten territorio; ahora bien, no es tolerancia lo que se requiere sino rechazo a la discriminación y a la imposición de una cultura o una lengua, asumiendo la diversidad como un valor y no como una lacra.

Pudiera parecer diferente el llamado nacionalismo banal, estos es, ese nacionalismo que, inconscientemente y a modo de creencia orteguiana, ha venido a instalarse como realidad indiscutible en el pensamiento de mucha gente. Ahora bien, ello no es cierto; en ese nacionalismo asumido como verdad absoluta, anida la discriminación del diferente y el afán de apropiación del todo social.

En ocasiones, los nuevos nacionalismos afirman estar dispuestos –en un aparente gesto de generosidad- a asumir como miembro de la nación a cualquier residente en el territorio que se atribuyen como propio, desconociendo que, en numerosas ocasiones, dicho territorio es ya considerado por esos residentes como parte de otra nación.

Los nacionalismos centrífugos

La violencia engendra violencia, y la violencia nacionalista engendra violencia nacionalista. El nacionalismo centrípeto de los estados-nación ha sido un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de los nacionalismos centrífugos en las naciones sin estado.

Ahora bien, cada vez que uno de esos nacionalismos centrífugos alcanza una brizna de poder se reproduce el esquema nacionalista. La obra de teatro representada es la misma, pero con nuevo reparto de papeles.

La aspiración humanista

La reivindicación de aquellos que perciben a sus instituciones políticas, estatales o subestatales, como indiferentes cuando no beligerantes con sus sentimientos nacionales debe ser comprendida y asumida por los humanistas como una reivindicación propia. Los humanistas no desean un mundo uniforme sino múltiple.

De igual modo que en muchos países la secularización del Estado ha permitido que las creencias religiosas no se erijan en barrera entre las personas y sus instituciones, la “desnacionalización” del Estado, permitiría que todo ser humano, fuera cual fuese su filiación nacional, pudiera sentir las instituciones de su país como propias. La razón de ser de las instituciones políticas está en el bienestar de las personas sobre las que influyen, con independencia de su cultura, lengua, costumbres e historia. Unas instituciones políticas cuyo objetivo fuera la exaltación de uno solo de los sentimientos nacionales, por más que se tratara del mayoritario entrarían de lleno en el campo del antihumanismo y, con mayor razón, cuando eso se hiciera en desmedro de las minorías.

Los humanistas alientan la descentralización política, esto es, el acercamiento de la toma de decisiones a aquellos a los que afectan. En ese sentido, aunque con distinto fundamento ideológico, los humanistas suelen converger con los nacionalismos centrífugos en la demanda de mayores cotas de autogobierno para ciertos territorios.
En todo caso, los humanistas insisten en profundizar en la descentralización hasta alcanzar el ámbito municipal. Los humanistas no prestan su apoyo a políticas de homogeneización cultural o lingüística, por más que la lengua o cultura que se pretenda potenciar haya sido objeto de represión en el pasado. La libertad de un ser humano actual no puede ser avasallada bajo el pretexto de devolver a una lengua o una cultura el esplendor arrebatado en acontecimientos históricos, por más sombríos e injustos que fueran éstos. Toda forma de discriminación, manifiesta o larvada, es motivo de denuncia para los humanistas.

Lo humanistas afirman que la apropiación del todo social por una parte, sea esta parte una clase social, los fieles de una confesión religiosa, los miembros de una nación o los habitantes de un territorio, es un acto de violencia. En ese sentido, no todas las decisiones pueden ser tomadas de modo descentralizado. Los humanistas respaldan la creación de estructuras políticas federales que corresponsabilicen a los habitantes de los distintos lugares en aquellas decisiones que deban ser adoptadas de modo compartido.

Los humanistas son internacionalistas. Abogan por la cooperación de las instituciones políticas, las naciones y los pueblos en organizaciones regionales y mundiales con atribuciones suficientes para garantizar la eficacia universal de los Derechos Humanos.

Los humanistas constatan como en el corazón de numerosas personas toma forma una aspiración: la nación humana universal. La mirada del ser humano común del siglo XXI no es la del ser humano común del siglo XVIII. Hoy día, no resulta extraño hablar de una identidad nacional común a toda la especie. Hoy ya se puede hablar de una nación humana universal. Una gran nación para todos los seres humanos de ayer, hoy y, sobre todo, mañana. Una nación donde sus mitos son esas mujeres y hombres que han hecho algo grande por la humanidad. Una nación con una historia común comprendida como fenómenos locales concomitantes operando en una misma dirección: la de la superación del dolor y el sufrimiento. Una nación con unos valores comunes: los Derechos Humanos. Una nación que no requiere de la confrontación con otras para afirmarse, sino que preserva la diversidad como el más valioso de los tesoros.

Dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio.

Es obvio que, para que este derecho sea efectivo, se requiere que quien trata de salir de un país sea admitido en otro en el que no se den las condiciones causantes de la expatriación, que habitualmente son la pobreza, la violencia física, la represión o la discriminación. Dicho en otros términos, para garantizar este derecho se requiere que la legislación del país de salida reconozca el derecho a emigrar y que la legislación del país de llegada reconozca el derecho a inmigrar. Si no se cumplen ambas condiciones, en esta materia, la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en papel mojado.

A los gobernantes de los países de la Unión Europea se les llena la boca cuando hablan de los Derechos Humanos pero, tanto la legislación comunitaria como las internas están concebidas para negar esos derechos a todos aquellos a los que el destino castigó con haber nacido en lugares de la Tierra donde la pobreza campa a sus anchas.

Mientras existió el bloque soviético, Europa Occidental exigía a los países de la otra Europa que autorizara la libre salida de sus ciudadanos. Cuando cayó el bloque, estos cínicos “defensores de los derechos humanos” se apresuraron a aprobar leyes que impidieran la entrada de aquellos que ya podían salir.

Fundamentan las leyes de extranjería en razones económicas, de orden público o de diferencias culturales. Son iguales a los que se oponían al fin de la esclavitud presagiando calamidades económicas por el encarecimiento de la mano de obra, graves desórdenes públicos causados por los libertos que no encontraran empleo e inespecíficos males morales derivados de igualar en derechos a blancos y negros. Algunos, de buena fe, alertaban sobre que la vida de muchos negros liberados empeoraría al dejar de tener garantizado el sustento. Nunca se produjeron los males morales presagiados, sino más bien al contrario. Ahora bien, la economía se resintió –especialmente la economía particular de algunos- al dejar de ser productivas muchas explotaciones agrícolas. También es cierto que la vida de muchos libertos empeoró con respecto a la situación anterior.

Sin embargo, por desastrosos que hubieran sido los resultados, casi nadie en su sano juicio pondría hoy en duda que la libertad de un ser humano no puede condicionarse a que eso sea bueno para la economía de un país. De igual modo, en esta época hemos de afirmar, que el derecho de todo ser humano a escapar de la miseria o cualquier otro tipo de injusticia no puede condicionarse a la conveniencia que ello tenga para los asuntos internos de un Estado o de una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea.

Se afirma que la Unión Europea no está preparada para soportar la presión derivada de la derogación de todas las leyes que restringen los flujos migratorios, pero se omite decir que nada se ha hecho y nada se hace para que esa realidad cambie.

El compromiso de las autoridades nacionales y comunitarias con los Derechos Humanos debería materializarse en planes concretos u “hojas de ruta” conducentes a la absoluta liberalización en breve plazo de la circulación y asentamiento de personas. Dichos planes han de prever tanto los cambios normativos como las acciones de gobierno orientadas a amortiguar el impacto social y económico del nuevo escenario. Por otra parte, la credibilidad de estas “hojas de ruta” va a depender del establecimiento de hitos intermedios verificables que representen avances sustanciales sobre la situación de partida.

Reconocer el derecho a migrar no es un mero acto de generosidad o de solidaridad de Europa y del resto de los países desarrollados. Es una obligación jurídica, nacida de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por las potencias europeas y lo único que cabría discutir sobre las obligaciones jurídicas de los Estados respecto a los derechos humanos es cómo y cuándo las cumplen.

El 18 de diciembre de 2005, ocurrió un acontecimiento que representa un hito en la historia de América Latina. Evo Morales, un indio aymara, de oficio recolector de coca, y cuyos trabajos anteriores fueron los de trompetista, panadero y ladrillero, fue elegido como presidente constitucional de la República de Bolivia.

“El indio”, como con ánimo despectivo y fuerte dosis de racismo, le llaman sus detractores, obtuvo un 53% de los votos frente al 28% de su inmediato adversario. En las elecciones participaron un 84% de los censados. El Presidente Morales es el líder moral de una iniciativa de cambio constitucional de naturaleza revolucionaria y que podría colocar a Bolivia en la vanguardia del humanismo político.

La nueva constitución boliviana será una apuesta firme por los Derechos Humanos. Contendrá casi cien artículos dedicados al reconocimiento de derechos individuales y colectivos, frente a los apenas cuatro artículos de la actual Carta Magna. Los derechos de niños, ancianos, poblaciones originarias, trabajadores, discapacitados, consumidores, presos, etc. quedan elevados a rango constitucional. Pero no es sólo una cuestión de cantidad sino de la eficacia real de la regulación. Frente a las meras declaraciones de intenciones habituales en los textos constitucionales, se recoge expresamente la gratuidad de la enseñanza hasta el bachillerato, la universalidad y gratuidad del sistema de salud, el derecho a la pensión de vejez o la universalidad de la seguridad social, por poner solamente algunos ejemplos.

Se podría señalar que algunos de estos derechos están reconocidos también en algunos países de Europa. En tal caso habría que precisar también que, en estos países, aquellos derechos que no están consignados en la Constitución pueden ser suprimidos por mera decisión del partido mayoritario. Además, el significado real de estos derechos en un país como Bolivia con una renta anual por habitante de unos 800 euros es absolutamente diferente al de Europa. En Bolivia, blindar constitucionalmente ciertos derechos económicos y sociales es, para mucha gente, la diferencia entre la vida y la muerte.

Se trata, por otra parte, de la Constitución de la libertad de opción. A diferencia de la actual, que obliga al Estado al sostenimiento de la Iglesia Católica, la nueva reconoce expresamente la libertad religiosa y sanciona la discriminación por razones religiosas, así como la derivada de la orientación sexual o la identidad de género. De igual modo, se reconoce el derecho de mujeres y hombres a decidir sobre la oportunidad de tener o no tener hijos y se promueve la convivencia en los centros educativos de personas con diferentes opciones de espiritualidad.

Incorpora el proyecto constitucional artículos que, en beneficio de la paz mundial, deberían ser sin dilación reproducidos en las leyes fundamentales del resto de las naciones. Se trata de la declaración de Bolivia como estado pacifista, la prohibición de las bases militares extranjeras y la renuncia a la agresión armada como método de resolución de conflictos.

A pesar de lo anterior, el proyecto de Constitución está siendo contestado con asombrosa fuerza tanto dentro como fuera del país.

Se emplean métodos de guerrilla urbana para oponerse a un proyecto que aún ha de ser sometido a referéndum, como si se tratara de una ley impuesta por un dictador. Si además se entiende que las revueltas son por un tema de tan poca entidad –en comparación con el reconocimiento de derechos y libertades- como la ciudad en la que se ubica cada órgano del Estado, el desconcierto del observador no informado será absoluto.

De otra parte, los gobernantes de algunos departamentos del país han negado legitimidad tanto al proyecto como al referendo por supuestos defectos de forma en el proceso de elaboración del texto y están incitando a la revuelta popular. Evitan admitir que, si se llega a producir, la decisión popular de aprobar la nueva Constitución, tomada en referendo libre y secreto, subsanaría cualquier supuesto defecto de forma en el proceso previo.

El prefecto de Santa Cruz, el más rico departamento del país, presenta hoy, 15 de diciembre, un estatuto autonómico, mientras que el presidente de su Asamblea Legislativa anuncia el nacimiento de una nueva república.

Ese absurdo empeño de negar legitimidad a un referendo porque el proyecto se elaboró con mayor o menor rapidez, de combatir con revueltas violentas lo que aún no es más que un proyecto que debe ser sometido a consulta popular, y de provocar tensiones localistas y secesionistas en uno de los países más pobres de América Latina no es casual.

Fuertes intereses, tanto internos como externos, están tratando de provocar un conflicto violento de enormes dimensiones que justifique la adopción de medidas excepcionales y el descarrilamiento del proceso transformador que está experimentando Bolivia. Están inventando una guerra civil.

En clave interna, la oposición al proyecto constitucional está impulsada por la oligarquía racista y adinerada que tradicionalmente ha detentado el poder político y económico en el país y que hoy siente amenazados sus privilegios en el nuevo Estado que se configura en esta Constitución.

Desde fuera del país, las multinacionales que ven perjudicados los lucrativos negocios que hacían con la antigua clase dominante, están orquestando una campaña internacional contra el gobierno legítimo de Bolivia y sus representantes. La declaración constitucional de propiedad estatal de los hidrocarburos, la prohibición de privatizar los servicios básicos y la primacía del derecho a la salud sobre el derecho de patentes, apuntan a la línea de flotación de poderosas compañías petrolíferas y farmacéuticas. No son de extrañar las campañas de intoxicación orientadas a confundir a la opinión pública internacional y a minar la simpatía que la revolución pacífica boliviana y el mismísimo Evo Morales puedan despertar en el extranjero.

Frente a las presiones, el Gobierno de Bolivia está actuando con prudencia, evitando el uso de la fuerza y armándose de dosis de paciencia y tolerancia. Sin embargo, el enemigo es poderoso y carece de principios morales.

Seguirán promoviendo la violencia en la búsqueda de una respuesta (o de un simple error) gubernamental de igual naturaleza y resultados fatales que permitan descalificar al Gobierno de Bolivia, a su Presidente y a todo el proceso revolucionario. No les importa conducir al país a la guerra civil. No les importan los muertos que eso pueda causar. No les importa el futuro de los millones de bolivianos que carecen de lo mínimo para vivir. No les importa la salud de quienes podrán hacer uso de medicamentos cuyos precios son ahora prohibitivos. Sólo les importan sus privilegios. Sólo les importan las cotizaciones de Repsol, British Petroleum o Exxon en Wall Street.

Por todo lo anterior, el pueblo de Bolivia y su presidente necesitan hoy más que nunca del apoyo de personas, instituciones y medios de comunicación del mundo entero. Han tomado una bandera que es la de todos: la bandera de la no violencia, la bandera de los derechos humanos, la bandera de la libertad. Sería una inmoralidad y un error táctico dejarles solos ante tamaño enemigo. El partido que se disputa hoy en Bolivia no es ya sólo de los bolivianos sino de todos los seres humanos.